La oposición asedia a Moreno por primera vez en seis años con los contratos a dedo: "Usted ya está en los tribunales"

Todos los grupos parlamentarios de la oposición se han lanzado este jueves a la yugular del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, horas después de que un juzgado de Sevilla abriera una investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre la adjudicación a dedo de 243 millones a clínicas privadas amparándose en el marco legal de la pandemia cuando ya estaba derogado.

Es la primera vez en seis años, desde que Moreno gobierna, que sus rivales logran torcerle el gesto, arrinconarle a la defensiva y sacarle del habitual rictus templado hasta conseguir que pierda los nervios y se malencare con sus interlocutores en el Parlamento. Una sesión de control al Gobierno al uso.

Moreno venía con un discurso preparado para rebatir los informes de la Intervención, revelados el martes por elDiario.es, que acusan a la Junta de adjudicar a dedo 458 millones de euros fraccionando cientos de contratos menores “en fraude de ley”. Los auditores han dado de plazo al SAS hasta diciembre para demostrar que se han corregido estas “graves deficiencias”, que “infringen la legislación”, de lo contrario elevarán un informe de actuación, una suerte de código rojo del órgano fiscalizador cuando aprecia indicios delictivos.

Tras 48 horas de silencio, el presidente andaluz ha leído en el Parlamento el mismo comunicado que dio la Junta el martes tras la publicación de la noticia: “Es falso que el SAS haya adjudicado 458 millones en fraude de ley. Ningún informe lo dice, ningún interventor lo dice, ninguna Cámara de Cuentas, nadie”. Pero lo que no traía preparado es una respuesta a la primera causa judicial que salpica de lleno a su Gobierno, poniendo bajo sospecha casi 300 millones en contratación a dedo entre 2021 y 2023.

El salón de Plenos se ha ahogado en un murmullo ruidoso de los diputados de la oposición. El primero en el cara a cara con el presidente, el diputado del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, se percató de que Moreno no había negado la existencia de un “fraude de ley” denunciado por los auditores de la Junta, sino que las irregularidades no alcanzaban a la totalidad de la contratación menor en 2021, que representaron el 27% de los contratos firmados por el SAS en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.

“Usted no ha dicho que no haya fraude de ley, ha dicho que el fraude no son los 450 millones, ¿pueden ser 400 millones”, le ha repreguntado García, en una intervención muy dura: “Usted y su gobierno están ya en los tribunales. ¿La culpa de quién es? ¿De Puigdemont, de Sánchez, de los catalanes? Quieren tapar la trama del SAS y eso se llama corrupción”.

Moreno le ha acusado de “montar un show”, que es “la única alternativa que tiene un partido pequeño”, pero acto seguido ha encajado la misma virulencia en la intervención de la portavoz de la coalición Por Andalucía (marca de Sumar), Inmaculada Nieto: “Esto es corrupción, es corrupción política”, ha insistido Nieto, mientras recordaba que, a día de hoy, el SAS sigue haciendo adjudicaciones a dedo a la sanidad privada -en febrero 120 millones de euros- a través de la fórmula del contrato negociado sin publicidad.

El líder del PP andaluz ha demostrado, en estos seis años como presidente, una gran habilidad para esquivar los dardos de sus oponentes cada 15 días en el Parlamento. Las sesiones de control siempre han mostrado más tensión y nerviosismo en los portavoces de la oposición que en el gobernante, que ha hecho gala de su templanza acomodada en un robusta mayoría absoluta de 58 diputados en este mandato. Pero eso no es lo que se ha visto hoy.

Moreno ha aparecido tenso, incómodo, y agresivo en las primeras réplicas a los dos formaciones de izquierdas, y ha recuperado algo la compostura cuando ha llegado el turno de Vox, cuya línea preferida de ataque es la supuesta falta de virulencia de la Junta con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Duro contraataque con hemeroteca y presupuestos

El presidente de la Junta llevaba un as guardado en la manga, un anuncio de calado que no se suele dejar para el final para opacar las intervenciones de sus cuatro interlocutores. Esta vez no ha podido esperar más allá del segundo cara a cara y, en la réplica a las críticas de Inmaculada Nieto por los contratos a dedo en sanidad, Moreno ha anunciado una inyección importante de dinero para educación.

Las escuelas infantiles, antiguas guarderías, serán gratuitas para los alumnos de 2 a 3 años a partir del próximo curso, una medida que beneficiará a unas 67.686 familias, que es el censo de niños en esa franja de edad. Actualmente hay 92.483 matriculados en el primer ciclo de Infantil, que no es obligatorio ni gratuito, pero está subvencionado para las rentas más bajas. De ellos, 48.759 tienen dos años -están en el segundo curso-, y casi el 50% disfruta de la gratuidad de la plaza, según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo. La medida anunciada hoy busca, también, hacer de “efecto llamada” para la matriculación del próximo curso.

Es una apuesta estratégica del Ejecutivo andaluz que, sin embargo, difícilmente puede desgajarse del momento político que asedia al equipo de Moreno. Hace dos semanas, el Ministerio de Educación tuvo que repartir entre siete comunidades -cuatro del PP y tres del PSOE- los millones de euros para crear 12.000 plazas públicas y gratuitas de guarderías a los que Andalucía renunció, porque distorsionaba su modelo de bonificaciones de plazas en guarderías privadas concertadas (implantado hace 30 años por los gobiernos socialistas).

Hace una semana, también, Moreno aprovechó una reunión con el Tercer Sector en el Palacio de San Telmo para anunciar, en pleno debate sobre la financiación autonómica a rebufo del pacto fiscal para Cataluña entre el PSOE y los independentistas catalanes, que “Andalucía está al tope de su capacidad financiera” en servicios públicos. Desde entonces, el presidente de la Junta ha anunciado una nueva rebaja fiscal para la compra y el alquiler de vivienda para jóvenes y, ahora, la gratuidad de las escuelas infantiles para alumnos de dos a tres años.

“¡Vete a los tribunales!”

El choque más brusco se produjo entre el presidente y el jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, que llevaba consigo copia de los informes de la Intervención del SAS, y ha leído las conclusiones más duras: contratos menores “en fraude de ley”; “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”. Es el primer cara a cara en el que Espadas, además de denuncias mediáticas, llega reforzado por la reciente apertura de diligencias de un juez por esas mismas denuncias que llevan haciendo más de un año.

“Usted ha obstaculizado esta investigación todo lo que ha podido. Ha torpedeado la labor de la oposición”, ha dicho, tras negar que el Gobierno de Moreno les haya proporcionado 68 informes de los interventores, como han asegurado estos días.

Pero Moreno iba preparado para un contraataque duro con Espadas: el presidente andaluz ha desempolvado los contratos menores adjudicados por el SAS en 2018, último año de gobierno del PSOE: “791 millones en contratos menores en 2018. Y no había pandemia. Y era lo habitual”, ha subrayado el dirigente popular, para luego leer las conclusiones de un informe de la Intervención de aquel año, con la misma fórmula textual que antes había leído Espadas sobre las auditorías del SAS en 2021: “Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento...”

La bancada popular, hasta entonces con rostros serios, ha estallado en júbilo y aplausos, como si se descorchase el champán en una fiesta: “¡Vete a los tribunales, vete a los tribunales!”, se ha escuchado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, desde el micrófono abierto del escaño de Moreno.“¿Usted va a denunciar a Susana Díaz y a sus excompañeros por esos 791 millones? Por coherencia, debería hacerlo inmediatamente. ¿Va a decir que el PSOE que se repartió dinero ilegalmente?”, preguntó Moreno.

El presidente siguió sacando arsenal de hemeroteca contra su rival, citando los contratos menores que firmó la Consejería de Vivienda, cuando Espadas era el titular [2008-2010], y en el Ayuntamiento de Sevilla en 2016, cuando era alcalde. “El 96% de los contratos de su consejería eran menores y nueve de cada diez contratos del Ayuntamiento en 2016 eran menores. Cuando usted fue alcalde, aumentó un 4.000% este tipo de contratos”, dijo para terminar su intervención. Los 58 diputados del PP y todos los miembros del Ejecutivo se pusieron en pie para aplaudir. “¿Por qué no licitaba? ¿por qué no licitaba?”, se oía a Sanz desde el micrófono abierto del presidente.

Este periódico ha pedido los informes que ha mencionado el presidente durante la sesión de control y, de momento, no ha obtenido respuesta.

Espadas eludió todos estos comentarios. “Los contratos menores no son ilegales, es la fragmentación de contratos millonarios en pequeños contratos lo que señalan los interventores”, insistió el dirigente socialista. Moreno le acusó de “intentar criminalizar y enfangar una situación de emergencia en la sanidad”, única referencia velada a la investigación abierta por los tribunales contra los contratos de emergencia con clínicas privadas firmados por el SAS con el marco legal de la pandemia ya derogado, entre 2021 y 2023.

El presidente ha salido hoy de la Cámara con el traje más arrugado que de costumbre, aunque el discurso oficial de su Gobierno en público sigue siendo de tranquilidad: no hay preocupación por la apertura de diligencias judiciales contra los contratos de emergencia, ni tampoco por los informes de la Intervención por la fragmentación de contratos. “Son procedimientos administrativos, todos lo hacen, todos abusan de esa fórmula. Nos preocuparía si alguien hubiera metido la mano en la caja, y eso no ha pasado”, concluyen fuentes de San Telmo.