Competiciones ilegales y citas de la aristocracia europea: Mallorca, la 'meca' del polo furtivo
Los polémicos jinetes que llevan días escandalizando a la opinión pública de Mallorca han decidido, de nuevo, encaramarse sobre sus majestuosos caballos y, ataviados con sus mejores galas deportivas, jugar un partido de polo ilegal en sa Barralina. elDiario.es ha comprobado que este viernes varios jugadores han disputado otro encuentro en el campo de polo ilegal construido en suelo rústico cuyas instalaciones fueron precintadas en 2017. Ni la persecución de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ni la prohibición de jugar del Tribunal Superior de Justicia balear frenan a estos jugadores furtivos, que, con aparente impunidad, disfrutan de un deporte promocionado durante años por los sucesivos gobiernos del PP en la isla.
Durante décadas, el espacio natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, uno de los sistemas litorales con mayor valor ecológico de Mallorca y de toda la costa mediterránea, caracterizado sobre todo por extensas playas de arena en forma de sistemas dunares, ha sufrido el imparable acoso de los proyectos urbanísticos. El impacto del desarrollo turístico y la actividad humana ha causado un acelerado proceso de degradación al que también han contribuido la apertura de accesos no regulados a la emblemática playa de Es Trenc, incluida en la red europea Natura 2000. Las intensas movilizaciones llevadas a cabo en los años ochenta al grito de 'Salvem Es Trenc' llevaron a declararla Área Natural de Especial Interés (ANEI). Sin embargo, nunca ha dejado de estar amenazada por el asfalto. Ahora, ha vuelto a ser noticia por culpa de estos jugadores furtivos.
Fue la formación ecosoberanista Més per Mallorca la que dio la voz de alarma y difundió las imágenes de lo sucedido. Las fotografías captaban cómo, pasadas las tres de la tarde del pasado 10 de mayo, varios jinetes se lanzaban a la pista del campo para disputar una competición, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia suspendió su actividad hace siete años. Tras denunciar los hechos ante el Consell de Mallorca, la institución insular procedió a ponerlos en conocimiento de la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. Asimismo, la ADT ha actuado de oficio con la apertura de un expediente de disciplina urbanística.
Desde el Consell de Mallorca, gobernado por PP y Vox, explican que el propietario de este terreno agrícola dispone de una autorización para el adiestramiento de caballos, pero se encuentra paralizada desde 2017 al haberse desarrollado desde entonces, de forma clandestina, varias competiciones en la finca. Por su parte, el portavoz insular de Més, Jaume Alzamora, que recrimina la “permisividad” de la institución en este sentido, calcula que la superficie del campo de polo de sa Barralina se ha visto incrementada en un 25% desde que fue precintado, a tenor de lo que se refleja se refleja en fotografías aéreas tomadas por el satélite Sentinel.
La ley del PP que desató el furor del polo en Balears
La polémica en torno a los campos de polo en este frágil enclave se remontan a finales de la década de los noventa, cuando el Ajuntament de Campos proyectó, de la mano de una empresa de capital alemán, la construcción de una pista acompañada de 3.000 plazas turísticas en la zona. El municipio siempre había vislumbrado en los macroproyectos urbanísticos su cesta de los huevos de oro. “Los 'campaners' saben bien lo que quieren y ahora ni nada ni nadie conseguirá bloquearlo”, manifestó ufano el entonces alcalde Andreu Prohens. El pacte de progrés (de izquierdas) que por primera vez había alcanzado el poder en Balears acabó echando el proyecto por tierra. Los promotores acabaron sustituyendo la iniciativa por una clínica termal.
Sin embargo, el polo comenzó a causar furor en Balears –principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo– a partir de la aprobación, en 2014, de la Ley Agraria balear durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), que declaraba el sector equino una prioridad estratégica de la política agraria de las islas. La normativa atribuía al polo el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria, al igual que lo hacía en el caso de actividades ecuestres como el hospedaje y el pupilaje ecuestre; la creación, la utilización y la explotación de rutas y senderos ecuestres; el uso de équidos en utilidades medioambientales y terapéuticas, la equitación y otras modalidades y deportes hípicos como el trote, la doma y el salto. Además, exoneraba estas actividades de la declaración de interés general “por su vinculación con el destino o con la naturaleza de las fincas”.
El polo comenzó a causar furor en Balears -principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo- a partir de la aprobación, en 2014, de la Ley Agraria balear durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015)
Dos años antes, el Ejecutivo del PP, de la mano de su entonces conseller Carlos Delgado, impulsaba una Ley de Turismo –cuya esencia quiere recuperar el actual Govern de Marga Prohens– que daba vía libre a la construcción de establecimientos e infraestructuras “en cualquier clase de suelo rústico con independencia de su grado de protección, sin que sea necesaria la declaración de interés general”. Se daba así la combinación perfecta para que los promotores del polo pudieran actuar a sus anchas.
Los ecologistas, en pie de guerra
La aprobación de la Ley Agraria bajo la batuta del exconseller de Agricultura y posterior presidente del PP balear Biel Company posibilitó la proyección de campos de polo cuya construcción motivó severas críticas por parte de los grupos ecologistas, entre otros motivos por su ubicación y por la cantidad de agua que se requiere para la realización de este tipo de competiciones. Entre aquellas entidades, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) presentó alegaciones de inmediato al afirmar que la normativa, so pretexto de fomentar la actividad agraria, favorecía en realidad los intereses de los grandes propietarios y terratenientes al promover la desregulación del suelo rústico, la especulación, la sustitución de la actividad agraria y las inversiones inmobiliarias.
La Ley Agraria del exconseller del PP Biel Company posibilitó la proyección de campos de polo cuya construcción motivó severas críticas por parte de los grupos ecologistas, que criticaban que la normativa favorecía en realidad los intereses de los grandes propietarios y terratenientes al promover la especulación, la sustitución de la actividad agraria y las inversiones inmobiliarias
Sin embargo, después de que la Ley entrase en vigor, el Ajuntament de Campos, con el actual portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, al frente de la alcaldía, no tardó en sacar a exposición pública dos proyectos de campo de polo en la finca de sa Barralina, la misma en la que los jugadores desafiaron recientemente la prohibición de actividad que en la actualidad pesa sobre el lugar. Una de las iniciativas pasaba por legalizar la pista que ya llevaba años en funcionamiento, y la segunda, por construir una nueva. Todo ello a nombre de la empresa Es Figueral SL, de nombre comercial Barralina SL., que en 2022 –últimos datos disponibles– vio incrementada su facturación hasta los 1.276.939 euros. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la mercantil sin que ninguno de los teléfonos de contacto que figuran en distintas páginas web permitan la comunicación. Además, sus asesores financieros, quienes sí responden a las llamadas de esta redacción, no facilitan ninguna información.
Mallorca como la “nueva meca del polo” para la aristocracia
El rastreo de los datos de esta mercantil conduce hasta Christoph-Daniel Crasemann, un magnate alemán que en 2006 adquirió la finca de sa Barralina, en la que llegó a albergar 120 caballos, con la intención de convertir Mallorca en el nuevo destino del polo. En 2014 fundó Sa Barralina SL con un capital social de 2.113.000 euros. Junto a él, otro de los empresarios relacionados con esta práctica deportiva es Christian Völkers, director ejecutivo de Engel & Völkers, quien adquirió la propiedad mallorquina de Son Coll (Banyalbufar), donde celebra torneos de polo a los que asisten numerosos representantes del mundo empresarial y de la aristocracia europea.
El magnate Daniel Crasemann adquirió la finca de sa Barralina con la intención de convertir Mallorca en el nuevo destino del polo. Junto a él, otro de los empresarios relacionados con esta práctica deportiva es Christian Völkers, quien celebra torneos a los que asisten numerosos representantes del mundo empresarial y de la aristocracia europea
En un artículo, el editor de la revista especializada Polo+10, Thomas Wirth, llega a confesar que su sueño y el de sus amigos es que “un gran número de aficionados conviertan la nueva meca del polo en Mallorca en la más grande de Europa”. “Cuantos más caballos hay en la isla, más rápido gira el carrusel del polo y más atractivo se convierte. Porque, ¿qué es lo que todo el mundo desea? ¡Jugar al polo! Podríamos visitarnos los unos a los otros para jugar al polo y organizar torneos internacionales, tal y como se está haciendo ahora en Argentina”.
Con similares objetivos, Crasemann dio impulso al polo en sa Barralina. Sin embargo, la alegría le duró poco. En 2016, la ADT abrió un expediente de infracción a los dos campos impulsados en la zona dado que no disponían de las licencias urbanísticas municipales pertinentes. La batalla no hizo más que empezar.
Ese mismo año, el Govern balear, ya con la socialista Francina Armengol al frente, modificó parte del articulado de la Ley Agraria, suprimiendo el precepto que las excluía de las declaraciones de interés general. La actividad ecuestre dejaba de estar regida por esta normativa y la práctica del polo dejaba de tener carácter de actividad complementaria. En julio de 2023, como informaba Diario de Mallorca, Es Figueral Gran recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) el decreto con el que, un año antes, se había aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de es Trenc/Salobrar de Campos, que prohibía expresamente las actividades deportivas en esta área protegida.
En la actualidad, una casa rural próxima al campo de polo se publicita en el portal inmobiliario Idealista por 1,5 millones. La particularidad radica en el contenido de su anuncio. Pese a tratarse de una actividad deportiva prohibida, el anunciante, la filial mallorquina de la multinacional Berkshire Hathaway HomeServices, propiedad del multimillonario Warren Buffet, destaca que “la proximidad al campo de polo 'Sa Barralina' añade un atractivo adicional”.
En la actualidad, una casa rural próxima al complejo de sa Barralina se publicita en Idealista por 1,5 millones de euros y el anuncio destaca que este campo de polo da 'un atractivo adicional' a la propiedad
Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en Balears
Los continuos intentos urbanizadores nunca han abandonado Campos. Construcciones de hoteles y otros edificios en línea de costa, puertos deportivos y explotaciones industriales han ido de la mano de un inagotable incremento de usuarios en las playas y del empeoramiento de la calidad del agua, un fenómeno de consecuencias devastadoras que ensombrece las costas de Balears y compromete su futuro. Las irregularidades urbanísticas, además, han sido caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística.
Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.
Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.
La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.
En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.