El Defensor del Pueblo urge a los municipios obligados por Ley a implantar Zonas de Bajas Emisiones a ponerlas en funcionamiento cuanto antes

El Defensor del Pueblo considera injustificados los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023 , tal y como establece la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. La institución ha enviado 11 recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones. El Defensor del Pueblo solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro . Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE pero que su implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria . La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid . El Defensor del Pueblo ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia, a pesar de estar obligados por Ley a responder los requerimientos de la institución como Alto Comisionado de las Cortes Generales. Las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE , la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla, o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo. Asimismo, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población. A juicio del Defensor del Pueblo, sin embargo, ninguno de los argumentos ofrecidos justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica. En este contexto, la institución considera preocupantes las respuestas de aquellos ayuntamientos como Valencia, Tres Cantos, Orihuela o Sanlúcar de Barrameda que no han incorporado un calendario de actuaciones para la instalación de la ZBE, ni tampoco la indicación de una fecha estimada para su entrada en funcionamiento. Se hace mención especial a Valencia y a las poblaciones afectadas por la DANA y se entiende que los plazos de implementación de las medidas necesarias para establecer ZBE se retrasen debido a las dificultades y desafíos a los que se enfrentan . No resultan justificados otros argumentos planteados por algunos ayuntamientos como Arganda o Alicante sobre la no necesidad de ejecutar la ZBE por cumplir el municipio los objetivos de calidad del aire fijados normativamente o por considerar preferibles otras medidas movilidad sostenible. Hay que considerar que el objetivo de las ZBE no es solo combatir la contaminación, sino mitigar el cambio climático, y la exigencia legal no permite sustituirlas por otras medidas que persiguen el mismo fin. Las especiales características geográficas o urbanas de las ciudades por estar cruzadas por una autovía o tener núcleos de población muy diferenciados y distanciados entre sí, como han alegado respectivamente Valdemoro, Calviá o Mijas, tampoco justifican el retraso de la ZBE, en tanto la regulación permite el establecimiento de una o varias zonas.