Moncloa "copia" a la defensa de Begoña Gómez para reescribir el fallo de la Audiencia Provincial
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid rechazando archivar la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, como reclamaban la Fiscalía y la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, ha supuesto un importante varapalo para las aspiraciones del Gobierno, que lleva meses defendiendo desde la mesa del Consejo de Ministros que "no hay causa" y acusando al instructor de "llevar seis meses pedaleando en la nada".
No obstante, el tribunal ofrece una pírrica victoria a estas partes, estimando parcialmente los recursos de la Fiscalía y la defensa de Gómez, acotando la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, a quien insta de nuevo -ya lo hizo en mayo- a dejar al margen la supuesta vinculación de la investigada con el rescate de Globalia "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio". Pese a dejar viva la causa, permitir que la investigación continúe y limitarse a reiterar los extremos que no se deben sobrepasar, en Moncloa hacen una lectura benévola de la decisión y la reescriben, calificándola de una "sonora enmienda" al instructor.
Lo que es una estimación parcial de los recursos -en lo relativo a dejar fuera el rescate de Globalia- se califica por parte del Gobierno como una "estimación sustancial" y la portavoz, Pilar Alegría, de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros, ha puesto en boca de la Audiencia Provincial apreciaciones no solo que no ha hecho, sino contrarias al sentido de su resolución. Alegría que ha utilizado, punto por punto, los mismos argumentos que ayer señaló en su reacción el abogado de la esposa del presidente, ha asegurado que la Sala ha calificado de "prospectiva" la investigación -por "genérica e imprecisa"-, cuando lo que hace es justamente lo opuesto, pues echa por tierra la principal denuncia de la defensa de Begoña Gómez.
"Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas -matiza-, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación", asegura la Audiencia Provincial de Madrid en su escrito.
Otro punto en el que difieren la interpretación de la Sala y de la Moncloa es en que se "validan" los informes de la UCO, según señalan fuentes gubernamentales. En este punto, la Audiencia rebate el argumento "no del todo cierto" de que la UCO no encontró irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa de Barrabés, pues según recalca "nada tiene que ver" que esos procedimientos respondieran a la "dinámica habitual" con el hecho de que en 2021 y 2022 se le hubieran adjudicado a esa sociedad, Innova Next, "once contratos públicos con distintas administraciones" por 21 millones de euros. La "perfecta adjudicación" de las licitaciones, hace hincapié, "no impediría la comisión previa del delito de tráfico de influencias", en la medida en que en esas adjudicaciones la Sala ve "datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación".
Pese a estas contradicciones, en Moncloa consideran que "la conclusión" es que "parece claro que se aproxima el archivo de esta causa". Una apreciación y unos argumentos, los esgrimidos, que son idénticos a los que expuso ayer la defensa de la propia Gómez. Antonio Camacho aseguró este lunes que la orden dada por la Audiencia de Madrid al juez Juan Carlos Peinado constituye un "paso importante" para el cierre definitivo de la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno.
En declaraciones a EFE, Camacho expresó su satisfacción por la decisión de acotar la investigación y entendió, como ha manifestado hoy Moncloa, que se estiman "sustancialmente" los recursos interpuestos por su parte y por el Ministerio Fiscal y se delimita una investigación que se había convertido en "excesivamente imprecisa y genérica". "Reconoce lo que llevamos diciendo durante estos últimos meses: que los términos en los que se había fijado el objeto de la investigación por parte del juzgado instructor no eran aceptables" y que era una investigación "prospectiva". De nuevo, los mismos términos, que ha utilizado hoy la portavoz del Gobierno desde la mesa del Consejo de Ministros.