La trama de 'Azud' usó un bufete de los 'papeles de Panamá' para crear una 'offshore' con cuentas en Suiza y Mónaco

Jaime Eduardo Alemán, socio del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee y exembajador de Panamá en Estados Unidos, figura como agente registrado de la sociedad pantalla del promotor Miguel Montoro

El empresario socio del exconseller del PP Rafael Blasco sacó casi 180.000 euros en billetes de 500 de sus cuentas en Mónaco

Varios empresarios de la presunta trama del 'caso Azud' crearon sociedades pantalla en Panamá. Uno de ellos a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Se trata de un bufete situado en el epicentro de la filtración masiva de los 'papeles de Panamá' y que aparece vinculado a numerosos escándalos de corrupción en todo el mundo, entre ellos el 'caso Odebrecht'. La firma, fundada en 1985 y “comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos”, según afirma su pagina web, creó la sociedad Endinboro Investments SA, una empresa clave en la investigación del 'caso Azud' para tirar del hilo de los supuestos pagos de comisiones a expolíticos del PP valenciano. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó dos millones de documentos confidenciales relativos al bufete, entre cuyos socios figuraba el excanciller panameño Alejandro Ferrer. La filtración masiva incluía más de 14.000 entidades 'offshore' (extraterritoriales) en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes. Uno de ellos era el promotor Miguel Montoro, según la documentación del sumario a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las pesquisas del 'caso Azud', que investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, detectaron el supuesto pago de una comisión de un millón de euros al ex vicealcalde de València Alfonso Grau. Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó, mediante comisiones rogatorias cursadas por la jueza instructora y la Fiscalía Anticorrupción a las autoridades panameñas, la documentación en manos del despacho de abogados relativa a la sociedad Endinboro Investments SA. Los investigadores buscaban la titularidad real de las acciones y el listado de cuentas bancarias “en diferentes jurisdicciones, nacionales e internacionales”, así como los correos electrónicos o la correspondencia con el cliente real.

El requerimiento al conocido despacho se hizo a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá. La respuesta del despacho, firmada por el socio Raul Zúñiga Brid, desveló que el cliente de la sociedad Endinboro Investments SA era el fallecido empresario Miguel Montoro, cuya hija Mónica figura como investigada en el 'caso Azud'. La constitución de la empresa fue solicitada mediante correo electrónico por un cliente profesional de Alemán, Cordero, Galindo & Lee con sede en Suiza: Apex International Consulting SA.

En una reunión de más de dos horas con el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá, celebrada el 11 de abril de 2022, la comisión judicial española —formada por la jueza instructora, Pepa Tarodo; el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce; un agente de la UCO, y un Letrado de la Administración de Justicia— obtuvo la carpeta del expediente con la valiosa documentación para la continuación de las pesquisas, incluida la escritura notarial de inscripción de la sociedad y el Documento Nacional de Identidad de Miguel Montoro en manos del despacho panameño. El mismo fiscal ya viajó a Panamá en el marco del 'caso Erial' para seguir el rastro de la estructura 'offshore' creada por otro conocido despacho del país centroamericano —Soberón y Asociado— y atribuida al exministro del PP Eduardo Zaplana, actualmente pendiente de la sentencia del juicio del 'caso Erial'.

La firma Endinboro Investments SA, constituida el 26 de julio de 2004 con un capital de 10.000 dólares, contaba con tres directores panameños: el presidente Edgardo Eloy Díaz, la secretaria María Villarino y la tesorera Myrna de Navarro. Los dos primeros poseían una acción de la sociedad cada uno. El abogado y diplomático Jaime Eduardo Alemán, socio del despacho y embajador de Panamá en Estados Unidos entre 2009 y 2011, ejercía como agente registrado de Endinboro Investments SA.

Miguel Montoro no fue el único empresario vinculado a la trama del 'caso Azud' con una sociedad en Panamá. La comisión rogatoria española también solicitó al bufete De Obaldía & García Paredes información sobre la sociedad Construcciones Tritom SA, creada en 1994 con un capital de 10.000 dólares y en cuyos órganos de dirección figuraba el empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa.

“Desde finales del año 1996 dejamos de tener comunicación con los representantes y personas de contacto de esta sociedad, la relación profesional (...) fue terminada de facto y la misma fue catalogada como inactiva en nuestro sistema, a partir de 1999, en cumplimiento de las normativas que regulan los agentes residentes”, reza el documento “confidencial” del despacho.

Por su parte, los datos del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee sobre la firma Endinboro Investments SA permitieron a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción localizar el dinero de las cuentas en Suiza y Mónaco del empresario.

La investigación ha revelado que otra empresa panameña de Miguel Montoro —Jagat Inc.— abrió una cuenta en Suiza en la que, además del empresario, el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana, figuraba como autorizado (en la documentación consta su firma y su DNI). El expolítico del PP aparece vinculado a un pago de 600.000 euros, tal como informó este diario. La documentación de la Banque Pasche, actualmente denominada Banque Havilland, indica que Montero y Blasco mantenían “negocios en común”.

El promotor inmobiliario sacó casi 180.000 euros, en billetes de 500 euros, de una de las cuentas monegascas que poseía en la entidad Edmond de Rothschild. Cuando Rafael Blasco fue imputado en la causa del desvío de los fondos de la cooperación valenciana, el empresario finiquitó su estructura 'offshore' en Panamá, Suiza y Mónaco.

El 24 de septiembre de 2013, la empresa pantalla en Panamá, dedicada según su objeto social a “cualquier negocio lícito”, fue disuelta. Tres días después —el 27 de septiembre— cerró su cuenta helvética. Y el 11 de octubre canceló la cuenta en Mónaco.

Precisamente en aquella época, Rafael Blasco apareció en unas llamativas fotografías hablando por teléfono en una cabina pública.

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