Universidades públicas enfrentan panorama financiero complejo en 2026: hacen más con menos

Las universidades públicas arrancaron el 2026 con un panorama financiero oscuro, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquetó para la educación superior un incremento de apenas dos por ciento respecto al del 2025, lo cual no corregirá el problema de déficit de recursos que arrastra la educación media superior.El presupuesto aprobado suma 218 millones 160.2 pesos, pero los legisladores que lo aprobaron no consideraron el deflactor del Producto Interno Bruto (PIB), y actualmente el déficit de las universidades se calcula en 50 millones 400 mil pesos.Presupuesto para las universidades en 2026Esto representa que para 2026, las principales instituciones de educación superior del país recibieron entre el 1.8% y el 3.0% de incremento, insuficiente si se compara con la inflación por el Índice de Precios al Consumidor que Hacienda ha calculado en 3.5% y respecto al deflactor del PIB calculado en 4.8% para 2026.La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alertó que, con dicha asignación de recursos, el déficit presupuestal de las casas de estudios se ampliará el próximo año.El titular de la ANUIES, Luis González Placencia, expuso que tan solo para las universidades públicas estatales, el incremento aprobado para 2026 respecto a 2025 es sólo de 1.8 por ciento.“Estamos iniciando el 2026 con un presupuesto que es 3% menor de lo que debería de haber sido. Hay un impacto importante, por ejemplo, en la capacidad que podríamos tener para incrementar la matrícula. “Esta se ha incrementado en los últimos años, pero el porcentaje de aumento no ha sido el que podríamos tener si hubiese dinero para aulas, profesores, equipo; mantenimiento de las instalaciones universitarias, los equipos que se van haciendo obsoletos, todo eso lo integramos en nuestra propuesta para que las y los diputados vieran, pero no fue así. No se trata de ir a pedir más y más dinero, sino que ese recurso está pensado para cubrir una serie de problemas que se han venido agudizando”, explicó.Esta situación, alertó, puede conducir a un fenómeno que comparó con la “reprivatización”, en el sentido de que, al dejar de apoyar a la educación pública, las instituciones de educación privada ganen espacios; además que el costo de este derecho se traslade aún más a los estudiantes y sus familias.“Al dejar de apoyar la educación pública existe el riesgo de que las instituciones privadas, pues obviamente ganen espacio. Me refiero a que en lugar de que sea dinero público, el que pague la educación superior en las universidades públicas, será el dinero de las y los jóvenes. Es una forma, digamos, sutil de privatización, de reprivatización, porque implica el traslado de los costos a las familias, como si estuvieran en una universidad privada. “Mientras tengan que seguir pagando matrícula, seguir pagando laboratorios, computadoras, en fin, costos que en un esquema público tendrían que estar a cargo del Estado, pues lo están pagando los estudiantes”, señaló.¿Cómo se distribuyen los montos?El presupuesto federal que reciben las instituciones de educación superior se ubica en distintos ramos:Ramo 8: Secretaría de Agricultura (UA Chapingo, Colegio de Posgraduados)Ramo 7: Defensa Nacional (Universidad del Ejército y Fuerza Aérea)Ramo 38: SECIHTI (Centros de investigación)Ramos 33 y 25: Escuelas normales y para la formación de docentesRamo 11 SEP: Universidades Federales (UNAM, IPN, UPN, UAM, etc.), Universidades Estatales, el Tecnológico Nacional de México, entre otrasLos diputados aprobaron un incremento para el Ramo 11 SEP por un total de 10 millones 842.6 mil pesos; no obstante, no toda la bolsa fue para educación superior.¿Cuál es el presupuesto de la UNAM y del IPN para 2026?Dentro de los ajustes realizados por los legisladores, se corrigió la diferencia que presentaba el Instituto Politécnico Nacional (IPN) respecto al resto de las universidades federales: 329 millones de pesos; además, se corrigió la reducción que presentaba la Universidad de Guadalajara (UDG): 4,371 mdp.De esta manera, el presupuesto asignado al IPN incrementó en apenas 2.9 por ciento para quedar en 22 mil 977.7 mdp.Mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le fueron etiquetados 53 mil 748.5 mdp.​Asimismo, se asignaron 5 mil millones de pesos para distintas actividades de las instituciones educativas, pero aún no está claro a qué nivel se distribuirá ese recurso: educación superior, educación media superior, o bien educación básica.Lo mismo ocurrió en la asignación de 14.5 millones de pesos para el programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), pero la autoridad no ha aclarado a qué nivel, básica, media superior o superior, se aplicará el recurso.Se asignaron 300 millones de pesos a la subsecretaría de educación media superior; y 828.1 millones de pesos para el programa expansión de la educación inicial, es decir, para educación básica.Además, se aprobó un incremento para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por 2 millones 500 mil pesos, aunque hasta el cierre de esta edición no estaba claro si se repartirán entre los centros de investigación, serán para becas o para el Sistema Nacional de Investigadores.Universidades con necesidad no son las más beneficiadasGonzález Placencia advirtió que existe una desarticulación entre el cómo debería de crecer el presupuesto de las Universidades y el cómo realmente se determina, lo que ha provocado el desequilibrio de las finanzas de las universidades que se traduce en un déficit de alrededor de 50,400 millones de pesos entre 2019 a 2025. Esto obliga a las instituciones, en muchos casos, a trasladar este déficit a las familias de los estudiantes.Ejemplo de ello, de 2018 a 2025 la matrícula pública de educación superior ha crecido 16.3 por ciento, mientras que el subsidio destinado a las mismas instituciones ha disminuido en -2.0 por ciento en el mismo periodo.Lo que las autoridades y legisladores no ven, reclamó González Placencia, es que el crecimiento de la matrícula exige la ampliación de infraestructura, contratación de docentes, actualización del acervo bibliográfico y el mantenimiento de laboratorios, entre otras cuestiones.Aunado, dijo, a los problemas estructurales heredados por algunas instituciones relacionados con los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuyos porcentajes representan entre el 40 y 50 por ciento de la nómina.En este contexto, para 2026, el subsidio para atender los problemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales no tuvo el incremento que se buscaba de al menos mil millones de pesos, pues sólo se aprobaron 10.6 millones que serán utilizados para realizar los estudios actuariales de las Universidades.“Hay que hacer un análisis y seguramente nosotros haremos algo al respecto para ver cuáles son las consecuencias más allá del déficit que tendremos, porque no se va a poder en pensiones, en la renovación de equipos. Vamos a tener todos esos problemas, pero más allá de todo eso, hay que ver el impacto social que eventualmente puede tener en lo que yo le llamo la reprivatización del sector educativo”, recalcó.¿Qué pasa con los rectores? En diciembre, antes de concluir 2025, las rectoras, rectores y directivos integrantes de la ANUIES sostuvieron una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que acordaron sostener mesas de diálogo para buscar soluciones a la problemática presupuestal de las instituciones públicas de educación superior en el país.Una de estas mesas habría de instalarse antes de que finalice el año, considerando que es en esta época cuando aumentan los desafíos financieros para las universidades como es el pago de pensiones y aguinaldos. Pero hasta el cierre de esta edición no se había concretado.Los rectores recordaron que en la promulgación de la Ley General de Educación Superior se establecieron los criterios para el financiamiento público de las universidades, entre los que destacan que el presupuesto que reciben las instituciones públicas nunca será menor al aprobado en el ejercicio anterior; y que los recursos que otorga el Estado deberán ser crecientes en términos reales, es decir, al menos deben incluir la inflación.Asimismo, para determinar el incremento del presupuesto, debe considerarse los recursos humanos, la Infraestructura educativa y los materiales utilizados en la impartición del servicio y el establecimiento del “Fondo Federal Especial” para la obligatoriedad y la gratuidad, así como la plurianualidad del crecimiento y mantenimiento de la infraestructura.Sin embargo, advirtieron, estos criterios no han sido considerados en la determinación del Presupuesto de Egresos para las instituciones y que la manera en cómo se determina el subsidio que reciben las universidades públicas sigue siendo inercial. Es decir, se aplica un porcentaje de incremento, el cual en el sexenio pasado correspondió al deflactor del PIB, y hoy en día a un porcentaje menor a este indicador. La ANUIES expuso que las Universidades Públicas Estatales tienen que afrontar cada año el pago de la política salarial, que se refiere al incremento al salario y a las prestaciones que se acuerda cada año con los distintos sindicatos de las Universidades, mismo que regularmente es convenido entre febrero y abril de cada año, pero cuyo pago a los trabajadores se realiza de manera retroactiva en enero.Estos recursos no se incluyen en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, por lo que siempre son un riesgo latente para las universidades al no formar parte del subsidio ordinario.Actualmente, alertaron, el adeudo de los estados por política salarial a las universidades es cercano a los 600 millones de pesos y en algunas entidades han dicho que no entregarán los recursos correspondientes mientras la federación no haga lo propio.RM