Toralla, la isla privada por cuyos accesos públicos luchan asociaciones de vecinos y ecologistas de Vigo

La isla de Toralla, situada en el término municipal de Vigo, está en el punto de mira de asociaciones de vecinos y entidades ecologistas. La empresa privada que la gestiona infringe la ley de costas al impedir que los habitantes que no residen en la isla puedan entrar en ella, salvo a una playa.

• Los no residentes solo tienen acceso a la playa de O Vao, lo cual fue posible gracias a una sentencia judicial.

• Ninguna isla es completamente privada, ya que la ley de costas establece el acceso libre a, al menos, los 100 primeros metros de franja de costa y tierra.

• Dominio público marítimo-terrestre. Es la franja de costa, generalmente de 100 metros, que pertenece al Estado y está destinada al uso común de todos, sin posibilidad de propiedad privada.  En algunos lugares puede extenderse hasta 200 metros o más, especialmente en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. 

• Servidumbre de protección. Es la franja de tierra, de 100 metros de ancho, a partir de la orilla del mar hacia el interior, donde se aplican ciertas restricciones para proteger el área. Están diseñadas para preservar el medio ambiente o evitar construcciones no autorizadas en esa zona cercana al mar.

• Servidumbre de tránsito. Es una zona de 6 metros de ancho que se extiende desde la orilla del mar hacia el interior. Esta área debe mantenerse siempre libre para que las personas puedan caminar y para que pasen vehículos de vigilancia y rescate. Sin embargo, en lugares donde el acceso es complicado o peligroso, esta franja puede ampliarse hasta 20 metros si es necesario. En algunas áreas protegidas, puede haber restricciones sobre el uso de esta franja.

Reivindicación de los vecinos de los alrededores de la isla de Toralla, en Vigo. San Miguel de Oia es la parroquia colindante. El presidente de la Asociación de Vecinos, Ángel Goberna, explica a Newtral.es que «solo tenemos acceso, a través del puente, a la playa», es decir, a los dos arenales que hay a los lados del puente, pero no a la zona perimetral de servidumbre de paso porque las construcciones están «pegadas al mar».

• En este sentido, Goberna indica que el artículo 27.1 de la ley de costas afirma que hay que respetar la servidumbre de tránsito, establecida en seis metros, que «debe estar destinada para uso público peatonal».

• Además, señala que el artículo 25.1 lo que está prohibido realizar en la zona de servidumbre de protección, como por ejemplo, «las edificaciones destinadas a residencia o habitación».

Reivindicaciones ecologistas. Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, señala, tras la pregunta de Newtral.es, que «se incumple la ley de costas», en referencia a la ley de protección y uso sostenible del litoral. «Esta establece el acceso libre, público y gratuito a la ribera del mar a pie, pero en Toralla solo se permite a la playa», afirma Santos. El acceso a la playa fue posible tras una sentencia judicial del Tribunal Supremo de 1997.

• El Gobierno reconoce que en la zona suroeste existen distintas ocupaciones –en terrenos de dominio público marítimo-terrestre– ejecutadas al amparo de las correspondientes concesiones, otorgadas la mayoría en 1975.

• A este respecto, Santos afirma que la isla no se puede rodear debido a estas construcciones, muros y piscinas que ocupan «las servidumbres de protección, tránsito y acceso», y que después fueron legalizadas con concesiones públicas.

Reacciones. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha respondido concretamente a la pregunta de Newtral.es sobre la duración de la concesión. Tampoco ha sido posible obtener una respuesta de Toralla S.A., en el momento en que se publica este artículo, sobre su opinión al respecto de la posible habilitación de la servidumbre de tránsito en Toralla, ni tampoco sobre las reivindicaciones de los ecologistas y de las asociaciones de vecinos de Vigo.

Fuentes

Registro Mercantil

Ley de costas

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia

Ley de protección y uso sostenible del litoral

Tribunal Supremo

Ministerio para la Transición Ecológica