Catalunya prepara una ley para acabar con la cita previa obligatoria en los servicios públicos

El Govern de Salvador Illa elaborará una ley para garantizar la atención presencial y sin cita previa a los servicios públicos que se prestan en Catalunya. La medida se incluye dentro del plan de reforma de la Administración de la Generalitat, presentado por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que aspira a dotar de mayor eficiencia y agilidad el sector público, una de las promesas más repetidas por el PSC. 

La reforma incluye un plan de choque a corto plazo y la creación de un comité de expertos, liderado por el politólogo Carles Ramió (de la Universitat Pompeu Fabra) que aborde cambios con mayor profundidad. Entre las primeras (en total, 17 acciones), destaca la creación de 2.000 plazas remuneradas para becarios para “atraer talento joven” y responder al envejecimiento de la función pública –con una inversión de 40 millones de euros–, así como un plan de ayudas económicas a los opositores o el rediseño de la Escuela de la Administración Pública.

De cara al futuro, el proyecto presentado por Dalmau, que se aprueba este martes en el Consell de Govern, se fija como objetivo “transformar” los servicios públicos para “protegerlos y preservarlos”. Para ello, la comisión de expertos deberá proponer medidas para habilitar simplificar normativas, digitalizar la Administración, garantizar la atención presencial, crear un nuevo modelo de dirección pública o dotar de mayor prestigio las instituciones. 

“No podemos tener a servidores públicos pasando el tiempo haciendo burocracia en vez de hacer su trabajo”, ha planteado Dalmau.

¿Dónde se acaba la cita previa obligatoria?

En cuanto a la atención presencial en las oficinas de la Administración, Dalmau ha anunciado el fin de la cita previa obligatoria en un plazo de nueve meses máximo. Esta medida ya la anunció el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, aunque no se ha materializado, y la impulsó ERC para las ventanillas de la Generalitat. Pero Dalmau ha remarcado que ahora le da rango de ley y la hace extensiva a todos los servicios públicos, incluidos ayuntamientos, diputaciones y consorcios. 

¿Qué cambia en la práctica? Sin querer dar demasiados ejemplos de cuáles son los servicios que todavía exigen ese paso previo, el conseller ha recalcado que cualquier gestión en una comisaría de Mossos d’Esquadra, en el Departamento de Educación, los servicios sociales de un Ayuntamiento o sus Oficinas de Atención Ciudadana, deberá ofrecer la presencialidad como opción. Con todo, su propuesta no alcanza a los trámites de las administraciones del Estado en Catalunya, algunas de las que acumulan más quejas de demoras, como puede ser la Seguridad Social o el Registro Civil. 

“La pandemia conllevó extender las prácticas de la cita previa obligatoria y se ha hablado mucho de ello y avanzado poco”, ha reconocido Dalmau en cuanto a las quejas sobre las dificultades que genera en la ciudadanía conseguir cita o atención vía internet. “Cualquier ciudadano, sea de donde sea, debe poder dirigirse a los servicios sin necesidad de cita previa”, ha reconocido. “Si era posible hacerlo antes de la pandemia, debe ser posible hacerlo después”, ha insistido.

Profesionalizar la dirección pública

Otra de las patas de la reforma en las que ha hecho hincapié el conseller es en la que afecta a los directivos públicos. Dalmau ha expresado la voluntad de definir un nuevo modelo de dirección pública que sea más profesional y que evite por lo tanto las afinidades partidistas. Sin entrar en demasiados detalles, ha asegurado que crearán nuevos criterios para los altos cargos y los directivos de empresas públicas de la Generalitat, desde qué estudios y experiencia profesional se requerirá hasta la creación de procesos de concurso en algunos ámbitos. “Si para ser médico te piden determinados requisitos, para ser directivo público también. Este es el umbral de excelencia que debemos construir”, ha señalado. 

“Tenemos que acostumbrarnos a que cuando cambia un gobierno, hay gente que sigue trabajando en él con normalidad”, ha defendido Dalmau, en referencia a los cientos de altos cargos que suelen reemplazarse tras cada cambio de Ejecutivo, también en el caso de la investidura de Illa.