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Juez federal ordena liberar a niño de 5 años detenido en redadas migratorias de Trump

Un fallo judicial ha puesto un freno a las polémicas operaciones de control migratorio en Estados Unidos. Este sábado, el juez federal de Texas, Fred Biery, ordenó la liberación inmediata de Liam Ramos, un niño de solo 5 años, y de su padre, quienes permanecían recluidos en un centro de detención tras ser capturados en el estado de Minnesota. La resolución instruye que ambos abandonen el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas antes del próximo martes, marcando un hito en la resistencia judicial contra las políticas de expulsión masiva.

El magistrado Biery fue especialmente severo en su argumentación, calificando el actuar del Gobierno federal como una búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada. En el escrito, el juez acusó a la administración de perseguir cuotas diarias de deportación sin considerar el impacto humano, señalando que estas medidas se ejecutan incluso si requieren traumatizar a menores de edad. El caso de Liam se volvió un símbolo de la crisis luego de que se difundiera una fotografía del niño regresando del colegio con su mochila de Spider-Man, mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaban para detenerlo.

La detención de la familia Ramos ocurrió el pasado 20 de enero en la entrada de su domicilio, en el marco de las redadas intensivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Este operativo ha generado una ola de indignación nacional, no solo por la vulnerabilidad de los menores involucrados, sino también porque ya se han reportado al menos dos muertes vinculadas a estas intervenciones federales. Congresistas que visitaron el recinto penal, como el legislador Joaquín Castro, relataron que el estado emocional del menor se ha visto severamente deteriorado, reportando que el niño “ya no es el mismo” tras el trauma del arresto.

La defensa legal de la familia sostiene que ambos se encuentran legalmente en el país bajo una solicitud de asilo vigente, contradiciendo la versión de la autoridad migratoria que afirma que sus permisos expiraron en abril pasado. Además de la disputa legal por su estatus, los abogados denunciaron que las condiciones del centro de detención en Dille no cumplen con los estándares mínimos de subsistencia humana. Con este fallo, se abre un nuevo flanco de cuestionamientos sobre el costo social y psicológico de la actual política migratoria estadounidense.

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