La declaración de dos etarras arrepentidos, clave para procesar a cuatro exjefes de ETA por el asesinato de un empresario en 1997

Señalaron a la cúpula por marcar asesinatos "selectivos" de políticos y empresarios. La jueza Tardón también procesa a "Txapote" y "Amaia" como supuestos autores materiales del atentado 

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Javier García Gaztelu, "Txapote", e Irantzu Gallastegui, "Amaia" -exintegrantes del "comando Donosti"- y a cuatro antiguos dirigentes de ETA -Jose Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Miguel Albisu, "Mikel Antza"; Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; y Soledad Iparraguirre, "Anboto"- por el asesinato del empresario Francisco Arratibel el 11 de febrero de 1997 en Tolosa (Guipúzcoa), que formaban parte del Comité Ejecutivo etarra en el periodo de tiempo en el que se "decidió, planificó y materializó" el asesinato. La jueza ha citado a los seis el próximo día 24 para comunicarles el auto de procesamiento.

En la resolución en la que acuerda la medida, la instructora señala que existen indicios suficientes para atribuir el atentado al "comando Donosti" -integrado entonces por "Txapote" y Gallastegui- y concluye que "el disparo fue efectuado por Javier García Gaztelu, que iba disfrazado con una peluca y bigote", recogiéndose en el lugar un casquillo de bala procedente de una pistola FN Browning

modelo HP-1.935, siendo ayudado "Txapote" por Irantzu Gallastegui, "quien le acompañó en la huida por las calles de Tolosa".

Asimismo, mantiene que "la ejecución fue ordenada" por la "dirección" o "comité ejecutivo" de ETA -del que formaban parte los otros cuatro procesados-, porque según la cúpula etarra Arratibel "se había apropiado de 60 millones de pesetas procedentes del rescate" por el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Para llegar a esta conclusión ha resultado clave la declaración de dos etarras arrepentidos que señalaron a la cúpula etarra por marcar a los "comandos" los objetivos entre políticos y empresarios.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 recuerda que un año antes del atentado, el 29 de mayo de 1996, ETA colocó un artefacto explosivo en la empresa de Arratibel, que no llegó a explosionar por un fallo en el mecanismo de encendido. Dicha acción fue reivindicada por la banda terrorista el 20 de junio de 1996, "acusando al propietario de la empresa de quedarse con dinero de ETA". Doce meses después, los miembros del "comando Donosti" asesinaron al empresario de un disparo en la nuca "realizado a una distancia ligeramente superior al cañón tocante".

Arratibel había sido condenado en 1994 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a dos años de prisión por colaboración con banda armada por su "intermediación en el pago de cantidades económicas entre familias de secuestrados y la organización terrorista ETA", señala en su auto Tardón.

La investigación judicial se archivó el mismo año del atentado porque no se encontraron indicios contra ninguno de los supuestos autores o colaboradores del "comando", pero se reabrió en 2013 tras la aparición de nuevas evidencias.

La magistrada se refiere a los indicios contra los procesados: desde el informe pericial sobre la bala utilizada en el asesinato (cuya vaina se correspondía con la recogida con motivo del asesinato del industrial Isidro Usubiaga en Ordicia el 26 de julio de 1996) hasta el comunicado de ETA en el que reivindicó el atentado o el informe de la Guardia Civil que identificó a "Txapote" y "Amaia" como supuestos autores materiales del atentado.

La instructora ha tenido también en cuenta las declaraciones de dos etarras arrepentidos, que en calidad de testigos protegidos aseguraron que en las fechas en que se produjo el asesinato de Arratibel la dirección de ETA marcaba asesinatos "selectivos"” tanto "del mundo político como empresarial".

En ese periodo, Miguel Albisu dirigía el "aparato político" de la organización terrorista, mientras que al frente del "aparato militar" se encontraban "Kantauri" y Gracia Arregui, con Soledad Iparraguirre dirigiendo los "comandos legales", que era "quien transmitía directamente al comando las órdenes de la dirección".

Para Tardón, existen indicios suficientes para afirmar que los cuatro exjefes de ETA procesados "siguiendo el modus operandi" de la organización terrorista "habrían participado de forma

colegiada en la toma de la decisión de asesinar" a Arratibel, "una vez que las explicaciones dadas por éste sobre el paradero" de 60 millones de pesetas procedentes del secuestro de Revilla "no convencieron a los máximos dirigentes de la organización". Esa decisión "habría sido trasladada" a los integrantes del "comando Donosti" encargado de llevar a cabo la acción terrorista, integrado por García Gaztelu, Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta.