1.500 casos de exclusión médica en año y medio: el 68% incumple la reforma sanitaria
Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.
Detrás de las cifras recogidas en un informe de la Red de Denuncias y Resistencia al Real Decreto (REDER) asoman historias de desinformación, de errores y, en muchos casos, de incumplimientos. Ilegalidades que han apartado de la sanidad pública a personas que, aun con la reforma de 2012, tenían derecho a que les atendieran en una consulta. En total, un 68% de los más de 1.500 casos registrados.
Es el caso del hijo de Carolina González, española de 35 años. González volvió a su ciudad natal, Santiago de Compostela tras vivir una temporada en Ecuador, con su bebé de pocos meses. Acude con el pequeño al médico, que se encontraba enfermo, y al principio no quería atenderle por no tener tarjeta sanitaria. Finalmente, ante la insistencia de la madre, la vieron: tenía anemia pero rechazaron hacerle unas pruebas. Días después, les llegó una factura a casa por la atención recibida.
Carolina cuenta en un vídeo la "impotencia" que sintió. El proceder del personal sanitario fue un incumplimiento del denominado 'decretazo sanitario'. Como éste, el estudio de REDER –de la que forman parte 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales)– da cuenta de 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.
Los datos también están desglosados por enfermedades, por las patologías que se han quedado a las puertas de alguna sala de espera sin tratamiento. O con una factura después de la atención. Son "31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, ocho de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado tratamiento sanitario y 27 de personas con graves problemas de salud mental", indica el estudio.
Y siempre, el recuerdo de las organizaciones a los casos sin nombre, a las personas que no acudieron a pedir ayuda tras ser víctimas de exclusión sanitaria y cuyas historias quedaron en el olvido. "Son muchas más las personas que careciendo de arraigo y redes sociales de apoyo han quedado en el más absoluto desamparo sufriendo".
La principal conclusión del informe es contundente: "Se trata de un auténtico sistema de exclusión generalizada". Y, además, ineficaz. La plataforma indica que la norma "no se justifica ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni económico, ni de salud pública, ni desde la ética médica".
Personas con papeles y sin tarjeta sanitaria
Las personas más afectadas por la norma de 2012 han sido los inmigrantes en situación irregular, a los que se deniega la tarjeta sanitaria por no tener 'papeles'. Suponen 1.067 casos del total de 1.567. El resto, son personas que aun teniendo 'papeles', la residencia legal en España, se han visto afectados por la exclusión.
Los familiares ascendientes reagrupados desde terceros países son un ejemplo que destaca por la indefensión en la que se encuentran estas personas. Sus hijos, inmigrantes regulares (a veces nacionalizados) los trajeron a España siguiendo la ley española de Extranjería pero a su llegada les niegan la tarjeta sanitaria. En su caso, no tener sanidad pública es casi un sinónimo de no tener ningún acceso a la sanidad. Los seguros privados les rechazan como clientes porque no son rentables.
Natalia cuenta en un vídeo la experiencia que sufrió con su padre. El Gobierno ha inciado la expulsión de, al menos, dos ancianos a los que deniega la sanidad. Cuando las familias han acudido a los tribunales han ganado a la administración pública: la justicia ha reconocido su derecho a la sanidad pública.
No valen "parches"
El informe ve la luz en un momento en el que el Gobierno ya no defiende la exclusión que convirtió en ley, negro sobre blanco, en 2012. El Ejecutivo no quiere derogar la norma pero ha iniciado las conversaciones con las Comunidades Autónomas para que se amplíe la asistencia a las personas que dejó sin tarjeta sanitaria. Una ampliación que estará condicionada, según el plan de Sanidad, al empadronamiento de estas personas (seis meses de mínimo) y a la atención primaria. La atención especializada dependerá del criterio del personal médico.
Desde REDER indican que los "parches" legislativos no son suficientes. La ley, indican, ha generado tal desinformación que aún tienen lugar incumplimientos tres años después de su aprobación. Además, las regiones donde han creado programas especiales que extendían las situaciones en las que atender a las personas sin tarjeta sanitaria tampoco han quedado exentas de estos casos. "Al menos un 73%" de todos los casos registrados procedían de estas regiones.
"Con estos datos la única salida es la derogación del Real Decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", ha explicado la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, en la presentación del informe este jueves.