Gran acuerdo por la seguridad

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición de ley presentada por Junts per Catalunya para modificar el Código Penal y poner coto a la impunidad de los carteristas que reinciden una y otra vez, a pesar de que reciben continuamente condenas que, por ser leves, no tienen ningún efecto disuasorio. Ahora, el texto pasará al Senado y, si esta Cámara aprueba sin enmiendas la proposición remitida por el Congreso, será publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en 20 días. El texto aprobado aborda principalmente la multirreincidencia de delitos leves, que son los más sencillos de cometer y, por eso, los que más se consuman y los que más inseguridad ciudadana generan. La imagen de carteristas que actúan a plena luz del día, en los transportes públicos, en las aglomeraciones navideñas o en los supermercados se estaba haciendo difícilmente soportable. La proposición ayer aprobada es el resultado de la combinación de una propuesta del Partido Popular y de otra de Junts, cuyo origen fue, a su vez, una iniciativa presentada por el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, en el Colegio de Abogados de la capital catalana. Barcelona vive como una epidemia la actuación de estos delincuentes, que cometen sus delitos de forma individual o en grupo, con un serio desgaste de la promoción exterior de la Ciudad Condal y de la seguridad colectiva de sus ciudadanos. Precisamente, la reforma incluye la habilitación de los ayuntamientos para poder intervenir como acusaciones populares en los procesos penales contra multirreincidentes, lo que da la medida de la preocupación de las administraciones municipales por este problema. Las nuevas medidas permitirán agravar las penas del hurto, a partir de la tercera condena, sin necesidad de que los bienes sustraídos superen un determinado importe, actualmente situado en unos generosos 400 euros. El valor de los bienes hurtados no siempre aparecía fijado con precisión en las sentencias de condena y esto provocaba la impunidad de quienes acumulaban decenas de hurtos a sus espaldas. Y en caso de condena, la falta de domicilio o de patrimonio hacía imposible la ejecución de la sentencia. Cuando entre en vigor la reforma, jueces, fiscales y víctimas van a poder perseguir con más disuasión esta delincuencia callejera, acostumbrada a una rentabilidad asegurada por la falta de una respuesta penal efectiva. Políticamente el paso dado ayer por el Congreso de los Diputados fue posible gracias al voto conjunto del PSOE con el arco conservador –de Junts a Vox, pasando por el PP y el PNV– de la Cámara Baja. Gracias a esta convergencia de votos, la reforma fue aprobada por 302 diputados, algo inusual en la actual legislatura y que demuestra que hay margen para grandes acuerdos. En la posición del PSOE han sido determinantes, por un lado, la apuesta personal del alcalde Barcelona por un endurecimiento del Código Penal en esta materia; y, por otro, la necesidad de seguir cuidando a Junts, a ver si vota alguna vez con el PSOE y que no deje caer al Gobierno. La extrema izquierda – Podemos, Sumar, Bildu – ha tirado de sus eslóganes pasados de moda y ha dejado aflorar esa veta vieja de la lucha de clases, calificando la reforma como «una inmensa proyección a ideas fascistas». Esta es una percepción delirante de la extrema izquierda, que sigue pensando que la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia callejera son instrumentos de dominación sobre la clase trabajadora, cuando lo cierto es que la clase trabajadora es tan víctima, o más, de la delincuencia de los carteristas como cualquier otro sector social. Esta negación de la realidad también alimenta el populismo.