Partida secreta
La denominada partida secreta data de la Constitución de 1917 y se había mantenido por más de 100 años. La historia de esta partida es la historia del abuso del poder presidencial; la pregunta es ¿por qué se mantuvo durante tanto tiempo?, pues porque no hubo voluntad política, los presidentes no habían querido deshacerse de este filón dorado tan conveniente, pero sin duda para mantenerse debió estar respaldada por los legisladores. Y viene otra pregunta ¿y por qué? pues porque los diputados y senadores seguramente eran cómplices y posiblemente les tocaba parte de ese dinero.
La partida secreta fue utilizada por muchos presidentes durante el periodo posrevolucionario, pero comenzó a dar de qué hablar durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se demostró que disponía de una partida mensual de 200 millones de dólares que gastaba discrecionalmente, sin ser auditados y que aplicó buena parte de este dinero para corromper legisladores, partidos opositores y para aprobar y legitimar sus reformas y ventas de bienes del Estado, es decir, mucho de este dinero fue para el cochupo y el chayote; y bueno, quizás hasta para controlar a la misma Auditoría Superior de la Federación.
Este tema alcanzó un máximo cuando la periodista Carmen Aristegui reveló un audio del año 2006 en el que Luis Téllez, quien en ese momento era secretario de Comunicaciones y Trasportes con Felipe Calderón, acusa a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado más de la mitad del dinero de esta partida, lo que le costó a Téllez el cargo.
Durante el periodo neoliberal las partidas secretas crecieron a voluntad de los Ejecutivos y durante el tiempo en que se mantuvo se aplicó discrecionalmente y solo fue fuente de impunidad y de un enorme gasto no reflejado en beneficios para el país.
Pero es en el sexenio de Enrique Peña Nieto es en el que la partida secreta alcanza niveles históricos e incluso muy por encima de lo autorizado por el Congreso.
Finalmente, después de un largo proceso derivado de la resistencia de los diversos ejecutivos federales que se oponían a eliminarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador quien había prometido terminar con eso, envió una iniciativa para este efecto. El Congreso lo respaldó y se logró quitar de la Constitución, específicamente del artículo 74, esta ignominiosa fuente de impunidad. Lo malo es que el daño estaba hecho y todo ese dinero parece que no hay manera de recuperarlo, pues además forma parte de las fortunas de algunos respetables mexicanos que iluminan las listas de Forbes y que ahora se dan baños de pureza.
Julio C. Vega Olivares