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El CGPJ encalla en su tercer intento para elegir a su presidente

El CGPJ encalla en su tercer intento para elegir a su presidente

Los vocales no alcanzan el consenso necesario y aplazan el Pleno sin fecha, aunque el próximo día 19 se volverán a reunir para adoptar acuerdos urgentes e inaplazables

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin ser capaz de designar a su presidente. En su tercer intento de desencallar la elección, ninguno de los siete candidatos ha obtenido los doce votos necesarios (los 3/5 del Pleno) para resultar elegido al frente del Consejo y del Tribunal Supremo. Los vocales "mantendrán abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas", asegura el CGPJ, pero no han fijado una fecha para reanudar el debate, algo que no se producirá "hasta que se alcance ese consenso". No obstante, el próximo día 19 se celebrará un Pleno extraordinario para la adopción de acuerdos urgentes e inaplazables.

En esa sesión extraordinaria abordarán cuestiones que afectan a la carrera judicial como la prórroga de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios. Y es que el Gabinete Técnico ha señalado en un informe que aunque se demore la elección de la presidencia, "el hecho de que el Consejo no haya completado la composición constitucionalmente exigida no puede resultar en perjuicio o menoscabo de los derechos de jueces y magistrados". La ratificación de esos acuerdos, no obstante, deberá llevarse a cabo posteriormente por el CGPJ una vez sea elegida la persona que ocupará su presidencia.

Los vocales del Consejo llegaban a este tercer intento de elegir a su presidente con siete candidatos sobre la mesa, después de que el pasado 31 de julio no se pusieran de acuerdo para apoyar con la mayoría necesaria de 3/5 a uno de los dos aspirantes que habían pasado la primera criba. En esa ocasión, Pilar Teso obtuvo diez votos -el respaldo en bloque del sector progresista- y Pablo Lucas otros tantos, los de los vocales conservadores.

Tras ese fiasco, los siete candidatos elegidos por los propios vocales en la sesión constitutiva del nuevo CGPJ -una renovación que llegó casi con seis años de retraso por la falta de acuerdo entre PSOE y PP- volvían a estar en liza. Cinco mujeres y tres hombres, todos magistrados del Tribunal Supremo. Además de Teso y Lucas, los vocales podían elegir entre Ana María Ferrer y Ángeles Huet (propuestas por el bloque progresista) y Antonio del Moral, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba (respaldados por los vocales conservadores).

Desde que Carlos Lesmes dimitió hace casi dos años -harto de que sus llamadas a la renovación del Consejo para frenar la sangría de vacantes sin cubrir no encontraran eco en los dos principales partidos- por primera vez se instauró una bicefalia en las presidencias del Supremo y del CGPJ. Al frente del primero se situó el magistrado Francisco Marín y en la presidencia del órgano de gobierno de los jueces se situó primero el vocal Rafael Mozo y, tras su jubilación, su compañero Vicente Guilarte.

El próximo 5 de septiembre se celebra en la sede del Tribunal Supremo el solemne acto de la apertura del Año Judicial, presidido por Felipe V, en el que además del fiscal general del Estado interviene el presidente del TS. Tras la dimisión de Lesmes, el pasado año fue el magistrado Francisco Marín en el encargado de pronunciar el discurso.

Más allá de la elección de su presidente, el nuevo Consejo tiene ante sí más de un centenar de nombramientos pendientes de la cúpula judicial -que se han ido acumulando inexorablemente desde que en marzo de 2021 el Consejo en funciones se vio impedido por ley para cubrir las vacantes-, lo que afecta a un tercio de la plantilla del Tribunal Supremo.

Además, los vocales del CGPJ deben consensuar en seis meses la reforma del sistema de elección de sus vocales, para dar mayor protagonismo a la carrera judicial en la elección de los doce vocales procedentes de la magistratura, tal y como lo acordaron PSOE y PP en el acuerdo que desbloqueó la renovación de la institución.

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