Plan Nacional de Desarrollo e infraestructura: una visión de Estado

El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del Plan Nacional de Infraestructura no debe interpretarse como un listado de obras ni como una señal coyuntural de inversión pública. Es, en términos estrictos, una definición de Estado. Con una inversión estimada de 5.6 billones de pesos para el periodo 2026–2030, el gobierno federal está estableciendo que el desarrollo no será resultado de la inercia ni del mercado desordenado, sino de una conducción política deliberada, con planeación territorial y visión de largo plazo.

El plan es explícito en su estructura sectorial. La mayor proporción de la inversión se concentra en energía, entendida como condición habilitante del crecimiento industrial, la soberanía productiva y la competitividad regional. Un segundo bloque estratégico se dirige al sistema ferroviario, concebido como infraestructura de alto impacto para reducir costos de transporte, ordenar flujos productivos y modernizar la movilidad de carga. Puertos y carreteras ocupan un espacio propio como infraestructura de conexión nacional e internacional, cada uno con funciones diferenciadas dentro de las cadenas logísticas. A ello se suma una inversión relevante en infraestructura hídrica, conectividad urbana y equipamiento social, indispensable para sostener el crecimiento económico con viabilidad territorial y estabilidad social.

El mensaje de fondo es político. México reconoce que el siguiente ciclo de crecimiento no puede sostenerse sobre la concentración territorial ni sobre la improvisación. La relocalización industrial, la competencia entre regiones y la presión social por mayor equidad obligan a un Estado que vuelva a planear. No para sustituir al mercado, sino para darle dirección, certidumbre y sentido territorial. La infraestructura se convierte así en política económica, política social y política de estabilidad en una sola ecuación.

Bajo ese marco nacional, hay un territorio donde esta visión ya se está ejecutando de manera muy avanzada. Y ese territorio es Yucatán. En ningún otro lugar del país se refleja con tanta claridad el modelo que hoy plantea la Presidencia: puerto, tren, energía, conectividad y ordenamiento territorial como un solo sistema de desarrollo.

La modernización del Puerto de Altura de Progreso, concebido como plataforma logística de escala internacional; su articulación con el Tren Maya de carga, que redefine el transporte ferroviario en el sureste; el impulso a un modelo energético basado en gas natural para habilitar industria y reducir costos; y la construcción de infraestructura urbana y regional que ordena el crecimiento, no son piezas sueltas. Son la traducción territorial de una misma visión de Estado.

Incluso los obstáculos —como la pausa del Anillo Metropolitano por decisiones legislativas— confirman algo más profundo: que Yucatán está intentando hacer lo que pocos estados se atreven a hacer, que es planear en serio, con costos políticos incluidos, un modelo de desarrollo de largo plazo. Aquí no se improvisa obra; se discute territorio.

Nada de esto es accidental. Responde a una lectura política y estratégica que el gobernador Joaquín Díaz Mena hizo desde la campaña. El Renacimiento Maya no nació como una respuesta a un anuncio federal posterior; nació como una convicción anticipada de hacia dónde debía girar el desarrollo del estado y del país. Infraestructura como palanca, energía como condición, logística como ventaja y territorio como eje de justicia social.

Por eso hoy, cuando la presidenta define el rumbo nacional con números, sectores y prioridades claras, Yucatán no necesita adaptarse: ya está alineado en los hechos. El Renacimiento Maya es, en la práctica, el plan de Yucatán para insertarse en el nuevo modelo de desarrollo del país.

Ahí radica el verdadero acierto político del gobernador Joaquín Díaz Mena. No en haber reaccionado antes, sino en haber construido un proyecto que hoy encuentra plena correspondencia con la visión presidencial. Leer el futuro no es adivinarlo; es entender el momento histórico y actuar en consecuencia.

México ha decidido volver a planear su desarrollo desde el Estado. Yucatán demuestra que esa planeación, cuando se toma en serio, puede convertirse en territorio, obra y dirección.