La Seguridad Social pide a las empresas más datos de los empleados que están de baja médica

Más de ocho millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 14.000 millones de euros han convertido la gestión de las bajas laborales en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social y en el quebradero de cabeza de los gestores públicos. Fracasados los intentos de controlar los abonos, y cerrada la puerta a que las mutuas controlen las ausencias al trabajo en procesos traumatológico, los más largos y frecuentes, la nueva vía ahora es pedir datos complementarios de los trabajadores de baja a las empresa, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Pero la iniciativa no está prosperando, motivo por el que el Gobierno ha pedido ayuda a la CEOE. En una carta remitida por la directora general del INSS, Mª del Carmen Armesto, a la directora del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal, Rosa Santos, la responsable de la Seguridad Social explica las acciones que se están llevando a cabo para mejorar el control de la incapacidad temporal, «teniendo en cuenta la importancia de garantizar la gestión eficiente y transparente de los procesos relacionados con la salud de los trabajadores, y el convencimiento de que una colaboración estrecha entre empresas y entidades competentes es fundamental para lograr este objetivo». Armesto relata en la misiva que la Seguridad Social ha puesto en marcha «una serie de medidas encaminadas a obtener una información completa y precisa cuando recibimos el parte de baja de un trabajador». Explica que esa información es esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo «un control adecuado de las situaciones de incapacidad temporal». Para ello, los gestores públicos están reclamando a las empresas que les remitan información sobre el puesto del empleado que está de baja y la descripción de las funciones que realiza en la empresa. Sobre el puesto, la ejecutiva de la Seguridad Social explica que «proporciona una descripción detallada de las funciones y tareas asociadas a su puesto. Conocer este código del trabajador en situación de incapacidad-relata- nos permite comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales». Sobre la descripción de las funciones del empleado, Carmen Armesto asegura que esta información «nos permite evaluar de manera más efectiva las implicaciones de su incapacidad temporal en relación con sus responsabilidades laborales». Y también deja claro que la información proporcionada «sea concisa pero completa, pues la calidad de los datos es fundamental para tomar decisiones informadas y garantizar un control adecuado de la incapacidad temporal (IT) del trabajador», Prosigue la responsable del INSS relatando que «es evidente» que la falta de conocimiento detallado sobre las funciones laborales dificulta la labor de los inspectores médicos y que puede afectar negativamente a la gestión de la prestación. «Por tanto -dicen- instamos a las empresas a colaborar activamente en este proceso y proporcionar la información solicitada de manera oportuna y precisa». Sin embargo, la responsable de la Administración se queja de la poca colaboración de las empresas. Así, explica que «con independencia de la difusión que venimos realizando a las empresas, a través de los Boletines de Noticias RED , sobre la necesidad de contar con esta información, y habida cuenta de que estamos detectando que en no pocos casos no se remite la misma, o bien es de poca calidad la información remitida, me dirijo a ti con el ánimo de poder recabar vuestra colaboración en la difusión de esta información a las empresas». Mientras, el departamento que dirige Elma Saiz ha elaborado ya el acuerdo marco con instrucciones a las autonomías para que elaboren, a su vez, sus propios convenios para «evitar la prolongación innecesaria de los procesos» y que se circunscribirán a procesos de IT de origen traumatológico, que se listarán en el convenio, en el que la cobertura corresponda a las mutuas. En la instrucción, el Gobierno aleja la participación de las mutuas en el alta de los trabajadores con procesos traumatológicos , tal y como estas llevan años pidiendo y según el acuerdo, al que ha tenido acceso este medio, su participación se reduce a la realización de pruebas, que precisarán de autorización del médico de los servicios públicos de salud y del paciente. En acuerdo especifica que corresponde al médico de atención primaria el alta y baja del trabajador, así como la «determinación íntegra de la asistencia sanitaria». Puntualiza también que una vez recibida la propuesta del INSS, la mutua podrá en un plazo de cinco días hábiles citar al paciente para la realización de pruebas, que deberán poner a disposición del Servicio Público de Salud. Este tendrá una semana para realizar la atención asistencial.