Defensoría pide proceso de institucionalización de fiscales departamentales
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informar cuándo se iniciará el proceso de institucionalización para la designación de fiscales departamentales en el país, con el objetivo de garantizar la transparencia, la independencia de los operadores de justicia y el respeto al debido proceso.
Mediante una nota institucional la institución recordó que tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tienen la misión de proteger a la sociedad y precautelar los derechos fundamentales de la población, lo que implica fortalecer los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad en la administración de justicia.
En ese marco, la Defensoría señaló que el artículo 33 de la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que los fiscales departamentales deben ser designados por el Fiscal General previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos mediante concurso público, mecanismo que permite garantizar procesos transparentes y basados en criterios de mérito.
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Sin embargo, la Defensoría recordó que el último intento de institucionalización se realizó en 2021 durante la gestión del entonces Fiscal General Juan Lanchipa, proceso que fue declarado desierto. Desde entonces, las designaciones de fiscales departamentales se han realizado de manera directa.
La Defensoría del Pueblo advirtió que esta práctica se ha sostenido mediante la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 260, que permitía de manera excepcional que el Fiscal General realice designaciones directas “por única vez”, mientras se consolidaba el sistema de carrera fiscal.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo pidió a Mariaca informar cuándo se prevé iniciar el proceso de institucionalización mediante convocatoria pública y concurso de méritos para las nueve fiscalías departamentales del país, con el propósito de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
La Defensoría del Pueblo reafirmó que continuará promoviendo acciones orientadas a consolidar una administración de justicia transparente, independiente y basada en el respeto pleno de los derechos fundamentales de la población.
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