Si el Supremo lo imputa, el fiscal general debería recordar a Mónica Oltra y Victoria Rosell antes de dimitir
Los Hechos.
El comisionista Alberto González Amador, defraudó 350.000 euros a Hacienda en las declaraciones de 2021 y 2022, cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El dinero, más de dos millones de euros, había salido de comisiones por ejercer de intermediario en la venta de mascarillas entre una empresa de Pontevedra que administra su jefe en el grupo Quirón y una firma catalana con contactos en China que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas.
Hacienda inició en 2022 una investigación tras comprobar que González Amador, entonces técnico sanitario, multiplicó por seis los ingresos pero declaró tres veces menos beneficios que en los ejercicios anteriores. En la inspección, que duró dos años, la Agencia Tributaria detectó facturas falsas por 1,5 millones de euros y puso el caso en manos de la Fiscalía.
La Fiscalía de Madrid revisó el expediente y presentó una denuncia en un juzgado de Madrid en el que imputó tres delitos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dos por fraude fiscal (en el impuesto de Sociedades de dos anualidades) y uno por falsedad documental (por presentar facturas falsas por trabajos no realizados para rebajar artificialmente sus beneficios).
Justo antes de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia que es casi automática, la defensa de González Amador, envía un correo genérico a la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y se mostraba dispuesto a pactar una condena, con tal de evitar los trámites de juicio: peritos, declaraciones de testaferros... La asunción de los delitos por parte de González Amador no pudo ser más clara. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía en el cuerpo del correo. En un documento adjunto ofrecía penas de cárcel -que no implicasen su entrada en prisión- y el pago de la multa con intereses. Ese correo se envió a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero.
Cinco semanas más tarde, el 12 de marzo, elDiario.es desvela en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ella misma había presentado como un “técnico sanitario”. La primera información se tituló La pareja de Ayuso defraudó a Hacienda 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. En una segunda información, ese mismo día ya por la noche, este medio de comunicación reveló la procedencia del dinero: La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.
La reacción de la presidenta de Madrid fue negar el fraude y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar todas las instituciones del Estado para destruirla. Alegó que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja. Lo hizo en un acto público como presidenta de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, su jefe de gabinete, que se había negado a contestar a elDiario.es antes de la publicación de la exclusiva porque según él el asunto concernía a un particular sin ninguna relación con la Comunidad de Madrid, asume personalmente la defensa del delincuente confeso. El primer día amenaza por escrito a una periodista de elDiario.es: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. El segundo día, 13 de marzo, a última hora, filtra una información falsa a distintos medios de comunicación -el primero en publicarla sin contrastar es El Mundo, pero detrás fueron Vozpópuli y Libertad Digital-. La tesis que el propio Rodríguez difundió en sus redes sociales sostenía que el fiscal del caso intentó buscar un acuerdo con la pareja de Ayuso pero que fueron “ordenes de arriba” en la Fiscalía las que lo impidieron.
Diferentes medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, se dirigen la noche del 13 de marzo a la Fiscalía para confirmar que ese dato es cierto. El departamento de prensa pide tiempo para contestar. No les suena que eso sea así, pero van a cotejar la información. El fiscal general, al que Miguel Ángel Rodríguez está acusando de paralizar un acuerdo de un fiscal con González Amador por intereses políticos, solicita la documentación del caso. Una vez coteja que la información es falsa y que el correo exhibido en prensa está amputado, pide a los fiscales de Madrid que desmientan el bulo con las fechas correctas de las comunicaciones para dejar claro que fue la defensa de la pareja de Ayuso quien pidió el acuerdo y, también, que no hay ninguna instrucción de los jefes de la fiscalía para frenarlo.
El 14 de marzo de madrugada la Cadena Ser publica la literalidad del cuerpo del correo (sin el documento adjunto que establecía las condiciones del acuerdo, con la pena de cárcel y la multa) donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía los delitos y buscaba el acuerdo.
Por la mañana, la Fiscalía remite una nota de prensa a los medios que habían preguntado con la cronología de las conversaciones iniciadas por el abogado del González Amador con el fiscal que lo denunció. El documento solo contiene fechas y desmiente que el pacto hubiera sido ofrecido por la fiscalía. No detalla lo que propone la defensa de la pareja de Ayuso ni ningún otro aspecto de la investigación.
La versión de la presidenta se ha desmoronado. Existen documentos por escrito en los que el abogado de su pareja reconoce los delitos. No es Hacienda la que debe dinero a su novio comisionista. Alberto González Amador, al que Ayuso había defendido desde el atril de la Comunidad, es un delincuente fiscal confeso que solo quiere evitar dos cosas, el ajetreo mediático de un juicio y la cárcel.
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez emprenden entonces una nueva estrategia: empezar una guerra contra el fiscal general, la misma que habían intentado sin éxito las primeras horas contra el Ministerio de Hacienda diciendo, también falsamente, que González Amador no había tenido derecho a defenderse (otro bulo, en la investigación de la Agencia Tributaria no solo constan sus alegaciones sino cómo fue intentando retirar las facturas falsas una vez que se sabía perseguido por el fisco).
La pareja de Ayuso anuncia entonces que va a denunciar a la fiscalía por revelación de secretos. Lo hace también el Colegio de Abogados de Madrid, a cuya secretaría general acaba de incorporarse un viejo conocido de la presidenta, Luis Banciella. Hasta el 29 de marzo había sido el Abogado General de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la denuncia por revelación de secretos. Empieza a investigar y llama a declarar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y enfrentada desde hace meses al fiscal general. Lastra cuenta al juez que se negó a firmar la nota y que lo hizo por imperativo. Que recibió la orden del fiscal general. Antes de esa comparecencia, el propio fiscal general ya había asumido en primera persona la responsabilidad de la nota. Lo había hecho públicamente y también en un escrito al Tribunal Superior. Fuentes conocedoras de cómo se tramitó esa noche aseguran a elDiario.es que la fiscal superior en ningún momento invocó la revelación de secretos ni una supuesta lesión de los derechos del investigado. Alegó, según esas fuentes, que no estaba de acuerdo en cómo se estaba gestionando informativamente el asunto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue de momento investigando aunque el único competente para imputar al fiscal general es el Supremo. La vía es que el Tribunal Superior de Madrid envíe una exposición razonada. El fiscal general ha advertido a su entorno que aún en el caso de que lo impute el Tribunal Supremo se mantendrá en el cargo hasta que haya una condena. Está convencido de que actuó de acuerdo con lo que exige el estatuto de la carrera en la defensa de fiscales que estaban siendo atacados y para combatir una información que buscaba dañar la institución.
Las opiniones.
Ni Isabel Díaz Ayuso ni Miguel Ángel Rodríguez van a dimitir. La presidenta convive con un defraudador confeso en dos pisos de lujo que nadie explica cómo se han pagado. El ático de lujo que disfruta está a nombre de una sociedad. Su jefe de gabinete ha difundido información falsa, ha amenazado a periodistas y ha difundido datos policiales sobre identificaciones a redactores de varios periódicos. Sigue en su puesto, cobrando más de 94.000 euros de salario público en la Comunidad de Madrid.
Mientras , el Partido Popular pide la cabeza de Álvaro García Ortiz, igual que la Asociación de Fiscales, la más conservadora de las asociaciones de la carrera. Y todo eso sucede mientras los cuatro fiscales del procés, los que defendieron la tesis de la rebelión que acabó desbaratando la sentencia del Supremo, se niegan a aplicar la ley de la amnistía bajo el argumento de que la malversación no está amparada por la norma. La ley establece explícitamente que solo no se podrá amnistiar aquella malversación que conlleve enriquecimiento personal, pero la interpretación de los fiscales del procés es que lograr réditos políticos también lo es.
El fiscal general ha dado la instrucción a todos para que haya unidad de criterio en la fiscalía y el martes serán los fiscales de sala los que se posicionen. Sucede así cada vez que un fiscal alega no estar de acuerdo con la orden de un superior. El resultado de esa junta no es vinculante, pero políticamente significará mucho.
En ese contexto, con la derecha mediática, política y parte de la judicial de cacería contra García Ortiz, precisamente el magistrado que dictó la sentencia del procés será el encargado de decidir si le imputa. Si cree que hay materia, Manuel Marchena debería investigar al fiscal general como haría con cualquier otro presunto delincuente. Lo que sería un error es concluir que la imputación -una figura garantista y a la vez una palabra con mala prensa- deba acarrear la salida del fiscal general, por mucho ruido que haya.
De lo contrario, la imputación acabaría suponiendo una pena mayor -la dimisión- que una propia condena por revelación de secretos. Antes de decidir, Álvaro García Ortiz debería recordar algunos precedentes cercanos.
En el caso de la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos, el propio Marchena aceptó la exposición razonada y pidió que se investigase. Su dimisión puso fin a su carrera de diputada. Acabó exonerada de todas las acusaciones pero no recuperó el escaño. El juez Alba que montó con la operación contra ella terminó en prisión.
El episodio de Oltra fue todavía peor: la vicepresidenta de la Generalitat renunció a todos sus cargos en medio de una zapatiesta general en la que incluso algunos políticos de izquierda exigieron su renuncia. El archivo del caso la pilló fuera de la política y con su carrera arrasada.
El ruido será todavía mayor en el caso del fiscal general. La mayoría de los fiscales de sala han dicho que no hay delito en la nota de prensa. Que el máximo representante del ministerio público caiga por una imputación discutible derivada de la difusión de una nota de prensa sería un precedente muy peligroso para la institución. El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a tumbarlo con una imputación.