La UCO cita a declarar como testigos a los responsables de Emvisesa por el caso Pineda
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado este miércoles, por la tarde, a declarar en el Acuartelamiento de Montequinto a los responsables de Emvisesa por la concesión y posterior enajenación de la parcela de Higuerón que se quedó en propiedad el matrimonio formado entre el socialista Rafael Pineda y su mujer, Olga Pérez. Lo harán en calidad de testigos, no de investigados, como sí ha llamado la UCO a otros implicados en el pelotazo urbanístico que dio el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que era la mano derecha de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Hasta este miércoles, según ha podido saber ABC, habían sido llamados a declarar como investigados el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, y otras cinco personas. Todo ello, en el marco de la 'Operación Morena' en la que la Guardia Civil detuvo este martes a Pineda, a su mujer, al que fuera jefe de Terciario de Emvisesa -que se lucró con 78.000 euros de la operación- y otros dos socios del matrimonio. Estos han sido puestos a disposición judicial en la mañana de este miércoles tras tomarles declaración. Según defienden los responsables de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, fue durante el mandato del socialista Juan Espadas, en 2016, cuando se produjo la concesión para la explotación de un solar que, como el propio Pineda reconoció a ABC, estaba «ocioso». Es aquí donde la UCO investiga a los cinco detenidos por un presunto delito de cohecho, tráfico de influencias, y fraude contra la Administración. Aquella concesión, a la que sólo concurrió Olga Pérez, fue por 50 años. Años más tarde, ya con el popular José Luis Sanz en el gobierno local, Emvisesa emprendió la venta de varios solares en la ciudad con el fin de obtener beneficios para poder emprender su Plan de Vivienda. A la hora de enajenar la parcela de Higuerón, se topó con que al estar adjudicada por varias décadas a la mujer de Pineda, perdía todo el valor en el mercado inmobiliario. Nadie quiso concurrir a la subasta de venta. Sólo Olga Pérez, por apenas 40 céntimos más que el precio de salida. De esta forma, siendo la única oferta, adquirió la parcela por 1,7 millones de euros, por debajo del precio que en condiciones normales hubiera tenido este solar, 'secuestrado' al estar ya explotado. El pelotazo urbanístico final llegó cuando, apenas cinco meses después de aquella compra, cuyo dinero adelantaron dos empresarios de Sevilla al matrimonio, se le dio el pase a una empresa vinculada del holding de Burger King, que pagó 3,9 millones de euros por ella. Es decir, se redondeó un negocio que empezó en 2016: en apenas cinco meses, el beneficio que se llevaron fue de 2,2 millones de euros, que se repartieron entre sí los actores que participaron en el proceso. Entre ellos se encontraba el jefe de Terciario de Emvisesa, que ingresó en la cuenta de una empresa de la que era administrador único, Aural, 78.000 euros. Ahora, este trabajador, que fue despedido nada más saltar el caso, trata de poner el foco sobre los actuales responsables municipales que vendieron la parcela al matrimonio de Pineda. Para ello, su defensa solicitó a la juez Pilar Ordóñez, que investiga el caso, que requiriera a Emvisesa el acta de la compraventa.