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El Consejo Consultivo del Congreso propone suspender temporalmente las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo por infracciones graves

La Mesa del Congreso decidirá próximamente si retira la acreditación a los agitadores de extrema derecha, que han recibido denuncias en las últimas semanas por boicotear ruedas de prensa y grabar en lugares sin autorización

El Congreso abre expediente contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles por grabar sin autorización

El Congreso tiene vía libre para retirar temporalmente las acreditaciones de prensa a los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria ha aprobado este miércoles dos informes en los que considera que ambos incurrieron en infracciones graves del reglamento: el primero por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y el segundo por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. Los denunciados podrán ahora presentar alegaciones y después la Mesa de la Cámara Baja decidirá si les impone la sanción y su duración, que puede extenderse entre once días y tres meses.

Antes del parón navideño, la Mesa del Congreso tramitó una serie de denuncias contra estos agitadores, que desde hace años violentan el trabajo de los periodistas, interrumpen las ruedas de prensa y graban sin permiso con sus teléfonos. Aunque están acreditados como periodistas, suelen esparcir bulos y camuflar en forma de preguntas el argumentario de la extrema derecha.

La primera denuncia registrada la interpuso el grupo parlamentario de Sumar contra Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por el boicot a una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez, el 25 de noviembre. Tras analizar la denuncia, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria sostiene que Bertrand Ndongo incurrió en dos infracciones graves al Reglamento “al obstruir el orden de una rueda de prensa e incumplir las directrices e instrucciones del personal responsable”, de forma, dice el informe, “consciente, deliberada y repetidamente”.

El Consejo “considera probado que la rueda de prensa se vio violentada y su desarrollo severamente distorsionado, mientras el denunciado hacía caso omiso de las instrucciones para mantener el orden e ignoraba el turno establecido, lo cual afectó negativamente la labor de los representantes de los medios de comunicación que trataban de hacer su trabajo, lo cual reviste una insoslayable gravedad”. “El incidente, además, implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria”, añade el texto.

“Se interrumpió el normal funcionamiento de la rueda de prensa, que desde ese momento pasó a estar evidentemente marcada por el incidente, y se puso en tela de juicio la acción del equipo de comunicación encargado de coordinar el encuentro. Y, lo que resulta más grave, el incidente implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la Diputada y la periodista afectadas, que fueron interpeladas de manera completamente inapropiada, generando una inquietud e incomodidad que son impropias de una rueda de prensa celebrada en sede parlamentaria”, reitera el informe al que ha tenido acceso este diario.

Tras la reforma del reglamento que entró en vigor el año pasado, el Congreso puede sancionar estos comportamientos. El Consejo consultivo entiende que los hechos son infracciones graves, que pueden conllevar la suspensión de su credencial de periodistas en un lapso de entre once días y tres meses. Es ahora la Mesa la que tiene que tomar la decisión final sobre la suspensión y el tiempo que abarcará.

Según fuentes parlamentarias, la Mesa continuará el jueves con el sancionador “con el fin de que el denunciado pueda presentar las alegaciones que considere antes de que el Congreso emita dictamen definitivo”.

Las otras denuncias que ha analizado el Consejo están dirigidas contra Vito Quiles, acreditado por el medio EDATV, pero que en el pasado se ha mostrado cercano al político de extrema derecha Alvise Pérez. De hecho, figuraba en las listas que presentó su partido, Se Acabó la Fiesta, para presentarse a las últimas elecciones europeas.

Quiles fue denunciado el mes pasado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios después de que el agitador persiguiera “contra su voluntad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero” a la salida de un acto organizado por el Congreso el 11 de diciembre. Más tarde publicó en sus redes sociales imágenes grabadas sin autorización de ese episodio.

El Consejo Consultivo enviará también un segundo informe sobre otra denuncia de la APP por unos hechos similares. El día 20 de noviembre, sostiene el relato de los hechos, “a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno, contradiciendo además de manera flagrante su voluntad de ser entrevistado”. De nuevo, Quiles publicó posteriormente esas imágenes en sus redes.

“Es preciso tener en cuenta que conductas como la denunciada causan un grave daño a la institución. Las faltas de respeto a las que se somete a las personas que participan en los actos institucionales organizados en el recinto parlamentario, que no serían toleradas en otros espacios públicos, atentan contra el decoro de la Cámara y perjudican el normal desenvolvimiento de las actividades organizadas en el seno del Congreso de los Diputados”, sostiene el informe del Consejo sobre la denuncia a Quiles.

“Estas actuaciones, además, perjudican severamente el trabajo de los demás periodistas acreditados en el seno de la Cámara, que únicamente desean poder llevar a cabo su labor con libertad y normalidad. Las persecuciones a las figuras públicas, obteniendo grabaciones sin la preceptiva credencial, imposibilitan la normal captación de grabaciones en los espacios del recinto parlamentario, lo que redunda en una pérdida de la calidad de la información que se suministra a la ciudadanía”, añade.

El Consejo Consultivo, presidido por Antidio Fagúndez, fue creado dentro de la reforma del reglamento, con el encargo de elaborar informes sobre posibles denuncias relacionadas con la convivencia dentro del recinto. La iniciativa de la reforma partió de los grupos del bloque de la investidura y a petición de las asociaciones de periodistas para tratar de poner coto a la conducta de los activistas de extrema derecha que han usado en estos años su acreditación de prensa para boicotear el trabajo parlamentario y hostigar a los diputados.

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