Momento de definiciones
Es momento de definiciones estratégicas, no de pleitos callejeros entre los radicales de todos los colores. En este momento, mientras usted lee estas líneas, se mantiene una cacería en varios estados del Pacífico, donde los grupos paramilitares del Cártel Jalisco Nueva Generación están a la caza, literalmente, de soldados, guardias nacionales y policías estatales en represalia por la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, el domingo pasado. Decenas de elementos de las fuerzas de seguridad tienen pintada sobre su frente una diana central.
Hay más de 60 de ellos –algunos apuntan más de 100–, que tras el operativo fueron ejecutados en varios estados en los últimos cinco días. El gobierno ha reconocido únicamente 25 bajas –cuya vida tuvo un valor criminal de 20 mil pesos–, en esta confrontación que está creciendo entre las fuerzas del Estado y las milicias del CJNG, que tienen respaldo de mercenarios extranjeros y asesoría y capacitación de colombianos y venezolanos que pelearon con las fuerzas de élite rusas en la invasión a Ucrania.
El choque político que se expresa en la prensa y las redes sociales tiene que detenerse y encontrar un frente de unidad que fortalezca al Estado mexicano. La unidad nacional, particularmente en este momento coyuntural crítico, no es una consigna hueca. Es una condición de supervivencia cuando el Estado es desafiado de manera frontal.
La muerte de Oseguera no cerró un capítulo. Abrió otro. Los cárteles no funcionan como ejércitos regulares que se desmoronan al caer su comandante en jefe. Son estructuras en red, con mandos regionales, células autónomas y capacidad de adaptación violenta. En especial el CJNG, que ha perfeccionado lo que otros cárteles intentaron sin éxito: la guerra irregular.
Aunque jurídicamente el CJNG no es un actor beligerante reconocido ni un movimiento insurgente, quienes se ajustan a los principios clásicos de una guerra irregular, emplea tácticas propias de ella, como desarrollar un combate a partir de una relación asimétrica con el Estado, que evita un combate frontal sostenido. Realiza emboscadas, sabotaje, terrorismo y guerra psicológica; emplea francotiradores en zonas serranas y desarrolla inteligencia criminal infiltrada en comunidades. Se mimetiza con la población, y busca erosionar la legitimidad y capacidad operativa del Estado.
El CJNG, como otros cárteles, no pretende tomar el poder político formal, como lo hace una guerrilla, pero sí disputa el control territorial y la autoridad efectiva. Tras la operación contra El Mencho, de las zonas oscuras de la organización emergió su músculo con acciones violentas en más de 110 municipios en 20 estados de la República, mostrando alianzas poco conocidas hasta el domingo pasado, como en Reynosa, controlado por los cárteles tamaulipecos, o en Oaxaca y Zacatecas, donde el Cártel de Sinaloa era la fuerza dominante.
Ha mostrado capacidades que exceden las empleadas por el crimen trasnacional: uso de artefactos explosivos improvisados; derribe de aeronaves con misiles, como sucedió con el Blackhawk militar en 2015; emboscadas con planeación táctica, como han hecho contra marinos en Jalisco y Michoacán; bloqueos coordinados e incendios simultáneos en múltiples municipios, como sucedió el domingo pasado y, como las guerrillas, propaganda armada para las imágenes que proyecten poder, o estampas falsas para generar la percepción de ingobernabilidad.
Esta empresa criminal –porque ha rebasado el límite de ser un mero cártel de drogas– no busca sustituir constitucionalmente al gobierno, sino arrebatarle el control institucional para maximizar sus utilidades criminales. Estas tácticas características de guerra irregular elevan la calidad de su violencia y genera el riesgo de una militarización prolongada.
El Estado mexicano no está enfrentando a una organización criminal como muchas otras. La afrenta la estamos viendo. Cuando pierden a su vértice, reaccionan con sangre para demostrar que siguen vivos. Y lo están haciendo contra soldados. El mensaje es inequívoco: el Estado que se atreve a tocar la cúspide paga un costo inmediato en el terreno. La ejecución de militares y los ataques contra al menos 50 sucursales del Banco del Bienestar establecieron a quién, específicamente, le declaró la guerra abierta este cártel de terror.
En ese contexto, la discusión pública no puede degradarse a la mezquindad política-ideológica. El respaldo al Ejército no es un cheque en blanco, ni implica renunciar a la fiscalización democrática. Significa entender que cuando un grupo criminal asesina militares en represalia por la caída de su líder, el objetivo no es solo la tropa: es erosionar la moral institucional y fracturar a la sociedad. La estrategia del terror es política. Busca dividir, y cada acción tiene como propósito sembrar la percepción de que el Estado perdió el control tras abatir a su líder, para convertir una victoria táctica en una derrota estratégica.
Por eso la unidad importa. Unidad no significa silencio frente a errores operativos ni indulgencia ante abusos. Equivale a cerrar filas ante la agresión y mantener la legitimidad de la institución que, guste o no, ha sido el último recurso del Estado mexicano frente a organizaciones con capacidad paramilitar. La crítica es necesaria; la deslegitimación sistemática en medio del fuego cruzado es suicida. Los militares y policías que están muriendo no son abstracciones. Cuando caen en emboscadas diseñadas para enviar un mensaje de desafío, el país entero está siendo puesto a prueba.
La historia nos muestra que los cárteles prosperan cuando detectan vacíos políticos. Si perciben titubeo, profundizan la ofensiva. Si observan cohesión institucional y respaldo social, recalculan. No lo hacen por convicción moral, sino por costo-beneficio. Hoy el cálculo es claro: el asesinato de militares busca obligar al gobierno a retroceder y dividir a la sociedad. No podemos dejar que triunfen.
La respuesta no puede ser el repliegue ni la fractura. Debe ser firmeza con legalidad, inteligencia estratégica y una narrativa pública que no romantice al criminal ni trivialice la muerte del soldado. El Estado no puede darse el lujo de la ambigüedad. Respaldar al Ejército en este momento no es un acto de militarismo. Es una afirmación elemental de soberanía.
Es inadmisible que en el enanismo de una disputa política-electoral pensando en 2027, haya quien olvide que nos estamos jugando todos la soberanía nacional. Estamos en un cruce de caminos: si estamos dispuestos a permitir que la perdamos frente a criminales, o poner un alto en la discordia, unirnos detrás de la lucha contra los asesinos que quieren controlar nuestras vidas, y una vez superado este momento –que puede durar meses–, en otro hábitat, regresar a nuestros desacuerdos encendidos.