Fernández Díaz propuso utilizar la Fiscalía para acelerar la publicación de un caso contra CDC
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, propuso utilizar a la Fiscalía para acelerar la publicación de un supuesto caso de prevaricación en el que estarían involucrados dos consellers de CiU de los gobiernos de Artur Mas, Felip Puig y Francesc Homs, que en aquel momento estaban investigados por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC). El director de la Oficina, Daniel De Alfonso, consideraba que primero tenía que cerrar los expedientes para que no pudieran relacionarle a él, para lo que Fernández Díaz le propone utilizar a la Fiscalía.
"A mí me mata, porque esto se puede publicar si quieres, ministro... si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente", le reclama Daniel de Alfonso al ministro, según las grabaciones que ha revelado el diario Público este miércoles. "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", le responde el ministro.
Más adelante, en la conversación entre los dos hombres sobre la fabricación de casos de corrupción contra políticos independentistas, el ministro vuelve a dar muestras de su particular visión de la separación de poderes. En un momento del diálogo, De Alfonso se muestra preocupado por que los casos que el ministro quiere filtrar acaben explotándole a él. "Yo soy español por encima de todo, ministro, pero [si esto sale] a mí me hunde, tengo familia", le suplica. Fernández Díaz le tranquiliza sugiriendo su capacidad de presionar al poder judicial: "Es que el tema aquí es para hablar con el fiscal general y decirle: 'Oye, mira, hay esto, ¿no?'. ¿Me explico?".
En un momento de la conversación, Daniel de Alfonso muestra su total fidelidad al ministro, pese a ostentar el cargo de director de la Oficina Antifraude de Catalunya, perteneciente a la Generalitat –aunque independiente del Govern– y votado por el Parlament. "Considérame un cabo de tu cuerpo nacional", le dice De Alfonso al ministro.
Dar "un coscorrón" a Francesc Homs
En las conversaciones reveladas este miércoles, que continúan de las publicadas el martes, el ministro y el jefe de Antifraude se traen entre manos la publicación de un supuesto caso de prevaricación mediante el que dos cuñadas de Felip Puig habrían ascendido de categoría profesional mediante un decreto firmado por el entonces conseller de presidencia, Francesc Homs. Según explica De Alfonso, la investigación que están haciendo desde Antifraude puede servir para darle "un coscorrón", pero no puede filtrarse hasta que el caso no sea judicializado, y esto debe hacerse a través de la Fiscalía.
"Yo puedo hacer la gestión con el fiscal general. Pero, claro, me va a pedir documentos", alega Fernández Díaz, que le pide llevarse el borrador del informe que De Alfonso le ha llevado redactado. "Podemos hacer una cosa", le responde el jefe de Antifraude, "yo tengo la semana que viene una reunión con Pedro... con Fernando Bermejo, fiscal Anticorrupción. Reunión-comida con él. Se lo enseño, que se lo lea delante de mí, que se lo aprenda y que él llame a Fiscalía o lo que sea".
La fórmula satisface a Fernández Díaz quien, sin embargo, apuesta por apretar aún más para acelerar las cosas: "Y, si queréis, nosotros le decimos… ¿Yo le puedo contar a Eduardo [Torres Dulce, el fiscal general del Estado] que nos hemos visto, que he hablado contigo, que tengo conocimiento de esto?". "Sí, sí", le responde escueto De Alfonso.
Posteriormente, el ministro y el jefe de Antifraude hablan sobre qué tipo de documentos pueden ser filtrados a la prensa. Fernández Díaz se muestra cuidadoso con que nadie pueda relacionar los informes con investigaciones policiales, sino judiciales. "Con estos documentos, que no tienen membrete ni nada los podéis haber obtenido… Con esos documentos y sabiendo que se refieren a dos hermanas, en la misma época... ¿Estos podrían salir, no?", le pregunta De Alfonso, a lo que el ministro responde: "Pero yo creo que, si salen, mejor que haya ido primero a la Fiscalía. Lo ideal es: si eso está en el juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de la Policía ni de investigaciones policiales; nadie va a sospechar".
En la época en la que se produjeron los hechos, el fiscal general del Estado era Eduardo Torres-Dulce, quien acabó dimitiendo tras desobedecer las órdenes del Ejecutivo cuando éste le reclamó que presentara una querella contra Artur Mas y miembros de su Gobierno por seguir adelante con la consulta independentista del 9-N.