La UE alerta de que España continúa sin una autoridad independiente que proteja a quienes denuncian casos de corrupción

El informe sobre el Estado de derecho en la UE que publica la Comisión Europea insta a que se cree un organismo que proteja a estos informantes.

Un año después de haber aprobado la norma de protección al informante, que protege a quienes denuncian casos de corrupción, España sigue sin crear la autoridad independiente a cargo de este amparo. Así lo subraya el último informe sobre el Estado de derecho en 2024 publicado por la Comisión Europea, en el que insta a cumplir con la directiva. 

“La ley crea la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, designada como competente para recibir denuncias externas de informantes y denuncias de corrupción. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha realizado el nombramiento correspondiente”, recoge el informe.

¿Qué es la directiva de protección de informantes? Esta es una normativa impulsada por la Unión Europea que tiene como objetivo que los Estados miembro creen una autoridad externa que tenga las competencias para recibir denuncias de informantes y de corrupción. 

La ley en España. En España se aprobó la creación de esta autoridad a través de la ley 2/2023, aprobada en febrero del año pasado, por la que se transpone la directiva europea. En ella, se ofrece amparo a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ya que tiene como finalidad dar la “protección adecuada” a aquellas personas que puedan sufrir consecuencias de haber denunciado casos de corrupción.

• Esta es una norma que, según se define a sí misma, persigue “fortalecer la cultura de la información” con la creación de la citada autoridad independiente, así como “prevenir y detectar amenazas al interés público”, como es el caso de la corrupción. 

La Autoridad Independiente de Protección al Informante. El real decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante expone que esta debe ser una “autoridad administrativa independiente” que deberá contar con “plena independencia respecto del Gobierno” y con potestad sancionadora.  

• El organismo se financiará con los créditos presupuestarios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta que este organismo pudiera contar con un presupuesto propio. 

Contexto. La norma está en vigor en Europa desde el 16 de diciembre de 2019 y la fecha límite para su transposición en los países de la UE se fijó en el 17 de diciembre de 2021.

• La falta de cumplimiento de la directiva hizo que Bruselas enviara 24 cartas de notificación a 13 países miembros en 2022, entre los que se encontraba España. 
• Tras considerar insuficientes algunas respuestas, la Comisión trasladó el caso de ocho países, incluido España, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2023.

Transparencia Internacional revisó las leyes de protección de los denunciantes de 20 de los Estados miembros de la Unión y descubrió que 19 de ellos no cumplen la directiva y que ninguno de los 20 aplica de forma plena las prácticas.