La reforma electoral como antesala fiscal
En política, las reformas rara vez son lo que dicen ser. A veces son piezas de un tablero más grande, movimientos que parecen aislados, pero que preparan el terreno para la jugada siguiente. La iniciativa de reforma electoral presentada esta semana puede leerse así: no solo como un rediseño del sistema político, sino como un gambito de gobernabilidad para despejar el camino hacia una conversación más compleja —y más costosa—: la fiscal.
Partamos de un supuesto clave. A diferencia de otros momentos en la historia reciente, la actual administración no parece dispuesta a relajar más la disciplina fiscal de manera estructural. El mensaje ha sido consistente: el déficit debe estabilizarse, la deuda como proporción del PIB no puede entrar en una trayectoria explosiva y el grado de inversión es un activo estratégico. En un entorno de menor crecimiento potencial —más cercano a 1.6–1.8% que al 2% de otras décadas—, esa disciplina no es retórica; es condición de estabilidad.
Pero ahí surge la tensión. El modelo político descansa en un gasto social amplio y visible. Pensiones, transferencias, programas prioritarios y nuevos compromisos de infraestructura generan presiones permanentes sobre el presupuesto. Si el déficit no puede ampliarse de forma sostenida y el crecimiento no ofrece una recaudación automática suficiente, la aritmética conduce inevitablemente a una reforma fiscal. Desde ese ángulo la reforma electoral cobra sentido estratégico.
Un sistema que privilegia la movilización territorial, la activación directa del voto y la cercanía orgánica con el electorado fortalece la capacidad política para defender decisiones difíciles. La ampliación de mecanismos de participación y el rediseño de la representación no solo reconfiguran la competencia; consolidan una relación más directa entre liderazgo y base electoral.
En términos prácticos, eso importa cuando llega el momento de explicar un aumento en la recaudación, una ampliación de base tributaria o una revisión de beneficios fiscales. Las reformas fiscales no fracasan por técnica económica; fracasan por debilidad política. Requieren capital organizativo, narrativa cohesionada y capacidad de movilización para sostener el costo inicial.
Desde esta óptica, la reforma electoral no debilita la disciplina fiscal; la protege. Al fortalecer el músculo político que articula apoyo territorial, crea condiciones para que una eventual reforma tributaria —gradual, focalizada y presentada como instrumento de sostenibilidad social— pueda transitar sin erosionar gobernabilidad.
Hay precedentes internacionales de esta secuencia. Gobiernos que consolidaron primero su base política antes de emprender ajustes fiscales estructurales. La lógica es sencilla: primero asegurar la mayoría y el vínculo con el electorado; después, reordenar las cuentas públicas con mayor margen.
La temporalidad tampoco es trivial. Con un entorno externo incierto —revisión del T-MEC en el horizonte, desaceleración global latente y presión sobre cadenas de suministro—, preservar estabilidad macro es un activo. Pero la estabilidad sin ingresos suficientes se vuelve frágil. Si la intención es mantener un déficit contenido y evitar un deterioro en la trayectoria de deuda, el margen de acción pasa por ingresos.
En ese contexto, la reforma electoral puede leerse como una pieza de arquitectura política que precede a una redefinición tributaria. No necesariamente una reforma amplia e inmediata, pero sí un proceso gradual: ampliación de base, ajustes en impuestos indirectos, reducción de exenciones, mayor fiscalización digital. Medidas que, acumuladas, modifican la estructura recaudatoria.
La clave está en el equilibrio. Un sistema político más centrado en movilización permite sostener cohesión interna y disciplina legislativa cuando se requieren votos para aprobar cambios fiscales. Y, al mismo tiempo, reduce el incentivo de financiar expansión de gasto vía déficit creciente. Es una forma de trasladar la tensión desde el balance público hacia la legitimidad política.
Por supuesto, toda reforma institucional tiene implicaciones sobre representación y contrapesos. Pero si se observa desde la macroeconomía, el punto central no es ese. El punto es que la disciplina fiscal no parece estar en negociación. Y cuando el déficit no es la válvula de escape, el sistema necesita otra fuente de oxígeno. Esa fuente es la recaudación.
En un país donde el ingreso tributario como proporción del PIB sigue por debajo del promedio de la OCDE, el espacio estructural existe. La pregunta nunca ha sido técnica, sino política: ¿quién asume el costo de ampliarlo? Una maquinaria política cohesionada, con fuerte presencia territorial y capacidad de movilización, es un activo decisivo para enfrentar esa conversación.
Tal vez la reforma electoral no sea el destino, sino el puente. No el ajuste final, sino la condición previa. Si en los próximos años vemos una agenda fiscal que combine disciplina con ampliación de ingresos, la secuencia habrá quedado clara. En política económica, como en ajedrez, las jugadas más importantes no siempre son las que capturan una pieza de inmediato, sino las que preparan el tablero. Y a veces, fortalecer la arquitectura electoral es la manera más eficiente de blindar la arquitectura fiscal.