Despliegue yanqui en el Caribe suma nuevas muertes
Castries, febrero 17.— Tras algunos días de relativo «silencio» en torno a los abusos de las tropas yanquis desplegadas en el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos ha dado a conocer un nuevo «operativo» en las aguas cercanas a la isla de Santa Lucía que habría dejado tres muertos, al menos uno de los cuales sería oriundo de ese territorio.
Anunciada engañosamente por Washington como parte de una estrategia de enfrentamiento al tráfico de estupefacientes, la «flota naval» ubicada por el Pentágono en el área caribeña había protagonizado ya unos 40 ataques a lanchas acusadas de estar ligadas al narcotráfico que dejaron más de un centenar de muertos: a ellos se agregan estos tres reportados en días recientes.
En las últimas semanas, sin embargo, y poco después de los bombardeos a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su compañera, Cilia Flores, habían dejado de verse en las redes sociales los desprejuiciados «avisos» del Comando Sur acerca de la comisión de los denominados «ataques cinéticos» en alta mar, con los que ese cuerpo ha dado cuenta de cada uno de sus ataques a embarcaciones indefensas que ha realizado.
El presidente Donald Trump había reiterado hace algunos días el anuncio de que su cruzada antinarcóticos se disponía a operar contra objetivos en tierra, mientras que este lunes, en vísperas de la tensa continuación de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, se informó el envío hacia el Medio Orienta del portaviones USS Gerald Ford, uno de los más poderosos de su flota naval y del mundo.
Al dar cuenta del nuevo suceso en alta mar, Telesur consideró que el episodio reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza y la coordinación multilateral en la región, en el contexto de creciente militarización «antidrogas» en el Caribe.
Según el despacho, el suceso ha elevado las tensiones en el sector pesquero de Santa Lucía. El primer ministro Philip J. Pierre confirmó que «personas perdieron la vida» como resultado del ataque, aunque subrayó que su Gobierno no ha recibido notificación oficial sobre las circunstancias ni la nacionalidad de los fallecidos.
Además, indicó que la investigación corresponde a las autoridades competentes y aseguró que su Gobierno está actuando por canales diplomáticos y de seguridad para esclarecer los hechos.
El operativo fue realizado el viernes por fuerzas estadounidenses bajo la dirección del general Francis L. Donovan y, como las acciones anteriores de esa naturaleza, fue presentado por Washington como parte de su ofensiva contra el narcotráfico en la región.
Para ello, el Comando Sur aseguró que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico ilícito y que las personas abatidas eran «narco-terroristas», aunque tampoco en esta ocasión ha mostrado pruebas que respalden esa afirmación, lo que sigue señalando las muertes ocasionadas por sus militares como ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se asesina sin causa demostrada, sin aviso previo y mucho menos, luego de que hubiera mediado una eventual acusación o proceso judicial.
En Castries, la capital santaluceña, y otras comunidades costeras, el impacto ha sido inmediato, comentó el despacho de la multinacional informativa.
Representantes de cooperativas pesqueras advierten que el miedo está afectando la actividad marítima, eje fundamental de la economía familiar en sectores de ingresos bajos y medios, pues se considera que la posibilidad de ser víctimas de esos operativos militares no constituyen hipótesis lejanas.
El temor no solo incide en la seguridad individual de los pescadores, sino que amenaza la estabilidad del suministro alimentario nacional y los ingresos de cientos de hogares, agregó Telesur.
Aunque las autoridades pesqueras mantienen regulaciones estrictas sobre licencias, identificación y límites territoriales, representantes del sector reconocen que el cumplimiento normativo no garantiza protección cuando los ataques se realizan desde el aire, sin interceptación previa y sin mostrar respeto a la vida.
El hallazgo de restos de una embarcación cerca de Canouan, en San Vicente y las Granadinas, ha generado interrogantes sobre si el ataque ocurrió en aguas internacionales o dentro de jurisdicción territorial caribeña. Hasta el momento, el Gobierno de ese país no ha emitido declaración pública.
El mes pasado, familiares de ciudadanos trinitenses asesinados a través de un operativo similar presentaron una demanda ante un tribunal federal en Boston, alegando que los hechos constituyeron «asesinatos ilegales a sangre fría».
La administración del presidente Donald Trump sostiene que las acciones están dirigidas contra organizaciones que transportan drogas hacia Estados Unidos y que representan una amenaza directa para su seguridad nacional.
Sin embargo, en el Caribe insular crece la preocupación por el impacto de estas intervenciones sobre la soberanía de los Estados, la seguridad de pescadores civiles y la estabilidad regional. El Gobierno santaluceño ha insistido en que cualquier gestión se basará en hechos verificados y en la defensa de los intereses nacionales, señaló Telesur.