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Podemos pide a Pedraz que impute a los comisarios Villarejo y Olivera por el montaje de la cocaína a Miguel Urbán

La formación añade otros tres mandos policiales en su ampliación de querella antes de que prescriba la maniobra de 2016 para evitar que alcanzara el Gobierno y contribuyera a desalojar al PP del poder

Las agendas de Villarejo proyectan la sombra del comisario sobre el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos

La acusación particular que ejerce Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que impute a José Manuel Villarejo en la causa que se sigue por las maniobras policiales contra el partido político durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La formación relaciona al comisario con el intento por atribuirle falsamente una financiación ilegal a través del invento del tráfico de cocaína de uno de sus fundadores, Miguel Urbán. Podemos también pide que sean citados como investigados el principal artífice del montaje, el comisario José Luis Olivera, dos de sus subordinados entonces y el que era jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán. 

Pedraz aceptó investigar la guerra sucia al partido a partir de las evidencias recogidas en los mensajes incautados al ex número dos de Interior con el Partido Popular Francisco Martínez, aportados en una querella presentada por Podemos en la Audiencia Nacional. Con posterioridad, en mayo de 2025, elDiario.es reveló uno de los mayores secretos de la brigada política, la falsa acusación contra Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. Las acusaciones enmarcaron la maniobra en la guerra sucia al partido y pidieron investigarla en el marco de la causa abierta en el juzgado de Pedraz.

La Policía utilizó una nota anónima para vincular la falsa venta de droga con la financiación de Podemos. El partido considera que el autor de ese informe es Villarejo. En uno de los dispositivos incautados en su domicilio en 2017 figura un pantallazo con las transferencias bancarias de Miguel Urbán que supuestamente probaban la práctica del “pitufeo” (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) y que habían sido incluidas en una “nota de inteligencia” anónima incorporada al montaje.

El documento con los pantallazos fue creado el 16 de febrero de 2016, un día antes de que el comisario José Luis Olivera remitiera un oficio a la Fiscalía Antidroga que incluía la “nota de pitufeo”. Una semana antes, el 9 de febrero, Villarejo había escrito en su agenda personal: “Oli [comisario Olivera] propone dar datos de POD [Podemos] a los Cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo contiene errores”. 

La pasada semana, Santiago Pedraz volvió a negar la personación como perjudicado de Urbán en la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez da por buena la tesis que expuso el comisario Olivera como testigo, según la cual estaba obligado a informar a la Fiscalía Antidroga del testimonio de un confidente acerca de la supuesta venta de la droga por el europarlamentario de Podemos, pese a lo disparatado de la narración. Pedraz concluye que esta circunstancia descarta que se tratara de “un montaje policial”.

Podemos pide en la ampliación de su querella que Olivera pase de testigo a investigado, una condición que ya reclamó la acusación popular, ejercida por el PSOE, antes de la comparecencia del policía jubilado. Pedraz rechazó entonces imputarle porque no había sido informado de la solicitud de los socialistas, según informó de viva voz el magistrado en la misma sala de declaraciones. Olivera y Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por otra de las grandes maniobras de la brigada política, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Olivera firma las notas informativas que abrieron y acrecentaron la investigación contra Urbán a partir del disparatado testimonio de un confidente. El relato que utilizó el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) incluía cómo Urbán llevó, no se sabe si arrastrando, una bolsa con 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña, subió al piso de arriba, se lo vendió a un miembro de los Ángeles del Infierno y bajó al local a celebrarlo a gritos, volcando una bolsa de cocaína en la barra e invitando a esnifar a todos los presentes. 

Ahora, Podemos alega: “A pesar de la evidente ausencia de credibilidad intrínseca de la historia, amén de la ausencia de indicios, el querellado señor Olivera, omitiendo cualquier tipo de comprobación a través de unidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía, opta por remitir ala misma a la Fiscalía Antidroga, quien en fecha de 25 de enero de 2016, incoará diligencias de investigación, encomendando las pesquisas a la Udyco (unidad antidroga)”. Después, continúa la ampliación de querella, Olivera “monopoliza” las pesquisas enviando un segundo escrito con la nota informativa que presuntamente escribió su amigo Villarejo. 

García Catalán, guerra sucia en Nueva York y Malasaña

El comisario recién jubilado José Manuel García Catalán era en esa época jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF que utilizó la brigada política para blanquear sus trabajos. García Catalán declaró en la causa por la guerra sucia a Podemos como testigo por haber participado en el viaje a Nueva York para obtener información contra dirigentes de Podemos de un ex ministro de Hugo Chávez. Ahora, el partido pide su imputación por su participación en la maniobra contra Urbán. García Catalán firma los informes de la UDEF incorporados a las pesquisas contra el político.

La lista de solicitudes de imputación se completa con el comisario y el inspector jefe del CITCO, a las órdenes de Olivera, que ofrecieron un confuso testimonio esta misma semana en la Audiencia Nacional después de que su antiguo jefe les señalara. La imputación de los cinco policías evitaría que se cumpla el plazo de prescripción de unos hechos ocurridos hace casi diez años. 

En la causa por la guerra sucia a Podemos está imputado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el entonces director operativo de la Policía, Eugenio Pino, y varios mandos integrantes de la brigada política. También figura como investigado un policía que rastreó a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas con la excusa de que formaba parte del círculo personal de Miguel Urbán, encartado por narcotráfico. Pedraz intentó exculparle, pero la Sala de lo Penal le ordenó que volviera a imputarlo.

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