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El cargo de Rodalies cesado era gerente de la EMT de Valencia cuando se produjo la estafa millonaria

Abc.es 
El hasta ahora director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany , uno de los dos altos cargos cesados fulminantemente tras el caos ferroviario de los últimos días en Cataluña, ya estuvo en el foco de la polémica durante su etapa como gerente en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia. Este ingeniero de caminos, que accedió al puesto hace menos de un año, estuvo al frente de la compañía que gestiona los autobuses urbanos en la capital del Turia durante los gobiernos liderados por Joan Ribó, entre 2015 y 2020, cuando fue destituido entre una gran presión del PSOE, entonces socio de Compromís -que tenía estas competencias- en el consistorio. García Alemany era un hombre de la máxima confianza del entonces edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi. Un año antes, a principios de septiembre de 2019, la EMT sufrió -mediante el denominado 'timo del CEO'- una estafa de cuatro millones de euros . El Tribunal de Cuentas condenó a pagar esa cuantía a la entonces jefa de administración, Celia Zafra, como «responsable contable directa» por su conducta «negligente». Durante un periodo de veinte días -y sin ningún control de sus superiores- autorizó las ocho transferencias que unos delincuentes, haciéndose pasar por un abogado y hablando en nombre del propio Grezzi, le hicieron creer que participaba en una operación confidencial. «Alterando el procedimiento de pago establecido en la sociedad pública, remitió, sin informar a sus superiores, documentos que permitieron la falsificación de firmas y órdenes de pago con la consecuencia de la realización de ocho transferencias de elevada cuantía a una cuenta en Hong Kong, a nombre de sociedades extranjeras desconocidas» para la entidad, señaló la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo. La trabajadora fue despedida a los pocos días de detectarse el fraude, cuando se iba a realizar un novena transferencia, el banco dio la voz de alarma y Alemany denunció a la Policía Nacional. Las suyas fueron las únicas destituciones que se produjeron pese a la gravedad del asunto. Nadie asumió responsabilidades políticas.

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