Vecinos denuncian intento de privatización para construir un mega mall en playa Las Sombrillas en Barranco
La disputa por la playa Las Sombrillas crece tras nuevas alertas sobre una posible toma del espacio por parte de la empresa Capital Properties S.A.C. Un comunicado firmado por cuatro regidores del Concejo Municipal de Barranco confirmó que existe un mandato judicial firme que ordena ejecutar el laudo arbitral del 2014, el cual dispone el lanzamiento y la entrega de 10.000 m² colindantes a la playa a favor de la compañía privada.
Según el comunicado de los regidores, la comuna ya no podría detener la habilitación del terreno y el inicio de la construcción, porque ya cuenta con un Auto Final que dispone su cumplimiento inmediato. Durante una visita realizada por La República esta semana, la playa seguía siendo utilizada por bañistas y deportistas. En la zona aun no hay cercos, anuncios de obra ni señales de intervención, pero vecinos y comerciantes ya han organizado un plantón para este sábado, pues aseguran que “no van a permitir” que se les quite el espacio.
Un proyecto antiguo en Barranco
La concesión original habría sido aprobada durante la gestión del exalcalde Martín del Pomar (actual militante del partido Libertad Popular de Rafael Belaunde) en el año 2005. La concesión original no se ejecutó de inmediato, ya que la empresa permaneció inactiva por varios años.
El acuerdo permitiría a Capital Properties desarrollar un centro comercial que incluye: dos niveles, restaurantes de lujo, un casino, plataformas de servicios frente al mar y al menos 125 estacionamientos privados. La empresa asegura que el proyecto no toca la playa, a pesar de que, claramente, está al costado. Además, las lozas deportivas y el estacionamiento colindantes sí se verían afectados. Como pudo constatar La República, se perderían áreas verdes y humedales próximos al mar.
La alcaldesa de Barranco, Jéssica Vargas, manifestó su rechazo al proyecto. Según declaró, la playa es “una de las más importantes de Lima … Uno de los pocos ecosistemas que aún conserva carrizales y humedales en la Costa Verde”. De acuerdo con la funcionaria, Capital Properties quiere que los 30 años de concesión empiecen a contar desde la entrega real del terreno, no desde 2005, y además que tenga un “periodo de gracia” de 5 años sin pagos.
La Municipalidad de Barranco aseguró a este medio que la alcaldesa Vargas no ha firmado ningún documento que de continuidad al proyecto. Portavoces municipales también señalan que el terreno ya está bajo la administración de la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN), no de la comuna.Vargas también denunció que la concesión se habría brindado bajo parámetros inconstitucionales que no toman en cuenta la declaración de las playas como un bien de uso público, según lo estipulado en el Artículo 73 de la Carta Magna y la Ley de Playas (LEY Nº 26856) de la SBN.
Ante el inminente comienzo de las obras, la comuna barranquina realizó un recurso de apelación el 24 de octubre, que solicitaba la no ejecución del laudo que daría luz verde a la empresa para tomar posesión del terreno. Sin embargo, en el documento de los regidores Jaime Chihuán, Katia Tataje, Fiorella Muñoz y Cristina Vásquez, se precisa que la resolución N 31 del 3 de octubre (que desestima el pedido) expresa que ''ya no corresponde discutir la validez del contrato de concesión del 2005 ni cuestionar el laudo arbitral del 2014''. Por ello, la Municipalidad solo tendría que acatar la orden. Según ellos, el pasado 14 de noviembre se reunieron con Vargas y ella admitió que ''el juicio estaba perdido''. La República consultó con el municipio sobre dichas afirmaciones, pero no ha recibido respuesta al cierre de este informe.
Los regidores también señalaron que la controversia debió ser atendida por la actual gestión municipal con apoyo de sus asesores legales antes de que la situación llegara a este punto, y lamentaron que el problema sea ''expuesto ante la prensa''. Además, recordaron que el Decreto Legislativo 1071 prohíbe admitir recursos destinados a impedir la ejecución de un laudo arbitral, por lo que ni el Concejo ni los regidores pueden revertir el mandato emitido por el Poder Judicial.
Este medio se contactó con Irma Chamochumbi, gerenta general de Capital Properties, quien indicó que la concesión es legal y ''cuenta con todos los permisos'' y ''su desarrollo habría sido aprobado por todas las entidades'', aunque no precisó cuáles. Asimismo, señaló que el contrato está vigente. ''El plazo correrá desde que la municipalidad como concedente cumpla con las obligaciones contenidas en el contrato que hasta la fecha no ha hecho'', manifestó.
Según Irma Chamochumbi, el proyecto sí contaría con estudios ambientales. ''No toca la playa para nada, no afecta la vista, es para todos los limeños barranquinos, ofrece mejores servicios, seguridad, beneficios económicos y su diseño está de acuerdo a los parámetros'', dijo. Además, la gerenta cuestionó las motivaciones tras la defensa de la playa por parte de la alcaldesa Jessica Vargas. ''Está siendo sometida a investigaciones y a un proceso de vacancia'', afirmó.
La alcaldesa enfrenta un pedido de vacancia porque, según un abogado y ciudadano barranquino llamado Stanly Rodríguez, cedió irregularmente parte del Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco a la academia privada de vóley “LaLey” (de Leyla Chihuán) sin la aprobación formal del Concejo municipal. Ciertamente, la Contraloría encontró irregularidades en la gestión de Vargas, como el uso de un documento presuntamente falso para justificar un viaje a Punta Cana con viáticos, rendición irregular y problemas en contratos municipales para grúas y depósitos vehiculares. Se alega que estas acciones podrían constituir delitos de peculado y colusión. La vacancia ha sido convocada en una sesión de Concejo para el próximo 10 de diciembre.
¿De quién es la empresa Capital Properties SAC?
La empresa le pertenecería al empresario peruano-israelí Gil Shavit, conocido por su implicación en el Caso Odebrecht. Shavit fue detenido en su momento, pero recuperó su libertad tras someterse a la colaboración eficaz. Él reconoció que actuó como intermediario en el pago de sobornos de Odebrecht al entonces gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por el proyecto Costa Verde–Callao. Gil Shavit y su esposa Dafna Ivcher son dueños de Monumental Callao, una docena de edificios antiguos que fueron remodelados para atracción turística, además de una decena de otras empresas.
Impacto ambiental del megamall en Barranco
En este contexto, el ingeniero ambiental Carlos Alva, consultor con experiencia en gestión pública y estudios de impacto, aporta una mirada técnica. En diálogo con La República, explicó que, durante la etapa de construcción, el movimiento de tierra podría generar emisiones de partículas, lo cual afectaría la calidad del aire y la salud de las personas que viven cerca. Además, advierte que se perturbaría el paso de aves migratorias que sobrevuelan la playa y también podría haber interferencia con la fauna acuática, en particular aves guaneras que se alimentan en zonas costeras. También advierte que el proyecto podría interferir con el uso actual de la playa para pesca local, lo que afectaría cadenas tróficas y hábitats sensibles.
A esto se suma el riesgo de crear un “cuello de botella vehicular”, ya que, con un complejo de esa magnitud, Alva estima que el tránsito en la Costa Verde se volvería más caótico, sobre todo en temporada alta: ''Otro punto muy importante son las condiciones que se encuentra ahorita el circuito playas, se estaría generando un tráfico adicional en la zona''.
Respecto a la ubicación de la construcción, dijo: ''Quieren hacer seguramente tipo Larcomar. Pero en el espacio del mar... tan cercano al litoral, no es viable. Son zonas intangibles ante la construcción de una infraestructura así. No debería realizarse ese tipo de proyectos en las playas''. Según el ingeniero, la construcción generaría vibraciones que provocarían deslizamientos de rocas y desprendimientos en las faldas del malecón. ''Ocasionaría problemas en la carretera del circuito de playas'', advierte.
No obstante, también sostiene que un proyecto bien diseñado podría tener efectos positivos si se desarrolla un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) serio, con medidas de mitigación que aborden la protección de especies y la gestión del tráfico. Pero enfatiza que jamás debe perderse de vista que ese espacio costero cumple una función social valiosa y que cualquier intervención debe ser planificada con responsabilidad. ''El gobierno local, a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene que preservar las playas, los balnearios y no quitarles el baño a los vecinos, porque eso va a generar conflictos también'', explicó.
El tema legal se complica porque la concesión fue aprobada cuando no existía el Ministerio del Ambiente, y el plan de manejo de la Costa Verde todavía aceptaba edificaciones en la zona. Actualmente, la ley establece que no se puede construir en los primeros 50 metros paralelos a la línea de marea, y se pueden construir cosas muy específicas en los siguientes 200 (zona de dominio restringido). Sin embargo, ninguna norma es retroactiva. Y es conocido que otras empresas no han cumplido las leyes, ya que reconocidos restaurantes fueron construidos dentro de los 50 metros y han seguido operando.
Comerciantes y vecinos realizan convocatoria a plantón
Colectivos vecinales han convocado a un plantón ciudadano para el sábado 22 de noviembre en el estacionamiento de la playa Las Sombrillas. Señalan que se trata de una protesta pacífica cuyo objetivo es visibilizar la defensa del espacio público y exigir que se mantenga el acceso libre para los residentes y visitantes del distrito. Piden a los asistentes llevar carteles, agua y protección solar para una jornada que busca demostrar rechazo al proyecto.
“Esta playa pertenece a todos los limeños y peruanos. Vienen personas de distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo”, declaró a los medios la autoridad edil. Por su parte, los vecinos sostienen que este tipo de obras alteraría el paisaje natural y reduciría significativamente los espacios de libre tránsito y recreación en una playa que, hasta ahora, ha sido pública.
La zona está llena de pequeños negocios, los cuales también podrían verse afectados si avanza la construcción del centro comercial. Según narró uno de los vendedores, más de 1.000 personas trabajan directamente en el área, lo que impactaría en la economía de unas 5.000 personas en total. Los trabajadores advirtieron que la ejecución del proyecto pondría en riesgo sus ingresos y puestos de trabajo, por lo que adelantaron que mantendrán las movilizaciones y plantones para defender la playa como espacio público.
Por ahora, queda esperar a la resolución de las autoridades, quienes deberán decidir si un contrato antiguo es suficiente para revocar el acceso a la playa de miles de usuarios.
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