Crisis en Argentina: advierten que el ajuste de Milei desfinancia la lucha contra los incendios en Chubut
La gestión económica del presidente Javier Milei ha profundizado el desmantelamiento de áreas estatales sensibles, cuyas consecuencias han quedado dramáticamente expuestas en medio de la crisis ambiental provocada por el fuego desatado en la provincia de Chubut. Uno de los ejes más cuestionados es el drástico achicamiento presupuestario aplicado al organismo responsable de prevenir y combatir los incendios forestales.
El desfinanciamiento del área clave ha sido revelado por la politóloga Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Strada detalló que, tras un recorte del 81% en la ejecución real durante 2024, la asignación para el servicio contra incendios se mantendría un 70% por debajo de los niveles de 2023 hasta 2026. Este estrangulamiento financiero se agrava con una sistemática subejecución de las partidas aprobadas, que apenas superó el 48% este año.
Fuego incontrolable en la Patagonia
Estas cifras adquieren una dimensión alarmante ante la emergencia que vive gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para dieciséis provincias, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, donde las condiciones son críticas para la propagación de incendios forestales recurrentes.
En la Patagonia, particularmente en Chubut, las llamas han obligado a cortes intermitentes de la Ruta 40 y forzado evacuaciones preventivas, como ocurrió en la zona de La Angostura. Aunque la circulación fue restablecida, las autoridades advierten sobre la extrema precaución debido a la densa capa de humo y la presencia constante de brigadistas y equipos de emergencia.
Más de doscientos brigadistas, con apoyo aéreo y de diversas fuerzas, trabajan sin tregua en la cordillera chubutense bajo la coordinación del Comando Unificado. Sin embargo, la magnitud de los focos activos pone en evidencia la desproporción entre los esfuerzos operativos y el estrangulamiento financiero de base que sufre el sistema.
Esta crisis expone el costo humano y ambiental del plan de ajuste, que prioriza la contracción del Estado incluso en sectores donde la presencia pública es insustituible para proteger vidas y ecosistemas. La falta de recursos anticipa un escenario de vulnerabilidad creciente frente a desastres que son agravados por las decisiones políticas de desinversión.