Las plataformas contra el plan de biometanización acuerdan manifestarse en Toledo
Después de que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunciara el jueves pasado que esta semana se hará pública la declaración ambiental estratégica, previa a la aprobación en Consejo de Gobierno -posiblemente en mayo- de un decreto que regulará la instalación de plantas de biogás en Castilla-La Mancha, las numerosas plataformas surgidas en buena parte de las localidades afectadas están realizando los trámites oportunos para llevar a cabo en Toledo una manifestación de protesta. El objetivo es mostrar su rechazo a estas instalaciones ante el temor a sus posibles efectos negativos, especialmente por malos olores y contaminación del terreno. Esta iniciativa surge tras un encuentro celebrado el pasado jueves en Ciudad Real, al que asistieron unas doscientas personas, muchas de ellas representantes de plataformas contrarias a estos proyectos. En el acto participaron científicos y expertos que advirtieron de posibles impactos económicos, ambientales y sanitarios. Durante la jornada se analizaron varios proyectos presentados en distintos puntos de Castilla-La Mancha. Entre los ponentes estuvieron Fernando Valladares , investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Máximo Florín , profesor de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, quienes cuestionaron el modelo de desarrollo previsto en el Plan Regional de Biometanización. Ambos coincidieron en señalar la necesidad de una mayor planificación estratégica y de más transparencia. Tras el encuentro, las plataformas acordaron elaborar un comunicado conjunto dirigido a la Presidencia de la Junta, con bases técnicas, científicas y jurídicas, además de convocar una manifestación en Toledo capital. Por otro lado, las últimas declaraciones de la consejera sobre este plan de biometanización han provocado la reacción de algunas plataformas, como la Asociación de Vecinos por La Sagra Viva sin Biogás. Este colectivo mantiene desde hace meses una firme oposición a la planta de biogás que se está construyendo en el término municipal de Villaluenga de la Sagra, cuyo ayuntamiento concedió la licencia al entender que no podía oponerse. Desde esta plataforma han puesto el acento en la afirmación de la consejera de que «los ayuntamientos son soberanos urbanísticamente respecto a lo que quieren en su territorio», ante lo que «la administración regional no tiene nada que decir». Mercedes Gómez añadió que, si el ayuntamiento es inicialmente reacio al proyecto, se le remite el expediente y que, «una vez que iniciemos las evaluaciones, es de obligado cumplimiento la tramitación». Tras ese proceso se abre un periodo de información pública «donde todo el mundo puede presentar las alegaciones que estime oportunas y, si hay algunas de peso, evidentemente nunca saldrá favorable». No obstante, recordó que incluso cuando un proyecto supera este trámite, «el ayuntamiento, de forma motivada, puede negarle las licencias de obra y de actividad». Además de anunciar el apoyo de la Junta a los ayuntamientos para facilitar toda la información necesaria, la consejera realizó un llamamiento a las empresas promotoras «para que expliquen a los vecinos de los municipios donde se quieren instalar qué es lo que van a hacer, cómo son sus proyectos, qué tipo de plantas son y qué beneficios o inconvenientes pueden tener». Otra de las cuestiones clave es la ubicación de las plantas de biogás. Las plataformas opositoras insisten en la necesidad de establecer distancias adecuadas respecto a los núcleos urbanos, que cifran en unos diez kilómetros. En este sentido, Mercedes Gómez indicó que las plantas de biometano «tienen que buscar siempre las mejores ubicaciones» . Para ello, el Gobierno regional está desarrollando un decreto que defina aspectos como la distancia al término municipal o el tránsito de camiones por las localidades, «porque una vez que entran en la planta ya no hay olores ni ruidos». En el caso concreto de la planta que se está construyendo en Villaluenga de la Sagra, la corta distancia a otros municipios ha provocado la oposición y las alegaciones de otros tres ayuntamientos, como los de Yuncler, Cobeja y Pantoja. Desde un principio, el temor a los malos olores y a la posible contaminación de tierras próximas ha generado numerosas protestas solicitando la paralización de las obras. Además, en relación con los perjuicios ambientales de industrias de esta zona, la plataforma de La Sagra, junto al Ayuntamiento de Cobeja, ha presentado recientemente en la Consejería de Desarrollo Sostenible un escrito denunciando una posible contaminación del aire por encima del umbral permitido . Según señalan, esta situación se produciría sobre todo por la noche, fines de semana y festivos, a causa de las emanaciones de la fábrica de cerámica Cerasa. Por ello, han solicitado reducir la contaminación mediante filtros, como mínimo de carbono, evitar el aumento de emisiones nocturnas y en fines de semana, y colocar medidores de contaminación y olor tanto en la fábrica como en Cobeja. Esta queja se suma a la presentada anteriormente por el Ayuntamiento de Cobeja por los malos olores procedentes de una planta de tratamiento de residuos inertes situada en el término municipal de Pantoja y colindante también con Alameda de la Sagra. Ante este conjunto de quejas, desde la Junta se ha insistido en que «todo el mundo tenga claro cuáles son las reglas del juego» . En este sentido, se ha señalado que «muchas de estas plantas, en el resto del territorio nacional, solo elaboran el biogás y lo inyectan en la red, pero no tratan el digestato, el residuo que se obtiene». Por ello, en Castilla-La Mancha se quiere exigir «que se convierta en abono orgánico y se devuelva al campo, porque el abono que se obtiene de este tipo de plantas es muchísimo mejor que cualquiera de los que comercializa una empresa productora de fertilizantes. Es economía circular», ha recordado Mercedes Gómez.