La incansable lucha de la hija de Berta Cáceres 10 años después de su asesinato
En la madrugada del 2 de marzo de 2016, cuatro hombres armados dispararon a Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de La Esperanza, en el sur occidental de Honduras. Berta falleció a consecuencia de los disparos poco después de la medianoche en un día aciago para el activismo social.
Su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas, le costó la vida en un caso que tuvo resonancia mundial. Una década después, la luz penetra en muchos de los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados.
En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. El equipo de la CIDH señaló que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres.
Los investigadores ponen el ojo en la poderosa familia Atala Zablah y sus vínculos con la trama. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos.
En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas. Desde entonces, murieron violentamente centenares de defensores más en Honduras bajo el terrible paraguas de la impunidad, algo que no ha parado durante los sucesivos gobiernos.
RFI pudo conversar con Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la activista, vive bajo la amenaza constante y con un objetivo vital: dar con los autores intelectuales del asesinato de su madre. Fue ella quien tomó el relevo de su madre al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
– A día de hoy hay ocho procesados y una investigación en parte incompleta, ¿de qué partes le gustaría que se arrojase luz?
Obviamente hemos dicho que de las personas que están encarceladas, muchas no lo hicieron (el crimen) por motus propio, por su voluntad, sino en respuesta a intereses o por una decisión de ciertos actores, de ciertos actores económicos a los que la lucha de mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, y la lucha del pueblo indígena de Río Blanco le estorbaba. Entonces, pues siempre nos hemos tratado de enfocar en el tema de la autoría intelectual. Nunca en Honduras se ha llevado al banquillo a un autor intelectual, ni en casos como el de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras o el crimen reciente horroroso de Juan López y nosotros creemos que este caso (Berta Cáceres) tiene la única posibilidad para lograr hacer eso.
Pero eso es una cosa muy delicada, eso nunca ha pasado en Honduras, siempre hablamos de estas 10 familias más poderosas y ellos forman parte de esas familias. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación con nuestro proyecto de lucha y con su memoria. Además, hay una responsabilidad del Estado de Honduras que no ha sido deducida porque este crimen no se cometió únicamente por la empresa. Hubo un contubernio desde criminalización, judicialización, hay militares en activo que fueron condenados.
– Para la reparación hay un concepto elemental que es la verdad y otro que es la impunidad, con el que hay un problema político en Honduras y que afecta a casos de medioambientalistas, pero también periodistas asesinados, feminicidios… ¿Qué voluntad política hay respecto a atacar esa impunidad?
Creo que hay una tensión social muy importante y una guerra mediática, una tensión política por la impunidad. He tenido acceso a autoridades de justicia con el cambio de gobierno, obviamente, que tuvimos en las elecciones anteriores (con la izquierdista Xiomara Castro). He hablado con distintos fiscales generales que han estado durante estos años con personas de las Cortes Supremas de Justicia y ahí lo dicen abiertamente: nosotros tenemos una presión y aquí vino fulano y fulano y ofrecieron dinero. Es una cosa impresionante. Son campañas en las que uno apoya a otro con dinero y luego cuando gana el cargo asegura no procesar al financiador.
– ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen a día de hoy los medioambientalistas en Honduras? Si comparamos con 10 años atrás, cuando asesinaron a su madre en 2015, si pudiéramos hacer la comparativa, ¿cómo han cambiado esas amenazas, Berta?
Bueno, yo creo que hay una cosa que nosotras hemos manifestado como una inconformidad al gobierno de Xiomara Castro. Durante estos años lo que hicimos es luchar terriblemente con todo lo que pudimos para que confirmaran las sentencias. A algunos les redujeron condena por la presión que hacían estos grupos económicos, pero las estructuras criminales, que están muy vinculadas con las élites económicas, están intactas. Por eso estas campañas que hay en contra de COPINH, nosotros denunciamos verdad, una campaña que desde que se libró la orden de captura de Daniel Atala (gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente) hasta la fecha han publicado más de cuatro mil mensajes en contra de COPINH, en contra de nosotras.
Lo hacen porque están activos, nadie ha hecho acciones para quitarle los permisos a la empresa. Entonces, si no se atacan esas estructuras criminales que propician los asesinatos, las amenazas, el desprestigio que se quiere hacer contra las organizaciones, pues no hay mucho que se pueda hacer. Obviamente han habido desalojos también a comunidades indígenas que luchan por su tierra. Y luego como amenaza está también la ocupación de territorios ancestralmente indígenas por el turismo.
– Eso respecto a las amenazas, respecto a la sensibilización de la población, ¿qué efectos tuvo el asesinato de su madre en los años posteriores? ¿Hay una sensibilización también de la opinión pública o no lo han sentido así?
Yo creo que sí, mucha gente creo que se conmovió con el asesinato de mi mami, mucha gente incluso se me acercó. Incluso de sectores empresariales. Y me dijeron que querían conocer lo que había pasado para no repetirlo. Claro, no es gente de las grandes cúpulas. Y creo que sí generó una sensibilidad, no sólo en el caso particular de ella, sino de la situación que viven las personas que defienden los derechos territoriales, pero también la situación de los pueblos indígenas.
– ¿Cómo ha sido este tiempo siendo coordinadora de COPINH? ¿Tomó ese relevo por un compromiso y por estas condiciones personales de la lucha por la memoria de su madre?
En realidad yo nunca quise ser la coordinadora de COPINH. El día que a mí me propusieron, que fue un año después de la muerte de mi mami, y yo todavía les decía, yo no, yo no quiero, por favor no… porque de hecho yo había sido como una especie de asistente de mi mami.
– ¿Entiendes ahora mejor a tu madre?
Sí, uff, mucho más, bueno, y todavía no sé cómo hacía todo lo que hacía. Yo también he sufrido mucho su ausencia, el COPINH ha estado en una situación muy vulnerable. Pues aceptar la propuesta de ser coordinadora en la Asamblea, donde fui elegida, pues fue con el compromiso de que todos y todas íbamos a seguir esa lucha, que era un compromiso colectivo pero también he tenido un apoyo muy grande de mi propia organización, de mi pueblo, de muchas mujeres indígenas que desde su espiritualidades nos han sostenido… No es algo que yo escogí pero vino así.
– ¿Ahora vives bajo protección?
Soy beneficiaria de unas medidas de protección que no se cumplen y reiteradamente denunciamos el incumplimiento. En Honduras se creó, con el asesinato de mi mami, un mecanismo nacional de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, pero que nunca se ha cumplido totalmente. Trabajo permanente en la Comisión Interamericana, que es la que dictamina las medidas cautelares pero esas medidas no van a garantizar la protección.
– ¿Las amenazas y el miedo cómo los llevas?
El miedo no es algo que esté en mi día a día. Yo creo que una persona que tenga miedo no puede hacer este trabajo y no puede vivir en este país. Yo a veces más he temido y he sufrido mucha angustia por otras de mis compañeras que han estado en situaciones demasiado delicadas y en las que uno a veces se siente impotente de qué es lo que se puede hacer. Yo no soy una persona muy atenta a las cosas de la seguridad, pero hemos implementado algunos protocolos que nos hacen tener una vida un poco anómala, distinta al resto de las personas, sobre todo por no salir de noche, no estar en ciertos lugares, no exponerse en ciertas situaciones. Es un espacio muy cerrado, digamos, y bueno de cuidarnos colectivamente entre todas las personas de COPINH, ésa es nuestra máxima protección.