Radiografía del crimen en el Perú: cifras de extorsión, asesinatos y robos a poco de cerrar el 2025

A pocas semanas de cerrar el 2025, los datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter) confirman que la criminalidad sigue siendo uno de los desafíos más complejos para el Gobierno. Previo a la Navidad, en conferencia de prensa, el presidente José Jerí admitió que no ganará la lucha contra la delincuencia y que trataría de dejar la “cancha” para que lo tenga resuelto la próxima gestión; sin embargo, las cifras no juegan a su favor.

“El Perú ha ido cada año subiendo sus índices delictivos en diferentes modalidades. Las que más afectan por el impacto que tienen son la extorsión, el sicariato y el secuestro planificado. Es algo que nunca había pasado en el país”, reveló César Ortiz, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana contra la Criminalidad del Perú (APROSEC).

Más de 25.000 peruanos amenazados por extorsionadores

Hasta el 27 de diciembre, el Ministerio del Interior registra 25.196 casos por extorsión, un 20% más sobre los 20.324 reportados en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, según los datos del Ministerio Público, la cifra es mayor: 27.029 casos registrados, y el punto más afectado es Lima Metropolitana, donde este año al menos 10.562 personas denunciaron ser víctimas de este delito, muchos de ellos vinculados al transporte público, donde al menos 69 conductores y cinco cobradores fueron asesinados cuando trabajaban en su ruta habitual.

La desbordante situación impulsó cinco paros en Lima y Callao como medida de protesta para exigir efectividad frente a las constantes amenazas y ataques. Según reveló Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT) a mediados de este año, al menos el 80% de las empresas de este rubro pagan cupos de alrededor de S/30.000 mensuales a organizaciones delictivas.

Sin embargo, no son el único rubro afectado por este mal. Por lo menos 65 orquestas pagan el 30% de sus ganancias a bandas criminales. Así lo indicó Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú. Los bodegueros también sufrieron las consecuencias del abandono del Estado frente a la violencia delincuencial. Más de 1.300 bodegas cerraron este 2025 por amenazas y extorsiones, de acuerdo con Andrés Choy, presidente Asociación de Bodegueros del Perú.

Este 2025, la criminalidad alcanzó incluso al Sistema Judicial. Hoy, 68 fiscales requieren de resguardo policial frente a las amenazas y atentados por parte de bandas que intentan evitar que cumplan su labor de investigar los hechos delictivos. Al respecto, Ortiz señaló que, aunque se ha visto antes casos similares, las cifras nunca fueron tan elevadas como las actuales.

“Los fiscales y jueces tienen tres problemas. El primero es que están amenazados, el segundo es que son corruptos y el tercero es que son miedosos, no hacen su labor como deberían. Entonces, la población tiene que preguntarse qué fiscal tiene al frente: el temeroso, el delincuente o el que no sabe lo que está haciendo”, expresó.

Seis homicidios por día

A nivel general, este 2025 se reportaron 2.451 homicidios a nivel nacional, un 5% mayor respecto a los 2.332 casos en 2024 y más del 10% frente a los 2.100 reportados en 2023. En otras palabras, casi 7 asesinatos por día. A pesar de los constantes estados de emergencia, decretados por Dina Boluarte y José Jerí, y de los más de 1 millón 41.736 operativos realizados por la Policía Nacional (PNP), el incremento de la violencia y el crimen organizado es una realidad que alcanza más a emprendedores y trabajadores que a las autoridades encargadas de resolver el problema.  

Según Eduardo Rocha, exdirector de la PNP, el personal asignado de la PNP, Fuerzas Armadas y Serenazgo se debería reunir desde cada comisaría para distribuir el patrullaje en la ciudad y, sobre todo, en los puntos críticos.

“En ningún distrito de Lima ni del Callao se está cumpliendo. Es inconcebible que sigan con lo mismo. En un lugar determinado se hace el control de identidad, ahí a los costados está parte de personal de las Fuerzas Armadas y juntos acabaron esas dos horas y diluyó todo. Ese es el gran fracaso del estado de emergencia”, refirió.

Por otro lado, las cifras de robos y hurtos no ascendieron, pero siguen cobrando víctimas. De 347.911 denuncias en 2023, el número se redujo a 218.808 este año. Según la PNP, este periodo desarticuló 12.712 bandas criminales y 217 organizaciones criminales, con la captura de 14.487 extranjeros y 253.488 peruanos.

Sin embargo, para el exdirector de la PNP, los delitos contra el patrimonio no han disminuido por intervención de delitos contra robos y hurto, sino que la mayor cantidad de delincuentes se han inclinado hacia la violencia delincuencial, como extorsiones, sicariato, trata de personas, tráfico ilícito de drogas y minería ilegal.

Falta de capacidad policial

Rocha indicó que la propia Dina Boluarte afirmó en el mensaje a la nación que faltaban 70.000 policías para tener presencia preventiva en las calles y que el último Censo Nacional de Comisarías, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se realizó en 2018. Desde entonces no hay datos oficiales sobre las dependencias policiales.

“En una comisaría, debería haber como mínimo 120 policías y como máximo 240. Nuestra realidad es que nos están faltando policías. En las comisarías tenemos con las justas 60 y máximo 80 policías, quiere decir que nos está faltando una cantidad tremenda para completar los efectivos”, detalló.

Por su parte, Ortiz señaló que se debería imitar la reforma estructural que llevó a cabo el general Rosso Serrano en Colombia a inicios del siglo.

“Fui invitado por la Policía Nacional de Colombia a un simposio de seguridad ciudadana y me explicó que para que una reforma que funcione se tiene que limpiar primero lo malo y repotenciar lo bueno. Si no limpian primero la corrupción policial, vamos a repotenciar delincuentes policiales. ¿Tendrán acá el coraje de hacerlo? En mi experiencia no lo creo”, agregó.

A pesar de la grave imagen de la realidad peruana, el director de APROSEC consideró que el país aún no ha tocado fondo y que la situación podría agravarse en 2026, durante el proceso electoral.

“Se va a desbordar, posiblemente sí, porque hay que sumarle a esta desgracia la parte política. Quisiera saber qué pasa si matan a uno de los candidatos. Pasó en Ecuador, Colombia. No sería nada extraño que pase en Perú. ¿Qué está haciendo Jerí frente a esta problemática de un posible homicidio a un candidato presidencial o al congreso?”, sentenció.

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