Revocación de mandato: democracia aparente, riesgos reales
Vaya susto se llevó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Hace apenas ocho días esperaba que por aclamación el pueblo le pidiera continuar su gestión hasta el término de la misma. Sin embargo, el resultado obligó a cancelar cualquier festejo, alrededor del 40 % de quienes acudieron a las urnas se pronunció por la conclusión anticipada de su mandato, evidenciando, si atendemos a la letra de la consulta, una pérdida relevante de la confianza ciudadana.
Más allá del episodio local, el ejercicio deja una lección de mayor calado y nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los enredos que suelen acompañar a los mecanismos de la llamada “democracia directa”. Mi postura es clara, la revocación de mandato no fortalece la democracia, más bien suele debilitarla al desviar la atención de la cuestión central, la construcción de un Estado democrático con equilibrio de poderes y con un auténtico Estado de Derecho.
A primera vista, someter a votación la continuidad en su encargo de un funcionario electo parece profundamente democrático. En la práctica, sin embargo, abre la puerta a dos pulsiones ajenas a la lógica democrática: la búsqueda populista de legitimación y las vendettas políticas. Ambas degradan la vida pública y terminan por erosionar la confianza ciudadana.
En el primer caso, el patrón es conocido, se llega al poder bajo ciertas reglas y, una vez ahí, se promueven cambios para modificar esas reglas en beneficio propio. Cuando la revocación de mandato es impulsada desde el gobierno, deja de ser un mecanismo de control ciudadano y se convierte en un instrumento de propaganda y que busca la perpetuidad. El primer ejercicio de esta naturaleza, el de 2022, es un ejemplo claro al respecto, así como la intención de empatar este mecanismo con las elecciones intermedias de 2027 con la clara intención de incidir en otros procesos electorales usando la influencia y los recursos de la Presidencia de la República.
El segundo escenario es el de la vendetta política. Los datos de Oaxaca son elocuentes: apenas un 30 % de participación ciudadana y, dentro de ese universo, un 40 % votando por la revocación. Más revelador aún es que el descontento haya sido promovido, en buena medida, por una fuerza política formalmente aliada al gobernador, el Partido del Trabajo. El resultado no fue una evaluación objetiva de la gestión, sino un plebiscito de castigo, ajeno a tiempos institucionales y a criterios claros de rendición de cuentas.
Las lecciones son evidentes. La revocación de mandato se presta tanto al populismo como a los ajustes de cuentas internos, ambos disfrazados de democracia. En uno y otro caso se instrumentalizan los derechos políticos para fines que, paradójicamente, terminan por debilitarlos. Se accede al poder por la vía democrática para, una vez ahí, distorsionar las reglas del juego y profundizar el descrédito de la política.
No es casual que estos ejercicios se acompañen de altos niveles de abstención, 83% en 2022 y cerca del 70% en el caso reciente de Oaxaca. El mensaje es claro, lejos de acercar a la ciudadanía a la vida pública, el uso abusivo de estos mecanismos extremos incrementa el desencanto y el alejamiento de la política.
La alternativa no está en plebiscitar permanentemente a los gobernantes, sino en fortalecer las instituciones. Frente a arbitrariedades o posibles ilícitos, lo que se requiere es un verdadero equilibrio de poderes, congresos que ejerzan control político desde la representatividad social, fiscalías autónomas que investiguen y poderes judiciales independientes que juzguen y ejerzan un control constitucional. Esa, y no la revocación de mandato, es la vía para una democracia efectiva.