La comida sobrante de los hoteles y restaurantes de Málaga alimentará a 40.000 familias

Cada día, los hoteles, restaurantes, empresas de catering o supermercados tiran toneladas de comida ya preparada en la provincia de Málaga. Son miles de negocios desechando menús, que podrían aprovecharse. Un excedente que por ley, además, están obligados a reducir. Por eso, desde la Diputación de Málaga, en colaboración con Bancosol, la Universidad de Málaga o los empresarios, creará una plataforma digital, llamada 'Málaga no caduca', que aprovechará todo ese excedente con un fin social, que va desde alimentar a 40.000 familias a crear perfiles de personas en riesgo de exclusión o de abandono a los que poder ayudar. La plataforma digital que se va poner en marcha de la mano de Air Miles es pionera en España. Es una base datos y un punto de conexión entre las empresas que ofrecen los menús, las familias que están dadas de alta y los intermediarios que hacen las valoraciones y los repartos. Todo se articula a través de esta herramienta para eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que se derivan de esas situaciones. «No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, algo que está directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar o con la obesidad», ha apuntado Francisco Salado, presidente de la Diputación, que aporta 10 millones de fondos propios para hacer realidad el proyecto y que prestará una atención especial a los menores y a los mayores. «Todo esto está vinculado también con el coste sanitario, porque mejorando la calidad de la nutrición se previenen muchas patologías», ha indicado. Pero la alimentación es solo la puerta de entrada para descubrir problemas y atajarlos. «Gracias a esta actuación podremos acercarnos a la realidad de estas personas, investigarla y desarrollar itinerarios personalizados que les ayuden a encontrar empleo o a solucionar problemas, como la soledad no deseada, según cada caso», ha añadido Salado. 'Málaga no caduca' se enmarca en la nueva Ley de Economía Circular andaluza, que persigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales. Uno de los objetivos es reducir el impacto medioambiental de las empresas y evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen corporativa y sociales. El proceso de trabajo se está diseñando al detalle. Por un lado los donantes al Banco de Alimentos, por otro las entidades sociales y, finalmente, la llegada a los beneficiarios. Esto se hará a través de un proveedor de servicios sociales , que gestionará todo el proceso con una base de datos única e integrada. A esto se añade la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya que hay que recoger los productos ya elaborados, que algunos caducan incluso en 24 horas, y garantizar su buen estado. Para eso se ha diseñado un riguroso protocolo de envasado, etiquetado y seguimiento de trazabilidad, que tendrán que hacer los negocios adheridos antes de enviar todos esos menús a las familias. La Diputación de Málaga tiene previsto destinar diez millones de euros en cinco años, si bien no será a fondo perdido. 'Málaga no caduca' será el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España. Esto conlleva que el pago al proveedor del servicio se hace en función de los resultados. Se valora el reparto de alimentos, la inserción laboral o la lucha contra la soledad no deseada y, en función del c umplimiento de objetivos se abona el porcentaje. «Ojalá se cumpla al 100% y se abone por completo, porque el retorno y los beneficios sociales serían muy superiores», ha deseado Salado. El proyecto ya cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que lo ve viable, y, según la consulta preliminar que se ha realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo. El BEI incluso ha abonado la consultoría previa para la valoración. Además, Salado ha explicado que una peculiaridad de este tipo de contratos es que el riesgo lo asume una entidad privada , que adelanta el dinero. Por lo tanto, hay tres actores fundamentales: la administración, el proveedor de servicios y el inversor social. La empresa que se presente a la licitación tiene que ir de la mano con un banco que confíen y ponga la inversión. La previsión es que en septiembre se celebre un evento para dar a conocer el proyecto específico para el canal Horeca. Ahí se abrirán dos procesos de colaboración. Por un lado, uno para incorporar a los ayuntamientos de la provincia y crecer en el número de familias a ayudar. Por el otro, para las entidades privadas que aporten sus excedentes. En octubre saldrá a licitación el proyecto para formalizar la contratación. El periodo de vigencia del proyecto está previsto de manera inicial desde el año 2025 al 2030.