Maduro será acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para facilitar envío de drogas a EE. UU.
El gobierno de Donald Trump presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una imputación de 25 páginas sobre los pasaportes diplomáticos que habría vendido Nicolás Maduro a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas para facilitar el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. El escrito judicial detalla hechos ocurridos entre 2006 y 2008, cuando el exdictador se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez.
Ambas organizaciones, según el Departamento de Justicia, actuaban como socias del llamado Cártel de los Soles, una estructura criminal vinculada a altos mandos del régimen venezolano. En el documento, al que tuvo acceso Reforma, se precisa que la droga procesada en Colombia y Venezuela se enviaba a través de una cadena de escalas logísticas en el Caribe, Centroamérica y México antes de ingresar al mercado estadounidense.
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Vuelos protegidos
En la denuncia se menciona que Maduro usaba aeronaves privadas protegidas por estatus oficial para asegurarse de que los miembros de los cárteles no fueran revisados por agencias policiales o militares. Asimismo, se sostiene que esos vuelos servían para trasladar las ganancias vinculadas al negocio ilícito de estupefacientes.
"Maduro llamaba a la Embajada de Venezuela en México para avisar que llegaría una misión diplomática. Mientras los narcotraficantes se reunían con el Embajador de Venezuela, el avión era cargado con el dinero de la venta de drogas y regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática", alega la querella.
Acusaciones de narcotráfico
La administración de Trump también acusó a Diosdado Cabello, ministro del Interior, por presuntamente recibir pagos de Los Zetas a cambio de asegurar el envío de cocaína desde Venezuela hacia México.
Además, el expediente menciona a Joaquín 'El Chapo' Guzmán como presunto patrocinador de laboratorios clandestinos en Colombia que abastecían el mercado de Estados Unidos.
"La cocaína procesada se enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México", indica el documento citado por Reforma.
México, eje logístico y financiero en la red investigada
La Fiscalía de Estados Unidos describe a México como una plataforma logística, marítima y financiera del entramado. De acuerdo con la acusación, los traficantes pagaban una parte de las ganancias para recibir protección y ayuda de políticos mexicanos.
El periodo investigado abarca de 1999 a 2019 e involucra cinco gobiernos: el final de la administración de Ernesto Zedillo, los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el expediente no formula cargos contra ningún expresidente mexicano.
En la reconstrucción del caso, los fiscales habrían recurrido a grabaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), testimonios de testigos protegidos y documentación financiera acumulada durante años de trabajo de inteligencia.