Trump arranca ‘castigo’ a México
Desde el primero de enero de 2026, las remesas enviadas desde Estados Unidos mediante efectivo, money orders y cheques de caja estarán sujetas a un impuesto del 1 por ciento sobre el monto total, medida derivada de la Ley Fiscal impulsada por el presidente Donald Trump.
El impacto de esta medida recae particularmente en los mexicanos que viven en la Unión Americana y envían dinero a sus familias en México, aunque gran parte de ellos podrían evitar el impuesto. Según datos, el 84 por ciento de los migrantes mexicanos en EU tienen acceso a cuentas bancarias, lo que les permitiría sortear este nuevo gravamen.
El Comité Conjunto de Tributación (JCT) del Congreso de Estados Unidos estima que este impuesto podría generar ingresos fiscales de 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034. De este total, se calcula que 3 mil millones de dólares provendrían de las remesas enviadas por mexicanos, dado que tres de cada 10 dólares de remesas enviadas desde EU tienen como destino México.
Aunque la medida busca recaudar recursos para las arcas estadounidenses, en México las remesas representan un pilar económico. Se estima que las remesas hacia el país cerrarán 2025 en 61 mil 700 millones de dólares, lo que implicaría una caída anual del 4.7 por ciento, continuando la racha negativa registrada en los últimos meses. En noviembre, las remesas a México retrocedieron 5.7 por ciento, marcando el octavo mes consecutivo de disminución. Esta tendencia podría estar relacionada con un posible adelantamiento de envíos en efectivo previo a la entrada en vigor del impuesto.
Para el gobierno mexicano, este nuevo impuesto no parece representar un riesgo inmediato para la balanza de pagos, dada la alta bancarización de los migrantes mexicanos. Sin embargo, 3 mil millones de dólares que se pagarían en impuestos en un periodo de ocho años representan una presión directa sobre los ingresos de miles de familias que dependen del flujo de remesas para cubrir necesidades básicas.
Este impuesto es reflejo del endurecimiento de políticas fiscales y económicas por parte de EU, con un impacto directo en la economía de los países que dependen de las remesas. En el caso de México, representa un nuevo reto en un momento donde el flujo de remesas ya enfrenta una tendencia a la baja, afectando a millones de familias que dependen de estos ingresos para sostenerse.
Pulso logístico en el Pacífico
La terminal Hutchison Ports LCT concluyó el 2025 con un volumen de 1.5 millones de TEUs (unidades equivalentes a 20 pies) en el puerto de Lázaro Cárdenas, cifra que ratifica su consistencia operativa dentro del sistema logístico nacional. Este resultado se integra al desempeño general de todo el recinto administrado por la ASIPONA Michoacán, el cual proyecta cerrar el año que pasó con un total de 2.6 millones de TEUs, lo que representa un crecimiento anual del 10 por ciento.
El dinamismo de la terminal, que concentra la mayor parte del flujo de contenedores en el puerto, se sustenta en inversiones estratégicas como la expansión de su Fase III y el aumento en la capacidad de muelle. Estos avances operativos quedaron de manifiesto con el arribo del buque CMA CGM Cedrus. Al respecto, Alfredo Huesca Sánchez, gerente general en Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores, destacó que la relevancia del proyecto radica en la confiabilidad sostenida de sus servicios.
Finalmente, el crecimiento de la infraestructura se desarrolla bajo un marco estratégico de sostenibilidad. La compañía ha alineado sus operaciones con la agenda Net Zero, buscando que el incremento en el manejo de carga se realice bajo estándares de responsabilidad ambiental para garantizar un desarrollo equilibrado en el largo plazo.
Nuevo consejo en Profeco
El Diario Oficial de la Federación (DOF) formalizó el 2 de enero la creación del Consejo Editorial de la Revista del Consumidor, órgano honorífico que supervisará la política editorial y calidad de la publicación. Presidido por la Secretaría de Economía y con la Profeco en la Secretaría Técnica, el grupo sesionará tres veces al año. Sus integrantes, especialistas de trayectoria reconocida, durarán tres años en el cargo con el fin de promover un consumo informado, saludable y con equidad de género.