Colegio de Abogados de Lima cuestiona decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por la promulgación del decreto de urgencia N° 010-2025, que establece medidas que allanan la privatización de Petroperú.
A través de un pronunciamiento público, el colegiado aseguró que el decreto "carece de sustento constitucional y legal", al no haberse acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión, conforme al artículo 118°, inciso 19, de la Constitución Política del Perú.
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Dicho artículo en la carta magna señala que "dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia".
El gremio recordó que Petroperú cumple un rol estratégico para el país, similar al de las empresas estatales de hidrocarburos en países como Argentina (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Chile (Empresa Nacional del Petróleo) y Ecuador (Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador), al garantizar el abastecimiento y la distribución de combustibles en todo el país, incluso en zonas donde el sector privado no opera.
En esa línea, destacó que la empresa estatal contribuye a la estabilidad del mercado, la seguridad energética y la soberanía nacional.
La Junta Directiva del CAL indicó que Petroperú ha cumplido históricamente una función fundamental en el suministro de combustibles durante situaciones de emergencia nacional, como desastres naturales, acciones de apoyo cívico y operaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas.
En el pronunciamiento se precisa además que los activos de Petroperú ascienden a US$10.031 millones, mientras que su nivel de endeudamiento se estima en S/6.603 millones, cifras que, según el gremio, deben ser evaluadas con responsabilidad y transparencia en cualquier proceso de reorganización patrimonial.
Refinería de Talara en la mira: el DU que encarga a privados
Otro de los puntos críticos señalados por el CAL es que el decreto de urgencia pretende habilitar la transferencia de activos patrimoniales mediante la intervención de ProInversión, lo que, como han señalado especialistas, abre el camino a la cesión o privatización de activos estratégicos de la empresa estatal. Tal como lo adelantó Proinversión la semana pasada, la Refinería de Talara sería el primer activo en ser entregado al sector privado en junio, antes del cambio de Gobierno vía elecciones.
"Preocupa que el referido Decreto de Urgencia pretenda habilitar la transferencia de activos patrimoniales mediante intervención de ProInversión", advierte el documento.
Además, el gremio cuestionó que el decreto disponga la transferencia de recursos presupuestales, incluidos fondos destinados a electrificación rural, para fines ajenos a su naturaleza, como el término de relaciones laborales, lo que podría vulnerar derechos constitucionales fundamentales.
Según el CAL, estas medidas podrían vulnerar los artículos 22° y 23° de la Constitución, referidos a la protección del trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores.
El pronunciamiento también alerta sobre las consecuencias sociales de estas decisiones, al advertir que las medidas contempladas en el decreto de urgencia podrían afectar la continuidad del servicio de distribución de hidrocarburos en zonas vulnerables del país y reducir recursos clave destinados a cerrar brechas históricas de acceso a la energía.
"Estas medidas podrían impactar negativamente en la continuidad del servicio de distribución de hidrocarburos en zonas vulnerables del país", señala el CAL, advirtiendo una posible afectación directa a comunidades rurales que dependen del rol estatal para acceder a energía.
Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima reafirmó su compromiso con la defensa del Estado Constitucional de Derecho y anunció que se mantendrá vigilante frente a decisiones que se adopten al margen de la legalidad.
"El Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con la defensa del Estado Constitucional de Derecho, y se mantendrá vigilante frente a decisiones que pretendan adoptarse al margen de la legalidad y del respeto irrestricto a la Constitución", advirtió.