Estos son los diputados encargados de investigar a Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual
Cinco diputados integrarán la comisión especial para investigar la denuncia contra el jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, por presunto acoso sexual y comportamientos inadecuados en contra de la excongresista y asesora legislativa Marolin Azofeifa Trejos.
De acuerdo con el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, ese órgano debe rendir un informe al plenario de la Asamblea Legislativa en el plazo de dos meses calendario, prorrogable por una sola vez, hasta por 15 días naturales.
El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, les pidió a las fracciones parlamentarias remitir sus candidatos a integrar el órgano especial, el jueves 5 de febrero, en la reunión semanal de las jefaturas.
Los nombres propuestos para esa comisión son Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); la independiente Johana Obando; Waldo Agüero, chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Olga Morera, de Nueva República (PNR), y Rosaura Méndez, de Liberación Nacional (PLN).
Para proponer esos nombres, las fracciones tenían, por reglamento, tres días hábiles, es decir, al martes. Ahora, en un plazo de cinco días hábiles, Rodrigo Arias tiene que conformar la comisión especial e instalarla, con una presidencia y una secretaría.
La denuncia de la exdiputada
La denuncia de Marolin Azofeifa se conoció el martes 27 de enero, pocos minutos antes el debate de candidatos presidenciales en Repretel, canal 6.
Ese día, la exdiputada denunció el presunto acoso y comportamientos inadecuados de parte del legislador, tanto cuando ella fue congresista (2018-2022), como en el periodo que ha laborado como asesora de la bancada fabricista, en el despacho de Yonder Salas.
La investigación fue abierta porque Azofeifa presentó oficialmente la denuncia, luego de hacerla pública, en una carta remitida al presidente Rodrigo Arias, al gerente de Recursos Humanos, Juan José Chotto, y a la Gerencia General del Congreso.
“Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa. Cosas relacionadas con Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer.
“Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme, a mi familia y a mí misma. Porque, en política, muchas veces protegen al poderoso y nos desacreditan a nosotras”, explicó la exdiputada Azofeifa en un video, el martes 27 de enero.
Posteriormente, en un comunicado, cuestionó el discurso moralista de Alvarado, a quien calificó como un hipócrita, pues se presenta públicamente como defensor de valores cristianos, mientras incurre en “conductas contrarias al respeto y la dignidad hacia las mujeres”.
“Me indigna y me enoja ver a Fabricio hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras y en conferencia de prensa, cuando las que hemos vivido acoso de él sabemos que la realidad es muy distinta. La fe no se usa como escudo. Los valores no se usan como discurso”, dijo la excongresista en su nota de prensa.
El trabajo de la comisión
Para su trabajo, la comisión deberá contar con la asesoría de al menos un profesional en Derecho con conocimiento en materia de hostigamiento sexual y del régimen disciplinario, asignado por el Departamento Legal de la Asamblea Legislativa.
La normativa sobre hostigamiento sexual establece el deber de colaboración de todos los funcionarios del Congreso, además de que las personas que apoyen el trabajo de la comisión especial están obligadas a mantener la confidencialidad sobre el caso, de acuerdo con la ley.
Adicionalmente, el Directorio legislativo está obligado a dictar medidas cautelares de oficio, por ejemplo, que la persona denunciada, en este caso Fabricio Alvarado, se abstenga de perturbar a la denunciante y a los testigos, así como en todo lo relativo a las funciones de la persona denunciante.
Incluso, como medida cautelar, se puede ordenar la reubicación laboral de la denunciante.