El juez impone una fianza de 232 millones a Olivas y cuatro exdirectivos de Bancaja

El juez Juan Pablo González ha fijado fianzas solidarias de 264,4 millones de euros para el expresidente de Bancaja Jose Luis Olivas y a otros cuatro exdirectivos de la entidad por la concesión de préstamos para el proyecto "Grand Coral" en el Caribe mexicano.

El juez Juan Pablo González ha impuesto también, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una fianza de 627,21 millones de euros a los dos empresarios a los que supuestamente favorecieron con los préstamos, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Para calcular las multimillonarias cuantías, el instructor ha cuantificado en 198,3 millones la cifra de la apropiación indebida y estafa, más el tercio que prevé la ley, y ha tenido en cuenta el "profundo conocimiento" del mundo financiero internacional por parte de los imputados, que aconseja adoptar medidas para afianzar sus responsabilidades civiles.

En siete autos, González explica que los hechos investigados son "graves, complejos y aparentemente delictivos", ya que se centran en si cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral.

Detenido en junio

Olivas, que antes de llegar a Bancaja fue presidente de la Generalitat valenciana con el PP, fue detenido en junio pasado junto al ex director general Aurelio Izquierdo, el ex director general adjunto José Cortina el ex consejero delegado Domingo Parra y uno de los que fuera miembro del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja Rafael Codoñer, a los que también afecta la medida.

Tras pasar tres días arrestados, el juez dejó en libertad a Olivas y Parra con la obligación de comparecer quincenal y mensualmente en el Juzgado, respectivamente, pero envió a prisión bajo fianza de medio millón a Izquierdo y Cortina, que la pagaron poco después. Los empresarios, por el contrario, permanecen en la cárcel de manera incondicional.

González investiga las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorana en Riviera Maya, que fueron financiadas por préstamos y créditos otorgados por Bancaja , Banco de Valencia y Bancaja Miami, así como otras relacionadas con la refinanciación de la deuda del grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldó y el empresario Juan Poch, el juez cifra en 140 millones las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el fondo de rescate español, el Frob, de 246 millones, que el Banco de España elevó a 250 millones.

Con esas plusvalías, los tres iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Los correos electrónicos intervenidos a los máximos directivos de Bancaja revelan el malestar de los cargos intermedios ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios.

Aún así, los imputados, que mantenían una "estrecha relación" con los empresarios, no sólo "no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades", favoreciendo los intereses particulares de Ferri y Baldó en contra de los socios mayoritarios y de las entidades.

El también expresidente de la Generalitat valenciana actuó como máximo dirigente de Bancaja y Banco de Valencia, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Recoge además los informes de la UCO en los que se recopilan las numerosas irregularidades y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas de Andorra y Suiza.

Ello despertó las quejas de los directivos intermedios, que parecían "no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos".

Una actuación "difícilmente explicable" para el magistrado, que añade que los viajes a Cuba de Olivas y otros altos cargos acompañando a los empresarios y sufragados por estos últimos "difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios".