Oposición activa ofensiva: acuden al TC para destituir a la senadora Allende y evalúan AC contra ministra Fernández

Sigue complicándose el escenario para el Gobierno. Este martes, el Partido Republicano anunció dos acciones en contra de la senadora socialista Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, hija y nieta del ex presidente Salvador Allende, luego de que La Tercera revelara que el contrato de compraventa de la casa del exmandatario fue firmado el pasado lunes 30 de diciembre en una notaría del centro de Santiago.

A interpretación de la bancada de diputados, ya se transgredió la causal que establece la cesación del cargo de la ministra y la senadora si éstas suscriben contratos con el Estado. Esto, amparado en los artículos 60 y 93 de la Constitución vigente.

Republicanos ya hizo ingreso de una solicitud para la creación de una Comisión Especial Investigadora que busca esclarecer los hechos que rodean la suscripción de este contrato pero, además, la bancada anunció un requerimiento -que solo necesita 10 firmas- ante el Tribunal Constitucional para el cese en el cargo de ambas autoridades.

El jefe de bancada, Luis Sánchez, sostuvo: “Esto no es una interpretación. Aquí la causal establecida en el artículo 60 y el 93 de la Constitución se ha producido, ambas están cesadas en el cargo. El Tribunal Constitucional tiene que constatarlo, y el efecto más complejo que se está provocando hasta el día de hoy con que esto no ocurra aún es que la senadora Allende está participando en votaciones muy relevantes para el devenir político, económico, social de nuestro país, con un cargo que está prestado, con un voto que ella no tiene derecho a ejercer”.

En Chile Vamos el análisis es similar. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo más temprano en radio Duna que la senadora socialista “contrató con el Estado. Por lo tanto, en rigor, lo que debería pasar ahora es que el Tribunal Constitucional, supongo, debería pronunciarse sobre este tema y decir que ella pierde el escaño“.

Respecto a eventuales acciones, el diputado y secretario de la tienda gremialista, Juan Antonio Coloma, señaló que desde su sector están evaluando todos los caminos porque “lo que ocurre, y perdón la sinceridad, es que los fallos del Tribunal Constitucional en el último tiempo han sido extremadamente políticos y la presidencia del TC ha actuado como una caja de resonancia del Gobierno del Presidente Boric, y eso nos hace dudar de la imparcialidad de esta decisión“.

Lo cierto, es que en la oposición estarían por apoyar la acción ante el TC, así lo admitieron diputados durante esta jornada. En el caso de Fernández, no descartan a priori recurrir a una acusación constitucional.

La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, instó a avanzar en esta acción: “Desde mi convicción más personal tenemos que acusar a Maya Fernández, lo que ella hizo es mucho más grave que lo que hizo la ministra de Bienes Nacionales. Por lo tanto, espero que podamos seguir adelante con una acusación constitucional”.

En el Partido Socialista, el jefe de bancada de los diputados, Daniel Melo, acusó que estas acciones responden a una “animosidad histórica” por parte de la derecha en contra de la familia Allende.

“Lo que está haciendo hoy día el Partido Republicano, los seguidores de José Antonio Kast en particular, así como también la visión que ha establecido el presidente de la UDI Guillermo Ramírez, es la animosidad histórica en contra de la familia del presidente Salvador Allende, hay una búsqueda de revancha histórica respecto a su legado”, aseguró.

En ese sentido, indicó que “si uno revisa las actuaciones de la senadora Isabel Allende a lo largo de toda su trayectoria política hablamos de una persona intachable que tiene, sin duda, una trayectoria política en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia social, por lo tanto, esto es una artimaña política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento”.

Paulina Astroza: “Con la firma ya se está celebrando un contrato con el Estado” 

A juicio de la abogada y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, “efectivamente hay una norma clarísima (…) el contrato está ahí, la firma está ahí”.

“El artículo 60 de nuestra Constitución es súper claro, dice, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio, que es el caso, celebrare o caucionaré contratos con el Estado. Celebrar un contrato con el Estado está como causal de cesación del cargo de senador o senadora en nuestra Constitución, es así de claro, y eso lo hizo la senadora”, afirmó.

En el caso de los secretarios de Estado, Astroza explicó que “no existe esta misma disposición, pero creo que hay una responsabilidad política súper clara en relación a la ministra de Defensa, Maya Fernández“.

“Creo que no debió y esto es un deber ser, es decir, estoy hablando desde la óptica no solamente legal, estoy hablando de la ética política de no celebrar un contrato con el Estado siendo ministra respecto de un bien al cual le pertenece”, expuso.

Consultada por la resolución que debiese adoptar el Tribunal Constitucional, la abogada señaló que hay interpretaciones en derecho civil respecto a que “no se habría perfeccionado el contrato porque no se habría hecho finalmente la inscripción en el registro de propiedades, en el conservador y, por lo tanto, no habría tradición del inmueble“.

Sin embargo, Astroza explicó que un contrato cuenta con dos partes: un título y un modo. “Ya con el título, es decir, la firma del contrato ya se está celebrando un contrato con el Estado y lo que dice la norma es ‘celebrar un contrato’, ni siquiera dice contratar, menos aún perfeccionar. Dice, ‘quien celebraré en su ejercicio’ y yo creo que el hecho de ya haber una firma, haber habido negociaciones y creo que incluso pasó por la Contraloría, claramente hay una celebración de un contrato“.