Toralla, la isla privada con concesión pública cuyo acceso restringido incumple la ley de costas

La isla de Toralla es una isla privada, en el foco por incumplir la ley de costas, que sufrió un proceso de especulación urbanística al calor del desarrollismo franquista de la década de los 60 y principios de los 70. Toralla S.A. es la empresa que ha convertido esta isla en una urbanización de lujo. El presidente es César Real Rodríguez, exconsejero de Pescanova. Entre los consejeros figuran César Mata Moretón, también exconsejero de Pescanova y Antonio Álvarez Ossorio Costa, expresidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Pontevedra.

Sin embargo, no toda la isla de Toralla es privada debido a la ley de costas. Para garantizar el cumplimiento de la legislación hay que determinar el dominio público marítimo-terrestre, lo cual, según el Ministerio para la Transición Ecológica, se hizo mediante orden ministerial el 26 de marzo de 2010. Esta orden coincide, según el ministerio, con el deslinde aprobado en el año 1969.

  • Acceso restringido. Los ciudadanos que no son residentes de la isla –solo tiene 159 habitantes, según datos del INE de 2023– no pueden acceder a ella, salvo a la playa de O Vao. Esta se encuentra en su parte sur y  es el único lugar al que pueden entrar los no residentes, afirma el Ayuntamiento de Vigo. Tanto a la playa como a la isla se accede a través de un puente. El acceso a la isla lo controla Toralla S.A.
  • Dominio público marítimo-terrestre. Es la franja de costa, generalmente de 100 metros, que pertenece al Estado y está destinada al uso común de todos, sin posibilidad de propiedad privada.  En algunos lugares puede extenderse hasta 200 metros o más, especialmente en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. 
  • Servidumbre de protección. Es la franja de tierra, de 100 metros de ancho, a partir de la orilla del mar hacia el interior, donde se aplican ciertas restricciones para proteger el área. Están diseñadas para preservar el medio ambiente o evitar construcciones no autorizadas en esa zona cercana al mar.
  • Servidumbre de tránsito. Es una zona de 6 metros de ancho que se extiende desde la orilla del mar hacia el interior. Esta área debe mantenerse siempre libre para que las personas puedan caminar y para que pasen vehículos de vigilancia y rescate. Sin embargo, en lugares donde el acceso es complicado o peligroso, esta franja puede ampliarse hasta 20 metros si es necesario. En algunas áreas protegidas, puede haber restricciones sobre el uso de esta franja.

El Gobierno reconocía en enero de 2019, respecto a la isla de Toralla, que la ley de costas, establece «el acceso libre, público y gratuito a las playas, incluso en las islas de titularidad privada». En este caso, afirma que «esta exigencia debe ejercerse en el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos».

  • Consultado sobre la actual situación, el Ministerio para la Transición Ecológica asegura a Newtral.es que «la habilitación de la servidumbre de tránsito (…) es uno de los objetivos presentes de la Dirección General de la Costa y el Mar». La servidumbre de tránsito es la zona de 6 metros de ancho que se extiende desde la orilla del mar hacia el interior.
  • En estos momentos, afirman, el Servicio Provincial de Costas está trabajando en la licitación del contrato de servicios que permitirá «la apertura de la servidumbre de tránsito». Para ello, están «analizando los condicionantes técnicos, jurídicos y administrativos que permitan llegar a la mejor alternativa», señalan las mismas fuentes.

Viviendas de lujo. Hay siete chalets a la venta en la isla de Toralla, a través de Idealista. Todos tienen entre seis y nueve habitaciones, y están valorados entre 1,75 y 2,2 millones de euros. En San Miguel de Oia, parroquia colindante, se pueden encontrar pisos por unos 300.000 millones de euros, pero la zona costera está plagada de chalets que superan el millón de euros. En el caso de Toralla, hay un total de 34 parcelas para casas de lujo, una torre de 21 pisos y 135 viviendas, según elDiario.es.

Reivindicaciones ecologistas. Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, afirma a Newtral.es que la isla no se puede rodear debido a que hay construcciones, muros y piscinas que ocupan «las servidumbres de protección, tránsito y acceso», y que después fueron legalizadas con concesiones públicas. Por tanto, señalan que en Toralla se incumple la ley de costas.

Fuentes

Registro Mercantil

Ministerio para la Transición Ecológica

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Ayuntamiento de Vigo

Ley de costas

Idealista

elDiario.es

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