El Gobierno de Castilla y León oculta cuántos coches oficiales cede a otras administraciones

La Junta de Castilla y León oculta en su portal el número de vehículos oficiales que ha cedido a otras personas o administraciones, sólo refleja el número de coches que posee. A partir de ahora tendrá que dar explicaciones precisas sobre las cordiales relaciones que mantiene con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), por ejemplo, porque el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición con la que pretende que se aclare cuantos vehículos oficiales ha cedido.

Esta solicitud se produce después de que eldiario.es publicase que la Junta cede, desde el año 2008, dos vehículos al Tribunal Superior de Justicia. El Ministerio de Justicia facilita a los presidentes de los tribunales superiores un Renault Megane. Sin embargo, tal y como confirmaron desde el propio ministerio, en 2008 el presidente del TSJCyL comunicó que utilizaría uno de la Junta de Castilla y León. El asunto se comunicó, pero no se facilitó un sólo papel. "No nos dieron convenio porque es que no se firmó nada", explicaron fuentes ministeriales.

La Junta confirmó a este diario la utilización de dos vehículos Peugeot 607 por parte del TSJ, pero curiosamente, la resolución que registra esa autorización es de fecha 28 de julio de 2011 y por parte de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia. Es decir, que aunque los vehículos llegan a manos del TSJ en 2008, tal y como comunica el presidente a Justicia, la situación no se regulariza hasta tres años después.

La Junta se negó a facilitar el acuerdo alegando cuestiones de seguridad, pero ahora, con la petición del Grupo Socialista tendrá que hacerlo, junto a otros acuerdos de cesión a otras instituciones públicas o privadas, si los hubiese.

No es el único paso dado por los socialistas y que afecta a las relaciones entre Gobierno regional y TSJ. El PSOE también ha registrado una Proposición no de Ley para que la Junta de Castilla y León inste a su vez al Gobierno de España a que elimine "la participación de asambleas legislativas de las comunidades autónomas en la propuesta de candidatos de una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia, de forma que su selección sea realizada por los órganos de gobierno del Poder Judicial en función de criterios objetivos".

Es decir, que quiere que los magistrados se nombren igual que los del Tribunal Supremo: a propuesta única del Consejo General del Poder Judicial.

Esta petición se produce después de que eldiario.es informase de que uno de los magistrados del TSJ, Ignacio de las Rivas Aramburu, es primo político del presidente Juan Vicente Herrera, con quien mantiene una relación cercana, ya que incluso han compartido vacaciones.

El magistrado De las Rivas Aramburu, que no es juez profesional, accedió a la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en 2006 a través del turno de juristas de reconocido prestigio de la terna remitida por las Cortes de Castilla y León al Consejo General del Poder Judicial, que es quien mediante votación, decide (Artículo 330.4 LOPJ).

Su propuesta se aprobó con la mayoría del PP y sin que nadie comunicase la relación familiar con el presidente. La Sala de Civil y Penal es la encargada, entre otras cosas, de las causas que afectan a aforados.