Un motín iniciado por varios internos de un centro de menores de Zaragoza acaba con 9 policías heridos y 11 detenidos

Varios internos del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores del barrio rural zaragozano de Juslibol han iniciado este jueves un motín que ha finalizado con varios heridos, entre ellos nueve agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y varios vigilantes de seguridad , todos ellos con carácter leve. Según se ha podido saber, unos 20 menores se han hecho con las llaves de su módulo, se ha producido una reyerta entre bandas latinas y para sofocarla han tenido que desplazarse varios furgones de la Policía Nacional, además de tres patrullas de Seguridad Ciudadana. El aviso ha llegado a las 12.30 horas de este jueves, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que han explicado que el incidente ha comenzado con la agresión de un grupo de internos a un vigilante del centro para robarle las llaves para abrir las habitaciones de otros menores residentes en las instalaciones. Las mismas fuentes aseguran que el orden en el centro ya está restablecido , rehusando dar más información, aunque hay once detenidos y siete personas han sido trasladadas al hospital. Por su parte, desde la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, responsable de la protección y reforma de menores, han resaltado la «intensidad» del suceso y que estaba relacionado con bandas latinas , motivo por el cual han requerido la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los servicios sanitarios, siguiendo los protocolos establecidos al efecto. El Ejecutivo autonómico ha recordado que el centro de Juslibol es un centro de reforma y no de acogida, por lo que sus residentes son todos jóvenes que cumplen con medidas judiciales de internamiento. Además, han confirmado que en el incidente han participado varios internos que son mayores de edad y siguen en el centro ya que la ley obliga a que cumplen su sentencia en el mismo aun habiendo cumplido los 18 años. En este sentido, el Gobierno aragonés ha recordado que ha manifestado en varias ocasiones su disconformidad con que perfiles que ya han cumplido los 18 años «continúen compartiendo espacios con menores de edad» y se ha posicionado a favor de una reforma de la normativa que regula la responsabilidad penal de los menores, ante el «incremento de la conflictividad en el perfil de muchos de estos jóvenes». «Frente a los discursos buenistas, la realidad social ha cambiado y es necesario dotar de respuestas normativas a jueces y fiscales para actuar con eficacia ante estos menores con conductas especialmente complejas», han añadido desde el Gobierno autonómico. Han finalizado apuntado que, pese a que las comunidades autónomas tienen la competencia en protección y reforma, el aumento de la inversión y el personal llevado a cabo en Aragón «no son medidas suficientes ante situaciones de conflictividad graves como las que se están produciendo». «Seguiremos reclamando implicación y medios de otras instituciones, así como la reforma de la ley penal del menor», han concluido. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido el endurecimiento «urgente» de la ley del menor tras el motín. Según Jupol, los hechos se desencadenaron cuando varios internos se atrincheraron tras apoderarse de las llaves de un módulo, llegando incluso a agredir «de forma extremadamente violenta» a un vigilante de seguridad, al que golpearon con mobiliario y otros objetos. El sindicato policial también asegura que este episodio de «violencia extrema» no es «un hecho aislado», sino «el resultado directo de un sistema que ha debilitado el principio de autoridad y ha generado una preocupante percepción de impunidad, especialmente en determinados entornos donde la agresividad contra los profesionales de la seguridad se ha normalizado«. Además, han solicitado refuerzo de los protocolos de seguridad y de los medios materiales y humanos en este tipo de centros, donde cada vez son «más frecuentes» los episodios de agresiones, motines y altercados violentos. Del mismo modo, Jupol ha vuelto a alertar del aumento de la criminalidad en las calles, especialmente la relacionada con los delitos más graves, con «unos datos irrefutables» recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior «que desmontan por completo el relato gubernamental». «Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad «, han remachado, y han asegurado que es »consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces«. A ello han sumado «el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidas ante el crecimiento de la violencia», tildando de «especialmente preocupante la pérdida del principio de autoridad, alentada por la falta de respaldo político y judicial a la labor policial y que se demuestra con las 17.000 agresiones que sufrieron los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2024». Por todo ello, el sindicato Jupol ha pedido al Gobierno una batería de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y que restauren el respeto institucional hacia quienes garantizan la seguridad. «No es aceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público, o trabajan en primera línea en centros especialmente sensibles, lo hagan en condiciones de riesgo creciente y con un respaldo legal cada vez más débil. Lo ocurrido en Juslibol debe marcar un antes y un después. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan las agresiones y la violencia contra los profesionales», han finalizado.