La Fiscalía Anticorrupción pide que el Supremo investigue al eurodiputado Alvise por presunta financiación ilegal
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del eurodiputado Alvise Pérez en el Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal de partidos en relación con la supuesta obtención de 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.
- El Ministerio Público ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a Alvise, al ser este el órgano competente por su aforamiento como eurodiputado, según indica la Fiscalía a Newtral.es.
[Qué implica estar aforado y que te juzgue el Tribunal Supremo]
- Lo último. Calama, a su vez, ha enviado este martes un escrito al Parlamento Europeo para que le remita la condición de eurodiputado de Alvise. Este es el paso previo antes de que el magistrado envíe la causa al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado.
Contexto. El empresario Álvaro Romillo (Cryptospain) denunció ante el juez a Alvise y afirmó haberle entregado el pasado 27 de mayo 100.000 euros para su campaña electoral de los pasados comicios europeos, como apunta la Audiencia Nacional.
¿Qué está pasando con Alvise?
- El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria a Alvise, dada su condición de aforado, el 20 de noviembre para que pudiera aportar documentos y participar en la instrucción de la causa. Pero este no se presentó.
- Quien sí acudió a declarar fue el empresario Álvaro Romillo, investigado a su vez por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest. Alvise también está siendo investigado por este motivo.
Investigación en el Tribunal Supremo. Tras la declaración de Romillo la Fiscalía Anticorrupción cree que ha llegado el momento de enviar el procedimiento que afecta a Alvise al Tribunal Supremo para que abra una investigación sobre esta presunta financiación ilegal.
Fuentes
Audiencia Nacional
Fiscalía General del Estado
Parlamento Europeo