Moncloa denuncia al Gobierno de Ayuso por autorizar el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo c ontra la autorización por parte de la Comunidad de Madrid de la adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid. El Gobierno considera un precedente «muy grave» la cesión a grupos profesionales la formación en títulos universitarios habilitantes a precios privados, según indican fuentes ministeriales. El recurso, adelantado por El País y confirmado por ABC, fue presentado a través de la Abogacía del Estado el pasado lunes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, se dirige contra la orden firmada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del gobierno de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana Duro, que dio luz verde al proyecto como centro adscrito. El ICAM Centro Universitario es el primer centro universitario en España impulsado por un colegio profesional, y lo hace bajo el modelo de centro adscrito a una universidad pública, en este caso la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según explicaba el propio colegio de abogados en noviembre, gracias a su aprobación, el centro estaba facultado para ofertar títulos propios desde el curso académico 2025‑2026, mientras trabajaba en la implementación de sus primeros estudios oficiales de Grado en Derecho, «basados en un modelo que abre las puertas a la combinación de la presencialidad con la enseñanza online, con una fuerte carga práctica y vocación internacional». Fuentes ministeriales consideran una anomalía en el sistema universitario que la formación recaiga en un colegio profesional y apuntan a que la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades. Tampoco entienden que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. El recurso llega tras el enfrentamiento vivido entre del ICAM y el Gobierno a causa del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que el colegio de abogados ha ejercido de acusación particular en la causa contra García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acabó sentenciado e inhabilitado.