La Policía libera a 32 víctimas de trata y desarticula una organización criminal

Han sido detenidas 26 personas que solo en el último año habrían captado a más de 600 mujeres a las que explotaban en Madrid, Málaga y Toledo

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 32 víctimas de trata y han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Madrid, Málaga y Toledo. Un total de 26 personas han sido detenidas, 9 en Madrid, 5 en Málaga y 12 en Toledo, entre las que se encuentran los dos cabecillas de la organización, los cuales han ingresado en prisión provisional, según informa Servimedia.

Se trata de la primera cooperación de una agencia policial europea con el Centro Especializado contra el Tráfico de migrantes y la Trata de Personas que Ameripol ha establecido en Rio de Janeiro.

La investigación se inició en junio del 2023, cuando una víctima alertó de la existencia de una red criminal, que estaría especializada en la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para posteriormente explotarlas sexualmente en casas localizadas en las provincias de Madrid, Málaga y Toledo.

Durante el operativo se han intervenido numerosos contratos laborales, firmados por las víctimas, lo que ha llevado a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 mujeres habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con las que contaba la red criminal y que actualmente se encuentran clausuradas. Estas tenían que estar disponibles las 24 horas del día y eran sometidas a estrictas normas y a una férrea vigilancia por la red criminal.

El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país de origen. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, los explotadores captaban a las mujeres a través de empresas localizadas en el país de origen o a través de los contactos que establecían las encargadas de las casas. A las víctimas les prometían unas ganancias de 5.000 euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar, contrayendo una deuda de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización.

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana, teniendo que estar arregladas cuando eran requeridas para presentarse ante los clientes en un máximo de cinco minutos. Además, tenían prohibido engordar siendo expulsadas de la casa en caso de no cumplir con los cánones de belleza y exigencias precisadas por los líderes de la organización criminal. En las zonas comunes donde residían las víctimas, se encontraron numerosos carteles con estrictas normas que, en caso de incumplimiento les suponía sanciones económicas de entre 30 y 40 euros.

Las condiciones en las que vivían las víctimas eran de total insalubridad, se encontraban hacinadas en una misma habitación, generalmente en los sótanos de las casas que alquilaba la organización, de pequeñas dimensiones, con las camas separadas por cortinas y con poca ventilación. Estas condiciones contrastaban con la parte de la casa destinada al ejercicio de la prostitución, de la cual se cuidaba todo lujo de detalles.

Las víctimas eran supervisadas constantemente gracias a las múltiples cámaras de videovigilancia que se encontraban distribuidas por todas las estancias, incluso en las habitaciones donde atendían a los clientes, estando algunas de ellas escondidas y fuera de la vista de los asistentes. A lo largo de la investigación los agentes también han podido constatar que las mujeres tenían la obligación de ofrecer a estos diversas sustancias estupefacientes, como cocaína y cristal, así como medicamentos para la disfunción eréctil.

Además, los integrantes de la organización contaban con una red de captación de clientes que hacía que el volumen de negocio creciera rápidamente en poco tiempo.

Durante la operación policial se ha llevado a cabo el registro de once domicilios y el cierre de las cuatro casas en los que se ha intervenido 40.000 euros en efectivo, un arma de fuego real con munición, diversas sustancias estupefacientes (cocaína, marihuana, hachís y tusi), 500 pastillas de tratamiento para la disfunción eréctil, tres vehículos, diversos dispositivos electrónicos y numerosa documentación relevante para la investigación.