Aderhe pide a la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad que investigue la atención a los pacientes renales de la zona de Hellín

Mientras la Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz (Aderhe) sigue esperando el señalamiento de una nueva fecha para una reunión que fue fijada inicialmente para el 30 de diciembre y posteriormente suspendida por los responsables albaceteños de la Junta de Comunidades, esta organización hellinera, tras asesorarse con un gabinete jurídico especialista en Derecho Sanitario, ha elevado al Ministerio de Sanidad una denuncia múltiple mediante la que se pone en cuestión el modelo de atención a los pacientes renales del área de Hellín . Estos, como se ha venido informando, exigen la apertura de un centro en esa localidad para evitar el desplazamiento habitual de los enfermos renales a la capital albaceteña, realizando viajes de muchos kilómetros por rutas de complicada orografía. Según ha dado a conocer Aderhe, ha solicitado a la Alta Inspección Sanitaria del Estado que revise, punto por punto, cómo se está atendiendo a este colectivo y por qué tantos enfermos están quedando fuera del acceso al trasplante renal. Desde el colectivo se destaca que «además de las nuevas quejas elevadas recientemente al Defensor del Pueblo, que ha comunicado la incoación de un nuevo expediente, se ha decidido ampliar -tras recibir nuevos documentos de instituciones públicas, que comprometen la acción de la Consejería de Sanidad de la Junta- las denuncias y confiar en la acción del Estado, a fin de que sea este -como ya hiciera con asuntos sanitarios relacionados con Andalucía o con la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz- quien ejerza, a través de su Alta Inspección, la función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en lo referente a la prestación integral del servicio de diálisis en el único centro existente en la provincia de Albacete, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes de general aplicación». Con el fin de «depurar responsabilidades en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha» por no fijar una nueva reunión tras la cancelada por parte de la Delegación Provincial de Sanidad, Aderhe ha pedido a la Alta Inspección Sanitaria que, en el marco de sus funciones y competencias (artículo 76.2.d de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), proceda a comprobar si los fondos destinados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para el mantenimiento integral del Centro de Diálisis de Albacete son utilizados de acuerdo con los principios generales de la ley. De igual manera, Aderhe ha reclamado que la Alta Inspección «verifique la existencia de una inhumana e inadmisible discriminación en el régimen de prestación del servicio sanitario de diálisis a los pacientes del área citada, quienes, como es sabido, se ven obligados a realizar viajes insufribles hasta Albacete —cuya provincia solo dispone de un centro—, mientras que Ciudad Real (en plena llanura manchega, bien comunicada por autovía y dentro de un mismo territorio regional) multiplica por tres los recursos ofrecidos a los pacientes de Albacete». Desde una vertiente más política, Aderhe también «suplica a Julián Martínez Lizán , consejero de Agricultura y secretario general del PSOE de Hellín (nacido y residente en esta localidad), que ayude a su tierra», y le pregunta «si va a continuar callando ante el continuo sufrimiento y discriminación al que se somete, por su homólogo de Sanidad, a sus paisanos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz». «Le pedimos que medie y haga lo posible , valiéndose de su condición, para que este sufrimiento injustificado no se permita más en el tiempo. Queremos saber qué opinión le merece que Ciudad Real o Toledo dispongan, respectivamente, de tres y dos centros de diálisis, mientras que a los pacientes dializados en la tierra que le vio nacer se les maltrata, discrimina y abandona». Otro de los problemas destacados por estos enfermos tiene que ver con «las trabas continuas para acceder al tratamiento que puede salvarles la vida: el trasplante». En este sentido, inciden en el hecho de que «muchos de estos pacientes están siendo atendidos en un centro concertado donde no se dispone de su historia clínica hospitalaria completa, información corroborada por el Defensor del Pueblo, lo que impide una valoración real de su situación y de su idoneidad para trasplante». En este contexto, destaca el hecho de que Aderhe ha decidido, siguiendo reiterada jurisprudencia, instar a la Alta Inspección a «intervenir el centro concertado de diálisis de Albacete y recomendar su gestión a personal a cargo de la Consejería de Sanidad y su refuerzo, previa contratación». Por ello, Aderhe ha pedido a la Alta Inspección «que verifique si se están vulnerando derechos básicos de los pacientes y si se están incumpliendo las leyes que garantizan la continuidad y la seguridad asistencial». Otra de las cuestiones de importancia que la asociación quiere que se investigue es «quién está evaluando realmente a los pacientes y con qué garantías». Por ello, se ha solicitado «que se compruebe si el personal médico cumple los requisitos legales , si hay suficientes especialistas en Nefrología y si el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y la Consejería de Sanidad están ejerciendo de verdad su función de control sobre el servicio que financian con dinero público». Todo ello teniendo en cuenta que «la hemodiálisis es un tratamiento de alto riesgo y el trasplante es una cuestión de vida o muerte, al ser el tratamiento renal que ofrece mejor calidad de vida. No puede gestionarse sin control público, sin especialistas y sin información clínica» En su escrito de denuncias, Aderhe insiste en una de las facetas más problemáticas: el hecho de que estos pacientes residen en una zona rural y de montaña. Los pacientes de la Sierra del Segura, Alcaraz y Campos de Hellín deben recorrer largas distancias varias veces por semana para recibir diálisis, mientras que otras zonas cuentan con más recursos mucho más cercanos. De ahí que se solicite a la Alta Inspección que «revise la desigualdad territorial y el incumplimiento del compromiso de crear un centro de diálisis en Hellín, aprobado por unanimidad por las Cortes regionales en noviembre de 2024 y respaldado por el Defensor del Pueblo, pero sin fechas concretas». Por último , la asociación insiste en que no busca «un trato de favor , sino que se respeten los derechos que ya reconoce la legislación sanitaria», y concluye señalando que «después de meses de silencio institucional y de una reunión oficial cancelada sin alternativa, hemos tenido que acudir al Estado. No pedimos privilegios: pedimos que se cumpla la ley y que se proteja la vida de los pacientes».