La primacía republicana del orden jurídico
En una sociedad que aspira a ser democracia, el orden jurídico opera como el límite estructural del poder. Su razón de ser consiste en asegurar que toda autoridad actúe dentro de reglas, principios y controles que preservan la continuidad del Estado, más allá de las naturales diferencias. En ese sentido, la primacía del derecho sostiene la vida republicana y le da sentido más allá de los gobiernos de turno.
El Perú atraviesa hoy un proceso de cooptación autoritaria del Estado. Un pacto parlamentario, articulado en función de intereses de autopreservación, ha convertido al Congreso en el eje de una estrategia sistemática de captura institucional. Su propósito consiste en retener el poder a cualquier costo y proyectarlo más allá de las elecciones de 2026.
En este escenario, el derecho adquiere un carácter decisivo. La Constitución fija límites, ordena el ejercicio del poder y protege a los ciudadanos frente al abuso. Al mismo tiempo, los tratados internacionales que el propio texto constitucional incorpora como parámetro interpretativo forman parte del bloque de constitucionalidad y de la lógica de la convencionalidad. Esta decisión expresa una voluntad civilizatoria que consiste en inscribir el poder estatal en un horizonte normativo que prioriza la dignidad humana, el control del poder y la vigencia de derechos fundamentales.
Toda carta magna que aspira a organizar una sociedad política moderna asume ese compromiso como parte de su naturaleza.
La gravedad del momento político se expresa en que más del 80% de los actuales congresistas buscan la reelección. Esta cifra revela una estrategia colectiva orientada a la permanencia. Para sostenerla, el pacto parlamentario impulsa reglas electorales funcionales a sus intereses, promueve el debilitamiento de autoridades autónomas y presiona a un sistema de justicia que debería actuar de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales.
Por ello cobra relevancia lo aseverado por el magistrado César San Martin. La primacía republicana del orden jurídico afirma que ninguna mayoría se sitúa por encima de la Constitución. Allí reside el núcleo del constitucionalismo democrático.
Defender hoy la primacía republicana del orden jurídico constituye un acto de afirmación democrática. La ciudadanía se sostiene sobre la ley. La república se consolida con justicia independiente. La democracia adquiere densidad cuando el poder reconoce límites. Las sociedades se civilizan cuando el derecho gobierna al poder y no al revés. Ello debe marcar la vigilancia ciudadana hasta los comicios del 2026.