Radiografía a los problemas de los médicos de las cárceles: "Somos la mitad"

Hace 20 años las competencias sobre los servicios sanitarios en las cárceles de nuestro país pasaron formalmente a estar en manos de las comunidades autónomas.

Sin embargo, denuncia Acaip-UGT, la mayoría no han asumido estas transferencias. De hecho, solo lo han hecho tres administraciones regionales –Cataluña, País Vasco y Navarra–, las que tienen en su poder al completo las competencias carcelarias, de las 17 totales.

Lo que provoca "un deterioro cada vez mayor" de la sanidad en los centros penitenciarios y se traduce, al mismo tiempo, en que haya un alarmante "déficit" en la atención a cada interno y en la seguridad que tienen los sanitarios a la hora de hacer su trabajo, señala el sindicato.

Para dar cuenta de la dimensión de la falta de medios humanos y materiales que adolecen a las prisiones hay que echar mano de los datos.

En 2014 había un total de 371 médicos en el conjunto de cárceles españolas para dar servicio a una población reclusa que se coloca actualmente en los 55.726 internos.

Pero hay que tener en cuenta, señala, que de estos más de 300 facultativos, 38 son subdirectores médicos que tienen la función de realizar labores asistenciales y guardias. El ratio de médico por interno era de 6,66 médicos por cada mil presos.

Diez años después, la radiografía es bien distinta, con datos de este pasado junio, el ratio es de 3,46 sanitarios por cada mil presos. Hay una menor población reclusa, son 48.763 que cumplen condena tras los muros de una prisión, pero también lo es, más aún, el de médicos a su disposición. Hay en todo el país 169 destinados en cárceles, de los que 21 son subdirectores médicos.

La alarmante conclusión, denuncia, es que la atención médica en los centros penitenciarios se ha reducido a la mitad en los últimos diez años.

Una primera consecuencia lógica de este déficit de atención primaria en las prisiones es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior.

Advierten de los "obvias" problemas de seguridad que ocasiona cada salida de internos al exterior, especialmente de aquellos que buscan servirse de esta circunstancia para intentar la fuga. Como ocurrió en Salamanca en marzo o en Cantabria en junio.

En el interior de los centros coexisten problemas derivados de esta ausencia de médicos que se sitúa en el 67,31 por ciento. Defiende el sindicato la necesidad de que se tenga en cuenta que los facultativos tienen en prisión una importancia vital para el normal funcionamiento dado que la población reclusa sufre elevados problemas de salud, la mayoría derivados de adicciones.

Por lo que, explican desde Acaip-UGT, es prioritaria la atención médica inicial, cuando llegan y al ser personas "poco apegadas al sistema", que no puede realizarse por sistemas como la telemedicina, sino que requieren de una atención personalizada y presencial teniendo en cuenta del 30 por ciento de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje tiene serias patologías diversas como hepatitis, VIH y diabetes.

Por tanto, exponen, no se trata solo de la atención médica al recluso, sino que los médicos intervienen en muchos aspectos regimentales y de tratamiento de las personas privadas de libertad.

Tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como el reglamento Penitenciario, explican, rechaza expresamente actuaciones médicas que tengan que ver observación a distancia de la telemedicina o con la dilatación de la atención que debe tener el interno.

Recuerda, de la misma forma, que la legislación penitenciaria establece que "la sanción de aislamiento se cumplirá con informe del médico", y el reglamento se explícita la necesidad del preso de ser examinado por el médico a la mayor brevedad posible.

Ante estas circunstancias, se encuentran con que algunas sanciones, muchas de ellas derivadas de agresiones a trabajadores, quedan sin cumplirse por la falta de facultativos.

La ausencia de médicos, apunta , impide también la detección precoz de enfermedades mentales que muchas veces se manifiestan tras la agresión a un trabajador o a otro interno.

Una carencia de servicios sanitarios también provoca alteración del orden regimental porque muchos presos no ven atendidas sus necesidades las agresiones a trabajadores penitenciarios por cada 1000 internos han aumentado en un 53,49 por ciento y las agresiones entre presos por cada 1000 se han incrementado en un 26,27 por ciento.