Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad
El congresista Fernando Rospigliosi intensificó la presión sobre el Poder Judicial para que aplique la Ley 32107, que abre la puerta a que delitos de lesa humanidad prescriban, pese a cuestionamientos por parte del Ministerio Público, Colegio de Abogados y organizaciones de derechos humanos por el impacto que tendría esa norma en casos emblemáticos de violaciones graves.
Mediante un oficio dirigido al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios, Rospigliosi instó a que se actúe de oficio frente a jueces que no apliquen la norma y que ello incluso pueda configurar responsabilidades funcionales. "El Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones ha emitido un pronunciamiento expreso mediante el cual ha declarado la constitucionalidad de la Ley 32107, exhortando que dicha norma debe ser aplicada por todos los órganos jurisdiccionales", se lee en su oficio.
Además, Rospigliosi señala que existen órganos jurisdiccionales que emiten resoluciones que desconocen, contradicen o inaplican la ley pese al pronunciamiento del TC. Sin embargo, el Perú se encuentra suscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que obliga a los jueces a interpretar y aplicar la normativa interna conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos
"No obstante ello, se ha tomado conocimiento de que algunos órganos jurisdiccionales podrían venir emitiendo, o eventualmente emitir, pronunciamientos o resoluciones que desconozcan, contradigan o inapliquen la referida ley, pese a la existencia de un pronunciamiento claro, expreso y vinculante del máximo intérprete de la Constitución, sin que medie una motivación constitucional reforzada que justifique válidamente el ejercicio del control difuso, lo cual podría comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el principio de seguridad jurídica", agregó.
Cabe recordar que en el mes de marzo del año pasado, un juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó aplicar esta ley en el caso del líder del MRTA Víctor Polay Campos y otros imputados.
El magistrado argumentó que la norma contraviene la imprescriptibilidad de crímenes graves y puede implicar impunidad. La defensa de Polay había invocado la ley para prescribir los delitos de lesa humanidad, pero finalmente el juez determinó que la normativa del Tribunal Constitucional permite ejercer control difuso sobre su inaplicabilidad en casos concretos.
La Ley 32107, que fue aprobada en agosto de 2024 por el Congreso, precisa que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo son aplicables a hechos cometidos a partir del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma en el país, y para hechos anteriores remite a los plazos de prescripción vigentes en el Código Penal de 1991, lo que genera cuestionamientos sobre su compatibilidad con el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad reconocido en tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte.